diciembre 23, 2022
El exparamilitar condenado por violar a niñas que pide cupo en la “paz total”
Mediante un comunicado, el excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de los paramilitares, Hernán Giraldo Serna, manifestó su deseo de ser gestor de paz y de hacer parte de la búsqueda de la “paz total” del gobierno, a pesar de su conocido prontuario de violencia sexual en la Sierra Nevada de Santa Marta. Organizaciones de víctimas rechazan categóricamente su posición y no creen verdadera su disposición con la paz.
El excomandante paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, quien es señalado como uno de los más grandes criminales sexuales dentro de las filas de las autodefensas, manifestó a través de un comunicado su supuesto compromiso con la “paz total” que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro. El exparamilitar, quien se encuentra investigado por múltiples crímenes sexuales contra menores de edad y que fue extraditado a Estados Unidos y hoy se encuentra en una cárcel en Colombia, aseguró que está convencido del proyecto del ejecutivo y que espera apoyar para encontrar la paz.
“Si es cierto que postulé mi nombre para apoyar un proceso de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta y no lo hago por intereses económicos, políticos o jurídicos. Desde el 2006 estoy privado de la libertad y estuve privado de la libertad en una cárcel en EE. UU. He puesto la cara y estoy respondiendo por mis errores. He esclarecido y dicho la verdad en el marco de la ley de Justicia y Paz y actualmente me estoy defendiendo de otros procesos en mi contra”, aseguró el excomandante en una carta dirigida a la opinión pública.
El pronunciamiento del conocido como el Depredador de la Sierra llega después de la propuesta de paz que presentaron las Autodefensas de la Sierra Nevada, quienes nacieron tras la desmovilización del bloque paramilitar comandado por Hernán Giraldo en febrero de 2006. El excomandante fue postulado a ser gestor de paz después de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de Itagüí (Antioquia), mientras avanzan las investigaciones en su contra por haber abusado de menores de edad mientras estaba en prisión.
Hernán Giraldo es señalado de haber abusado sexualmente a más de 200 menores de la Sierra Nevada durante su paso por grupos paramilitares. La Fiscalía ha dicho en varias audiencias que el excomandante paramilitar accedía sexualmente a menores de 14 años, en medio de las súplicas de sus padres. Además, estos hechos de violencia sexual fueron replicados por sus subalternos, constituyendo un mecanismo de violencia armada basada en género que se impuso durante años en la Sierra Nevada de Santa Marta y territorios cercanos. Por esto, fue condenado por un tribunal de Justicia y Paz en el 2018.
Sobre el anuncio del excomandante del Bloque Resistencia Tayrona, se pronunció la defensora de derechos humanos, Norma Vera, quien ha liderado investigaciones y procesos de reparación y no repetición con cientos de víctimas de Giraldo. “No le creo lo que dice. Él no es ningún líder, nunca se desmovilizó. Es absurdo que diga que no tiene relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuando ellas mismas, en una carta al Comisionado de Paz, lo proponen como gestor de paz en su nombre” afirmó la investigadora en diálogo con W radio.
En contraste, Giraldo ha manifestado que ni él ni su familia hacen parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. “El grupo armado las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra tiene su propia línea de mando y ni yo, ni ningún miembro de mi familia hacen parte de esa cúpula. Lo que no quiere decir que personas que en algún momento trabajaron para mí no estén involucrados en esa organización. Las responsabilidades son individuales”, aseguró el exjefe paramilitar. Sin embargo, desde la Sierra, los paramilitares que lo postularon como gestor de paz aseguran que, para las comunidades de la zona, Giraldo es un “líder natural”.
“Soy una persona que ha ejercido un liderazgo (mal o bien) durante más 40 años en, la Sierra Nevada. Esto hace que tenga interlocución con las comunidades y mi motivación es aportar, junto a mi familia y de la mano del Estado, a pacificar la Sierra. Puedo sentarme y ayudar a resolver lo que se hizo mal y potencializar lo que se hizo bien” finalizó el excomandante paramilitar en su carta que envió desde su centro de reclusión.
Tras su llegada a Colombia en 2021, el exjefe paramilitar fue acusado formalmente por la Fiscalía de ser el presunto responsable de abusar de por lo menos cuatro menores de edad mientras se encontraba recluido. El ente investigador lo señaló de ser responsable de los delitos de acceso carnal violento, trata de personas, aborto y tortura en persona protegida, delitos que declaró como de lesa humanidad. Los hechos por los que se investiga habrían ocurrido entre febrero de 2006 y mayo de 2008. Para la Fiscalía, no hay duda de que las denuncias por estos vejámenes sexuales ocurrieron luego de su desmovilización y acogimiento al tribunal de Justicia y Paz.
Por eso mismo, para Norma Vera, la disposición actual del Depredador de la Sierra de contribuir a la construcción de paz y verdad no es verdadera. “Vamos a solicitarle al Gobierno que no sea tenido en cuenta como interlocutor. Es imposible que sea siquiera considerado como gestor de paz cuando, desde la cárcel, ya ha violado a cuatro menores de edad, además de ser el responsable de desplazamientos y crímenes de lesa humanidad. (Giraldo) no es líder social, es un paramilitar condenado”, concluyó la investigadora.
En la misma vía que Giraldo, exparamilitares de la cárcel de Cómbita (Boyacá), por mencionar un ejemplo, también mostraron su disposición a participar en el proceso de “paz total” del gobierno. A pesar de esto, como en el caso de Hernán Giraldo, las víctimas se oponen a que este tipo de exjefes paramilitares hagan parte del proceso con el gobierno Petro sin antes haber cumplido con sus compromisos con la justicia y, mucho menos, sin haber entregado una verdad detallada sobre su participación en el conflicto armado.
FUENTE: EL ESPECTADOR