Hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948. Este día marca también el cierre de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que comenzaron el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto, el Instituto Igarapé lideró una campaña para visibilizar las múltiples formas de violencia que afectan a mujeres y niñas, incluyendo tanto las letales, como homicidios y feminicidios, como las no letales, como las físicas, psicológicas, sexuales y económicas. Las violencias no letales son invisibilizadas y consideradas menos graves que las violencias letales, aunque tienen un impacto profundo en la calidad de vida de las mujeres y son clave para entender las dinámicas que perpetúan los desenlaces letales de la violencia.

Muchas de estas violencias no letales ocurren en el espacio doméstico, lo que dificulta su reconocimiento y abordaje. Sin embargo, es igualmente necesario comprender las dinámicas de las violencias en espacios públicos, donde el crimen organizado y otras formas de violencia estructural también afectan a mujeres y niñas. Con el interés de entender mejor estos patrones y generar políticas públicas más focalizadas y efectivas, el Instituto Igarapé, con apoyo de Uber, ha compilado y analizado desde 2019 datos oficiales en Colombia, México y Brasil. Los resultados están disponibles en la plataforma EVA (Evidencias sobre violencias y alternativas para mujeres y niñas).

En Colombia, el análisis del Instituto Igarapé, basado en datos de la Policía Nacional, muestra que las tasas de homicidios de mujeres disminuyeron un 12% entre 2022 y 2023, pasando de 877 a 783 casos (tasa por 100 mil mujeres de 3,3 a 2,9). Estos homicidios se concentran en mujeres jóvenes y adultas (el 75% tienen entre 15 y 44 años), y el 71% son cometidos con armas de fuego. Las tasas de feminicidios aumentaron en 11%, de 167 a 188 casos (tasa de 0,6 a 0,7), la mayoría cometidas con objetos cortantes (54%) y contundentes (29%), lo que evidencia que estas muertes son el resultado de actos de violencia física directa, reflejando la brutalidad y cercanía de los agresores en este tipo de crímenes. Por otro lado, las violencias no letales, como la física y psicológica, están en constante aumento, lo que evidencia la urgencia de políticas públicas que las aborden, ya que si no son tratadas, pueden derivar en consecuencias fatales para las mujeres.

La violencia no letal en Colombia ha mostrado un aumento preocupante según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), analizados por el Instituto Igarapé. Entre 2022 y 2023, las tasas de violencias no letales se incrementaron en un 11%, pasando de cerca de 100 mil a más de 112,4 mil, lo que equivale a un promedio de 308 víctimas al día. Las tasas de violencia física aumentaron un 9%, de cerca de 55,3 mil en 2022 a 60,7 mil casos en 2023, con un 66% de estos cometidos con armas cortopunzantes y concentrados en mujeres jóvenes (43% tienen entre 15 y 29 años). Las tasas más altas se registran en departamentos como Vaupés, Amazonas y Quindío. La violencia psicológica creció aún más, con un alarmante incremento del 22% en sus tasas, pasando de 12,5 mil a 15,5 mil casos, con altas tasas en Quindío, Cundinamarca y Antioquia. Por su parte, las tasas de violencia sexual aumentaron un 11%, de 32,2 mil a 36,1 mil, siendo especialmente preocupante que más del 65% de las víctimas sean niñas y adolescentes menores de 14 años, una cifra alarmante que subraya la necesidad de intervenciones urgentes para proteger a las más vulnerables.

Según un estudio del Instituto Igarapé que analizó 99 políticas e intervenciones globales, no existe una única intervención capaz de resolver completamente el problema de la violencia contra las mujeres sino que se requiere una combinación de diferentes tipos de iniciativas a lo largo de un período prolongado. Entre las estrategias más efectivas para reducir la violencia contra las mujeres se encuentran la promoción de su autonomía financiera, el cambio en las normas sociales de género y la implementación de programas orientados a mitigar factores de riesgo como el acceso limitado a recursos económicos y educativos. Las políticas públicas deben concentrarse en iniciativas que ofrezcan acceso igualitario al empleo, la capacitación profesional y el emprendimiento, así como en incentivos a la equidad salarial y apoyos financieros dirigidos especialmente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica. Estas medidas no solo mejoran la calidad de vida de las mujeres, sino que también disminuyen su exposición a contextos violentos.

Además, es crucial invertir en programas educativos que desafíen estereotipos de género perjudiciales y promuevan relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Esto puede lograrse mediante currículos escolares inclusivos, campañas de concientización sobre la importancia de la igualdad de género y programas de sensibilización sobre violencia intrafamiliar. Prevenir la violencia exige también fortalecer las redes de protección con centros de atención especializados, servicios psicológicos y jurídicos, refugios seguros, y medidas de seguridad como órdenes de restricción. Asimismo, capacitar a los profesionales que manejan estos casos garantiza una atención sensible y eficaz a las víctimas, promoviendo entornos más seguros e inclusivos tanto en los hogares como en las comunidades.

En conclusión, comprender las violencias menos visibles, como la psicológica y económica, y su relación con las  violencias más visibles como las sexuales, y las letales (homicidios y feminicidios), es clave para un abordaje integral. Las políticas públicas deben enfocarse en prevenir los desencadenamientos más atroces de estas dinámicas. De manera central, se debe garantizar la protección de las niñas, quienes representan una proporción alarmante de las víctimas de violencia sexual en Colombia. Al abordar estas problemáticas desde la raíz, se pueden generar cambios estructurales que protejan los derechos de mujeres y niñas en Colombia, asegurando un futuro más justo, seguro y libre de violencia.

FUENTE: https://www.lasillavacia.com/