Valentina*, docente y expareja del rector de la Universidad lo denunció por presunta violencia laboral basada en género. La denunciante compartió su testimonio con Volcánicas.

El pasado 8 de mayo, las instalaciones de la Universidad del Tolima, en el municipio de Ibagué, Colombia, amanecieron con pintas de la comunidad estudiantil exigiendo la renuncia del rector Omar Mejía Patiño.  Ese mismo día, a través de un comunicado, estudiantes, docentes, trabajadoras y directivas reunidas en la Asamblea de Mujeres de la Universidad destacaron que desde 2022, la institución “ha recibido una oleada de denuncias sin precedentes” por violencias basadas en género (VBG) por lo que también demandó la aprobación inmediata del Reglamento Disciplinario para casos de VBG y que este sea trabajado con estudiantes, feminismos y diversidades. 

Paralela a las acciones estudiantiles, Valentina*, docente y expareja de Mejía, denunció al rector por presunta violencia laboral basada en género. Dos días antes, el 6 de mayo, la Universidad del Tolima aseguró que la Unidad de Género ha brindado acompañamiento psicosocial y que, con ello, reitera “su compromiso con la prevención y erradicación de todas las formas de violencia”. No obstante, la investigación del caso quedó en manos de la Procuraduría Regional.

En entrevista con Volcánicas, Valentina da más detalles de la denuncia y el entorpecido proceso al que se ha enfrentado por más de dos meses. “Se produjo un movimiento espontáneo que se solidariza no solo conmigo por la ausencia de garantías institucionales, sino además con otros casos que no habían sido atendidos de estudiantes, funcionarias y trabajadoras”, introduce. 

Mediante un comunicado a la comunidad universitaria, el 13 de mayo Omar Mejía Patiño se apartó temporalmente del cargo, asegurando que “siempre ha obrado con rectitud y transparencia” y que desconoce los señalamientos hacia su persona.

Para entender el caso

Valentina es abogada especializada en temas de género, específicamente en los referentes a la autonomía reproductiva. Desde hace 16 años es docente de planta de la Universidad del Tolima y dirigió el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la institución, espacio al que personas de bajos recursos se acercan para acceder a asesoría y representación legal. 

Valentina conoció a Omar Mejía Patiño cuando él era su profesor. Ella tenía 19 años y él 34. Se casaron cuando ella cumplió los 22 años y tuvieron dos hijos (actualmente menores de edad). Valentina y Omar también trabajaban juntxs en la Universidad del Tolima. “Fuimos muy buenos compañeros”, dice Valentina y añade que, “por temas personales y económicos”, se separaron en 2021. 

Si bien la docente afirma que “el divorcio fue por mutuo acuerdo, muy civilizado” y sin inconvenientes en la custodia de los hijos — “los niños se quedaron conmigo. Logramos establecer un régimen de visitas muy tranquilo en el que él los ve cada 15 días”, precisa—, la situación en el entorno laboral cambió. 

En 2021, Colombia registró múltiples y multitudinarias protestas contra el gobierno del expresidente de Iván Duque (Paro Nacional). La respuesta represiva de las autoridades causó severa preocupación en organizaciones locales e internacionales. El Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la Universidad del Tolima brindó ayuda a jóvenes que fueron detenidos durante las manifestaciones. En más de una ocasión, la labor del Centro fue reconocida por la institución educativa, pero sin tomar en cuenta la dirección a cargo de Valentina. “Empecé a notar que el trabajo que yo hacía era invisible”, recuerda. 

Un par de meses más tarde, en octubre de 2021, Valentina pidió un año sabático, pero no recibió respuesta; luego para costear sus estudios de doctorado en una universidad mexicana, la abogada solicitó una comisión de estudios, “un derecho que tenemos como profesores”, resalta. No obstante, sus peticiones fueron atendidas a destiempo, y denegadas por silencio. Sobre este periodo Valentina expresa que “todo el proceso fue muy informal”.

Por esas mismas fechas el Consejo Superior Universitario acordó asignar incentivos económicos (bonificaciones) a docentes de planta de la institución, medida de la que fue excluido el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico. La situación empeoró y en noviembre de 2024 Valentina renunció como directora de este espacio y a mediados de enero de 2025 se enteró de que lxs cuatro profesorxs que eran parte de su equipo se quedaron sin trabajo y la directora de programa. “Esto, sin lugar a dudas, tenía móviles personales, asociados a que la dirección, a la cabeza del señor Rector, ese mismo que había sido mi esposo en el pasado y de quien fui la mejor coequipera en su rumbo a la rectoría, había señalado en su círculo más cercano, que debía darme una lección”, afirma Valentina en la denuncia escrita entregada a la Unidad de Género de la Universidad del Tolima y también compartida con Volcánicas. 

A estos episodios se sumaron el esparcimiento de rumores respecto a su persona y tratos hostiles en su contra. En entrevista, la abogada relata: “[Después del divorcio] prontamente noté que todo el mundo tomó partido hacia él, que era mi jefe y rector de la universidad […] Esto te quita autoestima. Es muy doloroso.  Ahora después de tantos años, si tú llegas a tu trabajo, a un sitio que amas, y te dicen: ‘es que ya no te podemos ayudar, ni tomarnos una foto contigo porque, probablemente, si estamos cerca de ti también nos van a sacar”. 

Violencia en redes sociales y respuestas institucionales deficientes: lo que vino después de la denuncia

Tras los hechos anteriormente descritos, el 19 de febrero de 2025 Valentina se acercó a la Unidad de Género de la Universidad del Tolima para presentar una denuncia formal contra Omar Mejía Patiño por violencia laboral basada en género. A los ocho días de presentar este recurso, una consejera del Consejo Superior de la universidad , —quien “se ha proclamado   una abanderada de los temas feministas y de mujeres”, resalta Valentina— la citó en su oficina para “tratar un tema personal”. En la reunión le dijo que “no quería que la institución entrara en crisis”. 

Luego, la Unidad de Género contactó a Valentina para que ampliara su testimonio en una reunión de Zoom en la que estuvieron una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. En la videollamada las expertas de la Unidad de Género le dijeron a Valentina que no solamente se trataba de un caso de violencia laboral: “Ellas mismas me dijeron que había otro tipo de violencias, como la económica y la psicológica”. 

Además de puntualizar ciertos detalles de la denuncia, en esa reunión de Zoom Valentina expresó preocupación por su seguridad digital. Sentía extrañeza por algunos correos que desaparecieron de su cuenta institucional y por esos días también se enteró de que perfiles de Facebook — “falsos”, sostiene— la estaban atacando, desestimando su denuncia —sin que esta haya sido pública— y haciendo comentarios sexistas sobre la relación con su exmarido:

“Estaba sufriendo hostigamientos […] En los comentarios me dijeron, psicópata, depravada y abusadora. Me dijeron que era una señora ardida y que me había aliado con políticos y abogados corruptos en una campaña de desprestigio contra el rector. Decían que era una venganza mía contra él”, detalla Valentina a Volcánicas sobre la violencia digital frente a la que la Unidad de Género no se pronunció.

Hasta el momento, solo el medio La Otra Verdad ha reportado el uso indebido de su identidad visual para crear y difundir información falsa para desacreditar a Valentina. La Otra Verdad hizo un llamado “a las autoridades y organismos de protección de libertad de prensa para que se investigue el caso y se sancione a los responsables”. 

A casi tres meses de haber interpuesto la denuncia, Valentina no ha tenido avances administrativos y únicamente ha recibido dos sesiones de acompañamiento psicológico. El 28 de abril la Unidad de Género remitió su caso a la Procuraduría Regional bajo el argumento de que “como el rector ostentaba la máxima representación de la Universidad se percibía un conflicto de interés, máxime cuando él había sido el creador de la Unidad de Género”. 

Valentina sabe que el proceso no será fácil. Pero le dará continuidad. Afirma que la Universidad del Tolima, una de las pocas opciones educativas públicas en Colombia, debe realizar investigaciones administrativas y responder con medidas de protección interna. Tras la negativa de la Unidad de Género, que tendría que funcionar como una instancia independiente, considera acercarse a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación o la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República. “Decidí alzar la voz no solo por mí, sino por todas las mujeres que atraviesan situaciones similares, muchas veces silenciadas por el miedo, la dependencia económica o la estigmatización. Esta denuncia busca justicia, reparación y promover la conciencia social”, asegura. 

FUENTE: VOLCÁNICAS