El informe “Camino hacia la restauración” propone medidas concretas para abordar las violencias basadas en género y sexuales con enfoque étnico en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño).

El Observatorio de Justicia Transicional de Colombia, en colaboración con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, presentó el informe “Camino hacia la restauración: Recomendaciones de política pública para proyectos restaurativos asociados a violencias basadas en género y violencias sexuales en mujeres y población LGBTIQ+ de los pueblos étnicos de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño)”. Este documento plantea una serie de medidas para reparar los daños ocasionados por violencias basadas en género y violencia…

El informe subraya que todas las recomendaciones están fundamentadas en las voces de las víctimas, líderes y lideresas sociales, organizaciones de la sociedad civil, y expertos en el tema, quienes compartieron sus necesidades y expectativas con respecto a la justicia propia de sus pueblos y la justicia transicional restaurativa establecida en el marco del Acuerdo Final de Paz.

Según Diana Carolina Flórez Bayona, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, “Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el Ministerio de Justicia y otras entidades del Estado tenemos la responsabilidad de apoyar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la creación de proyectos restaurativos que contribuyan a reparar efectivamente los daños que violencias tan específicas, como las violencias basadas en género y las violencias sexuales, han causado en las mujeres y personas LGBTIQ+ de los pueblos étnicos. Y no solo en ellas, también en los territorios. En este estudio nos concentramos en tres municipios de Nariño que enfrentan una grave situación de derechos humanos a causa del conflicto”.

Principales recomendaciones

El estudio “Camino hacia la restauración” incluye una serie de recomendaciones clave para el diseño, implementación y evaluación de proyectos restaurativos, dirigidas a entidades del Gobierno nacional, las autoridades propias de los pueblos étnicos, y la JEP. Estas son algunas de las propuestas más destacadas:

• Gobierno Nacional y JEP: Centralizar las necesidades de las víctimas con pertenencia étnica y la oferta institucional para el cumplimiento de las sanciones restaurativas. Además, se insta a que las entidades no presentes en la instancia de articulación Gobierno-JEP sean incluidas para reforzar la implementación de los proyectos.
• Ministerio de la Igualdad y la Equidad: Desarrollar herramientas para asegurar que los proyectos restaurativos apunten a la eliminación de las causas estructurales que generan violencias contra las mujeres y personas LGBTIQ+ de las comunidades étnicas, y a la eliminación de las barreras económicas, sociales y políticas que enfrentan, contribuyendo así a la discriminación.
• Ministerio de Salud y Protección Social: Guiar técnicamente el desarrollo de proyectos restaurativos y fortalecer la Política Nacional de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). Se recomienda además incluir a Barbacoas y Ricaurte entre los municipios priorizados para recibir atención dentro de esta política.

Flórez concluyó que el estudio ofrece un amplio abanico de posibilidades para que las entidades del Estado, responsables de apoyar a la JEP, implementen alternativas concretas que aseguren que las víctimas se sientan reparadas y los comparecientes puedan restaurar el daño causado: “Las entidades del Estado que tenemos la responsabilidad de apoyar a la JEP con alternativas para que las víctimas se sientan reparadas y los comparecientes puedan restaurar el daño causado, encontraremos en este estudio un gran abanico de posibilidades que han surgido tras un análisis juicioso, con un enfoque étnico y antirracista, de los daños y afectaciones a las víctimas, así como de la investigación académica, las normas nacionales e internacionales y el análisis jurídico ya realizado por la JEP en el macrocaso 02 que actualmente investiga las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esta región”.

Consulta el informe completo en →→→ Camino hacia la restauración.
FUENTE: EL ESPECTADOR