Columna escrita por Cristina Díaz Díaz, columnista invitada.

Colombia discute cada año cuánto invertir en agua potable y saneamiento básico. Esa discusión suele ocurrir entre ministerios, gremios de empresas de servicios públicos, órganos de control y el Congreso, y casi siempre se habla de coberturas, tarifas y tuberías. Rara vez alguien pregunta quién paga, con su tiempo y su salud, cada hora sin agua. La respuesta es incómoda: en la mayoría de los hogares, son las mujeres.

Esa ausencia no es un descuido menor. Es la prueba de que el agua todavía no se discute como lo que es: un asunto de poder que reparte cargas y oportunidades de manera desigual.

Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en las cifras

El primer síntoma del problema es que el país no sabe con certeza cuántas personas viven sin agua potable. En 2024, la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) habló de 13 millones de personas sin acceso. Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, respondió que esa cifra no era cierta y acusó a la CRA de usar los datos de forma antitécnica. 

Por su parte, la Contraloría General de la República calcula que más de 5 millones de personas no tienen agua potable, cerca de 12,5 millones no tienen alcantarillado y 8,6 millones no tienen recolección de basuras.

Detrás de esa pelea hay diferencias legítimas de metodología. Pero hay algo en lo que todas las cifras coinciden: ninguna dice cuántas de esas personas son mujeres, cuántas niñas cargan agua antes de ir al colegio ni cuántas horas pierde una familia campesina para conseguirla. 

Si el Estado no mide la dimensión de género del problema, difícilmente la va a resolver.

Lo que las tuberías no muestran

Otras estadísticas sí dejan ver ese costo oculto. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Dane para 2024-2025, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 34 minutos al día al trabajo no remunerado, frente a 3 horas y 13 minutos de los hombres. En la Amazonía, donde la cobertura de acueducto es la más baja del país, ellas llegan a 8 horas y 15 minutos.

La coincidencia no es casual. Donde no llega el acueducto, alguien tiene que acarrear, hervir, almacenar y racionar el agua. El informe más reciente del Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y Unicef confirma que, en la mayoría de los países con datos, esa tarea recae principalmente en mujeres y niñas.

La brecha territorial agrava la situación. La Contraloría encontró que en 2024 la diferencia entre la ciudad y el campo fue del 36% en acueducto y del 78,4% en alcantarillado, y en 190 municipios el agua solo llega unas 12 horas al día. Cada una de esas cifras es también una cifra sobre el tiempo de las mujeres.

Quién decide y quién carga

La Ley 142 de 1994 organizó los servicios públicos alrededor de empresas, tarifas y regulación. Tres décadas después, la propia Contraloría advirtió que la cobertura urbana de acueducto apenas creció un 3,2% entre 1993 y 2024. 

El modelo funcionó en las ciudades, pero dejó atrás a las veredas, a los pequeños municipios y a las comunidades étnicas.

En esos territorios, quienes sostienen el servicio son con frecuencia los acueductos comunitarios, y en muchos de ellos son mujeres las que recaudan cuotas, cuidan las bocatomas y exigen a las alcaldías que cumplan. 

Sin embargo, en las instancias donde se deciden las inversiones, las tarifas y las prioridades, su voz es escasa. Quienes más conocen el problema son quienes menos deciden sobre él.

Un presupuesto que no ayuda

El debate llega en un momento delicado. La Contraloría advirtió que el Presupuesto General de la Nación de 2026 recortó en 53% la inversión del Ministerio de Vivienda, y que los recursos para agua potable y saneamiento pasarían de 1,5 billones de pesos en 2025 a 0,7 billones. 

Cuando el Estado invierte menos, el costo no desaparece: se traslada a los hogares. Y dentro de los hogares, termina en manos de las mujeres.

El nuevo gobierno y el Congreso tienen la oportunidad de corregir el rumbo. Para hacerlo, el debate necesita cambiar de preguntas.

Tres preguntas que deberían estar en la mesa

La primera: ¿por qué el país no tiene cifras de agua y saneamiento desagregadas por sexo, edad y pertenencia étnica? Sin esos datos, cualquier política será ciega a la mitad de la población.

La segunda: ¿por qué el tiempo de cuidado que libera un acueducto no cuenta al momento de priorizar proyectos? Una obra que devuelve horas a miles de mujeres rurales debería pesar en la evaluación de la inversión pública.

La tercera: ¿quién representa a las mujeres en las decisiones sobre el agua? Los acueductos comunitarios, las juntas de las empresas y los espacios de planeación deberían garantizar su participación real, no simbólica.

El agua como prueba de la igualdad

La Constitución de 1991 ordena que la solución de las necesidades insatisfechas de agua potable y saneamiento sea un objetivo fundamental del Estado. 

Colombia también ratificó la Cedaw, que en su artículo 14 obliga a garantizar a las mujeres rurales el abastecimiento de agua y los servicios sanitarios. Las normas existen. Lo que falta es que el debate público las tome en serio.

Mientras el agua se discuta solo en términos de tuberías y tarifas, las mujeres seguirán pagando la diferencia. Incluirlas en la conversación no es un gesto de corrección política: es la única forma de entender el problema completo y de resolverlo.

Cristina Díaz Díaz

Es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público y doctoranda en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde estudia el acceso al agua, la tierra y los derechos de las mujeres en Colombia y Suramérica.

FUENTE: LA SILLA VACÍA