En agosto se cumplirán dos décadas del asesinato de 15 campesinos en San Juan Nepomuceno (Bolívar). Dejusticia ha acompañado su proceso y desde allí cuentan los avances que han tenido estos casos, que marcaron parte de la crueldad más fuerte con la que el conflicto azotó a los Montes de María.

Danilson Cantillo, José Manuel Tapia y Eberto Meléndez fueron las tres primeras personas cuyos cuerpos fueron levantados y entregados a sus familiares por el Ejército en la madrugada del 1 de septiembre de 2002, en zona rural de San Juan Nepomuceno (Bolívar), el municipio más al norte de los Montes de María.

Entre el 30 y 31 de agosto de 2002, estos campesinos y 12 compañeros más fueron asesinados en las fincas El Tapón y Los Guáimaros, allí mismo en San Juan. Tras esta masacre en la que no dejaron de sonar fusiles durante dos días, los sobrevivientes (entre los cuales se encontraban sus familiares y vecinos en los corregimientos de San José del Peñón y Corralito) se vieron obligados a salir desplazados de sus hogares y dejados a merced por parte del Estado colombiano. Un olvido tan notorio que se ha mantenido en el tiempo, a tal punto que dos décadas después a se desconoce la plena identidad de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.

Apenas habían pasado dos años desde que en el Carmen de Bolívar, ubicado en la misma subregión, se perpetraron las masacres de El Salado (febrero del 2000) y Macayepo (octubre del 2000). Por si el dolor de estas matanzas no hubiera sido suficiente, desde los Montes de María vieron en las fincas de Los Guáimaros y El Tapón más sangre derramada de su gente, en paralelo “con una justicia inactiva y una comunidad labriega destrozada”, como lamentó ante el trabajo de campo de Dejusticia, en 2017, Yurledys Tapia, hija de José Manuel Tapia, uno de los primeros campesinos en ser asesinado en Los Guáimaros.

El único consuelo que quedó para estas familias fue la pronta recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. El 5 de septiembre de 2002, como documentó Dejusticia en su libro “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible”, fueron entregados los cadáveres de Sergio Herrera, Eugenio Mercado, Francisco Contreras, Joaquín Ortega y Manuel Yepes, que fueron los últimos en llegar para completar los 15 campesinos asesinados a quienes se les dio sepultura.

“Todos llegaron colgando de las aeronaves en bolsas negras y en un alto grado de descomposición, por lo que el pueblo completo se impregnó de ese olor a muerte”, recordó Irina Junieles, ex investigadora de Dejusticia.

Tuvieron que pasar 14 años para que las víctimas de Los Guáimaros y El Tapón tuvieran reconocimiento público por los daños sufridos. Tanto tiempo a la deriva, sin procesos judiciales concretos ni respuestas de otras autoridades para esclarecer lo sucedido dolieron casi igual que la muerte de los suyos.

Otros sufrimientos siguen reprimidos y silenciados. La situación de seguridad actual en San Juan Nepomuceno ha hecho que muchos de los familiares de las víctimas mortales, que conformaron la Asociación de Luchadores por la Verdad en Los Guáimaros, no quieran hablar tendidamente ante los medios de comunicación por temor a represalias. “Aun después de 20 años sufrimos los mismos problemas que nos arrebataron a nuestros familiares”, dijo un miembro del colectivo que pidió reserva de identidad.

FUENTE: EL ESPECTADOR