La audiencia pública que se desarrolló en el Congreso de la República sigue generando reacciones tras escuchar los testimonios de las organizaciones que apoyan el Proyecto de Ley que busca actualizar la normativa existente.

Entre 2020 y 2023, la Procuraduría General de la Nación reportó 709 casos de trata de personas. Este dato refleja un aumento del 400 por ciento en los casos de menores de 12 a 17 años, registrado entre 2022 y 2023. Ante esta crisis, la senadora Sonia Bernal convocó el pasado miércoles 27 de noviembre a la Audiencia Pública “Nuevas Modalidades del Delito de Trata de Personas y Retos Institucionales”.

El encuentro estuvo centrado en el Proyecto de Ley 061, radicado el 31 de julio de 2024, que busca modernizar la normativa existente Antitrata, adaptándola a las nuevas modalidades digitales del delito y alineándose con los estándares internacionales.

Las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza (Bogotá) y Alexandra Vásquez (Cundinamarca), co autoras del Proyecto de Ley 061, así como el senador Carlos Fernando Motoa, ponente de la propuesta de modernización de esta normativa y la autora de la ley, Sonia Bernal, insisten en la urgencia de tener una norma que se adapte a los estándares internacionales.

En la audiencia participaron más de 150 personas, entre víctimas y sobrevivientes de la explotación, así como de organizaciones sociales, representantes de entes territoriales y expertos en derechos humanos.

“En Cartagena, entre 2021 y 2023 aumentó 2.000 por ciento la judicialización del delito de trata y delitos conexos. Pasamos de identificar 1 caso cada 4 meses, a identificar un caso cada 5 días y eso, con la ley vigente”, afirmó la ex secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González Forero. Ese fue su llamado al Gobierno porque, según ella, si bien el presidente Gustavo Petro expresa una “preocupación por el rescate de niños y mujeres colombianas explotadas a nivel internacional, por otro lado están los funcionarios del Gobierno que tienen una serie de ambigüedades”. 

Por su parte, Claudia Quintero, reconocida activista y directora de la Fundación Empodérame, que lucha por los derechos de las víctimas de explotación sexual y es, además, sobreviviente de esta misma forma de violencia, señaló que la Ley 985 de la lucha contra la trata de personas cumple 25 años, pero “muere virgen porque ni siquiera fue reglamentada. El concepto de trata no se limita al secuestro, implica la captación, traslado y acogida de las víctimas”.

Claudia Quintero también señaló que las víctimas siguen sin reconocerse como tales. Subrayó que el consentimiento no tiene relevancia dentro de la judicialización de la trata de personas, ya que, como lo establece la Constitución, nadie puede elegir su propia esclavitud.

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La desigualdad socioeconómica como uno de los mayores problemas estructurales

Una investigación de Mónica Hurtado, docente e investigadora con enfoque de género de la Universidad de La Sabana revela que el 70 por ciento de las víctimas de trata saben a qué actividad se van a dedicar, pero no son conscientes de las condiciones en las que van a trabajar. Es así como, según el proyecto Fintrata, liderado por Cristian Filip Manzur, coordinador de la iniciativa No Más Trata en ASFC Colombia, la desigualdad socioeconómica es una de las causas estructurales más profundas que alimentan la trata de personas.

Esta desigualdad crea un caldo de cultivo donde el desconocimiento de los derechos, la desigualdad de género y los contextos de violencia contribuyen a este fenómeno. Un claro ejemplo de esta realidad es el testimonio de una sobreviviente de Risaralda quien, a pesar de conocer las advertencias sobre los riesgos de la trata, se vio forzada a involucrarse en el negocio debido a que sus alternativas eran caer en el tráfico de estupefacientes o ser explotada sexualmente.

En Colombia, de acuerdo a cifras del Ministerio de Interior, entre los años 2008 y 2022, el 45 por ciento de las víctimas de explotación sexual pertenecen al estrato 1, el 34 por ciento al estrato 2, el 17 por ciento al estrato 3, el 2 por ciento al estrato 4 y el 1 por ciento al estrato 5 y 6. Lo anterior, reflejado también en cifras de educación de las víctimas en el mismo periodo ya que el 63 por ciento de ellas cuenta con educación secundaria, el 11 por ciento con educación técnica y el 8 por ciento con educación universitaria.

Las nuevas modalidades del delito de trata de personas están en internet

Las cifras conllevan a entender las dinámicas de reclutamiento y, en cierta forma, el motivo de la alarmante cantidad de mujeres, niños y adolescentes que caen en el mundo de la explotación. Según la doctora María Teresa Paredes Hernández, líder mexicana en la lucha contra este delito, existen cinco principales métodos de captación. Estos incluyen ofertas de empleo fraudulentas, falsas relaciones románticas, chantaje o extorsión, contactos establecidos a través de redes sociales y el reclutamiento forzoso.

Es necesario intervenir en las estrategias de marketing utilizadas por algunos influencers colombianos a través de redes sociales. Cada palabra y cada publicación cuenta. 

A pesar de la existencia de leyes como la 679 de 2001, por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, su actualización y aplicación efectiva aún presentan fallas. El aumento de páginas bloqueadas por MinTic es una muestra del alcance del problema, pues mientras hace 8 años se bloqueaban 5.000 páginas, hoy la cifra ha ascendido a más de 30.000.

En el marco del diálogo sobre este Proyecto de Ley, que tendrá su primer debate en la Comisión Primera del Senado, se destacó la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención de riesgos digitales. Esto se fundamenta en la creciente brecha entre adultos y niños respecto a cómo consumen y se apropian del internet. Los algoritmos, altamente precisos, facilitan el acceso a contenidos que representan un riesgo significativo para los menores de edad, lo que exige un papel más activo de las escuelas, en concordancia con los principios constitucionales de protección integral de la niñez en Colombia.

FUENTE: EL TIEMPO