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febrero 9, 2021

¿Machismo homicida?


Uno de los mayores logros en materia de seguridad en Colombia en el último año fue, precisamente, el de la reducción de la tasa de homicidios. Las estadísticas oficiales señalan que el número de asesinatos por cada cien mil habitantes en el país durante 2020 fue el más bajo en las últimas cuatro décadas y media. Incluso, en enero esa tendencia continuó, al punto que hubo un dos por ciento menos de este tipo de muertes con respecto al mismo mes del año pasado.

Sin embargo, en algunos casos puntuales la reducción de los homicidios ha sido muy complicada. De hecho, el asesinato de líderes locales y comunitarios, así como de desmovilizados se constituye hoy en una de las grandes falencias de la política de seguridad y convivencia ciudadana. Igual ocurre con las masacres, que se incrementaron el año pasado y en lo corrido del actual siguen por el mismo camino. Como lo hemos reiterado en estas páginas, al tenor de los informes de las autoridades, en la mayoría de estos casos hay un común denominador sobre sus móviles y victimarios: grupos armados ilegales que combaten por el dominio de los corredores de narcotráfico, minería criminal y tala de árboles, principalmente.

Sin embargo, hay otro tipo de asesinatos que tienen en alerta al país. Se trata de los feminicidios, es decir, al tenor del respectivo artículo en el Código Penal, cuando se le quita la vida a una mujer por su condición de tal o por motivos de su identidad de género. Pese a ser uno de los delitos con más alta pena en Colombia, sesenta años de prisión, las tasas de incidencia no han caído como se esperaba en 2015, cuando entró a regir la ley que tipificó esta conducta como un delito autónomo y no como un agravante.

De hecho el Observatorio de Feminicidios Colombia señaló días atrás que el año pasado se habrían registrado 568 de estas muertes, lo que implicaría, entonces, que cada día se produjeron 1,5 casos de homicidios de mujeres en nuestro país. Esto sumado a un crecimiento alarmante de la violencia intrafamiliar durante los periodos de cuarentena, en donde las madres e hijas fueron las principales víctimas. En el arranque de 2021 la situación no ha sido la mejor, con una preocupante racha de muertes relacionadas con violencia de género.

¿Qué está pasando? Como se dijo, el problema no es de laxitud de penas, ya que Colombia tiene una de las legislaciones más drásticas contra los asesinos de mujeres en todo el continente. Y aún así en estos momentos hay sectores que impulsan que la cadena perpetua, aprobada solo para quienes violen o le quiten la vida a los niños y niñas, se extienda ahora a los feminicidas.

Hay quienes sostienen que el problema es la impunidad. Sin embargo, desde hace varios años la Fiscalía le dio prioridad a la investigación de la violencia de género. De hecho, el actual jefe del ente acusador, dentro de la priorización de los delitos contra la vida y la integridad de las mujeres, contenida en su plan de Direccionamiento Estratégico 2020-2024, destaca los resultados en la materia en el último año: entre el 14 de febrero de 2020 y el 29 de enero pasado, el ente acusador logró un avance del 94.92% en el esclarecimiento de feminicidios, que corresponde a 168 víctimas de 177 registradas.

¿Entonces? Lamentablemente detrás de muchos de los asesinatos de mujeres y niñas lo que se evidencia es la persistencia de un lesivo y arcaico patrón sociológico de machismo que las subyuga y violenta. Una prueba de ello es que en una gran cantidad de casos el agresor es la pareja sentimental o algún familiar de la víctima, teniendo como telón de fondo asuntos pasionales o de marcada violencia intrafamiliar. Y no es un problema limitado a zonas rurales o semiurbanas, o con alta incidencia en personas de baja instrucción académica. Por el contrario, ahora crecen los casos a nivel de ciudades y municipios así como en quienes estudiaron o, por lo menos, son conscientes de que agredir o asesinar a una mujer o niña es un delito grave que lo puede llevar a la cárcel por varias décadas.  

De otro lado, si bien se han creado políticas de intervención institucional así como sistemas de alerta temprana para evitar que las agresiones o el riesgo de estas evolucionen a casos de homicidios prevenibles, todavía falta mucho camino por recorrer. Prueba de ello son las muertes de mujeres que habían denunciado ante las autoridades el peligro que corrían pero el Estado no actuó diligentemente para protegerlas y evitar que fueran de nuevo victimizadas, esta vez mortalmente.  

La tarea, entonces, continúa siendo una sola: profundizar la pedagogía y el cambio de patrones culturales. El machismo se ha ido tornando no solo en un comportamiento agresivo, sino ahora cada vez más homicida.

FUENTE: NUEVO SIGLO


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