Colombia ha estado fortaleciendo su marco normativo para combatir la trata de personas y la explotación sexual. Sin embargo, detrás de los avances legales y del incremento de recursos para enfrentar este delito, persiste una realidad alarmante: el Estado sigue sin contar con información suficiente para identificar, proteger y atender a las niñas indígenas víctimas de estas violencias.

De acuerdo con el Informe Sobre la trata y explotación sexual a niñas y mujeres indígenas en Colombia, elaborado por la Línea de Género y Poblaciones de la Comunidad de Juristas Akubadaura, las niñas y mujeres indígenas enfrentan riesgos diferenciados derivados de la interacción entre pobreza, discriminación étnica y racismo estructural, aislamiento territorial, conflicto armado, desplazamiento forzado y economías ilegales. A pesar de ello, los sistemas oficiales continúan sin registrar adecuadamente la dimensión étnica de esta grave problemática.

Entre 2015 y 2025 se identificaron 22.697 víctimas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia (Escnna), de las cuales más del 80% fueron mujeres y más de una tercera parte menores de 14 años (según el Dane, basada en registros judiciales de la Fiscalía (Spoa)). Sin embargo, apenas 148 víctimas de Escnna se autorreconocieron como indígenas durante toda la década, una cifra que contrasta con la proporción de población indígena en el país y que, según el informe, evidencia un grave subregistro estructural y una falla sistemática del Estado.

La invisibilidad estadística tiene múltiples causas, entre ellas se encuentran las barreras lingüísticas, la lejanía geográfica de las instituciones, la desconfianza hacia el Estado, las amenazas de grupos armados y la ausencia de mecanismos que permitan cruzar información sobre etnia, sexo, edad y modalidad de explotación en una sola fuente oficial.

Un fenómeno que sigue el mapa del conflicto y el abandono

Si el registro nacional agregado oculta a las niñas indígenas, ¿qué revelan los datos cuando se desagregan por territorio? La segunda parte del informe de Akubadaura examina la distribución territorial de la trata de personas y explotación sexual, según algunos patrones regionales que se obtuvieron, a través de diversas fuentes de información, principalmente no gubernamentales, complementadas por los registros y análisis de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de revelar dinámicas que permanecen ocultas en las estadísticas nacionales agregadas.

Este análisis territorial muestra que la explotación sexual de niñas indígenas no ocurre de manera aislada; por el contrario, se concentra en regiones donde confluyen economías extractivas, corredores del narcotráfico, fronteras, control armado y una débil presencia estatal.

En La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, el informe documenta cómo niñas de pueblos como los wayúu, yukpa y wiwa enfrentan mayores riesgos debido a la pérdida de territorio, la pobreza extrema, la desnutrición y las dinámicas de desplazamiento. Allí, las redes de explotación aprovechan condiciones de vulnerabilidad que se han profundizado durante años.

En el Pacífico colombiano, particularmente en Nariño y Chocó, la violencia y, en especial, la explotación sexual son utilizadas como mecanismo de control territorial por grupos armados ilegales. El documento señala que niñas de pueblos awá, wounaan y emberá han sido víctimas de reclutamiento, uniones forzadas y explotación sexual asociada al conflicto armado y a economías como el narcotráfico y la minería ilegal.

La situación también se replica en la Amazonía, donde los pueblos nükak y jiw enfrentan graves afectaciones derivadas del desplazamiento, el avance de actividades extractivas y la presencia de actores armados. En esta región, la explotación sexual se relaciona con dinámicas de despojo territorial, inseguridad alimentaria y expansión de economías extractivistas e ilegales.

En la Orinoquía, niñas de los pueblos amorúa y sikuani han sido identificadas como uno de los grupos más vulnerables frente a redes de trata que operan en zonas de frontera y corredores criminales. El informe advierte además una transición desde formas de explotación asociadas a la supervivencia hasta estructuras criminales organizadas que utilizan el cuerpo de las niñas como recurso económico.

Mujeres y niñas: las principales víctimas

Durante 2025, el 94,4% de las víctimas de trata atendidas por las duplas de género de la Defensoría del Pueblo fueron mujeres, mientras que la explotación sexual representó el 74% de los casos registrados. Adicionalmente, el 40,7% de las situaciones atendidas tuvo relación directa o indirecta con dinámicas del conflicto armado.

Estos datos refuerzan la conclusión central del estudio: las niñas indígenas no enfrentan únicamente riesgos asociados a su edad y género, sino también formas acumuladas de discriminación étnica y territorial que incrementan su exposición a la trata y a la explotación sexual.

Llamado de urgencia

De la documentación obtenida, se observó que la brecha más amplia es la de pueblos indígenas, en los que los riesgos son diferenciados por pueblo y territorio (yukpa, wayúu, emberá, awá, nükak, amorúa, sikuani), pero la respuesta institucional trata a la población indígena como categoría agregada, sin una política de niñez indígena materializada desde 2018.

Y, aunque en el periodo comprendido entre el 2020 y 2026, el gobierno nacional reporta un aumento superior al 346% en los recursos destinados a la lucha contra la trata de personas, no existe información desagregada que permita conocer cuánto de esa inversión llega efectivamente a los territorios donde se concentra el riesgo o beneficia a niñas y mujeres indígenas.

La minería o economías extractivistas son el enclave económico con el vínculo más documentado con la explotación sexual (Chocó, Guaviare, Casanare y Arauca), y a la vez el que menos atención específica recibe: no se identificó ningún programa de prevención dirigido a campamentos mineros o zonas de enclave extractivo.

Frente al crimen organizado, la única respuesta consistente es penal y reactiva (judicialización con pena promedio de 13 años); no hay evidencia de estrategias preventivas dirigidas a desarticular el control armado territorial que facilita la explotación.

No existe una fuente única que cruce trata, Escnna, etnia, sexo y edad, lo que impide medir con precisión el tamaño real del fenómeno frente a lo que el Estado dice atender. No hay desagregación por pueblo indígena específico en los registros oficiales, solo en la evidencia periodística, lo que impide diseñar una respuesta diferenciada. Además de que el subregistro empeora por las condiciones de barreras lingüísticas; distancia, desconfianza institucional, estigma y amenaza armada.

La servidumbre (trabajo doméstico infantil), que afecta sobre todo a familias indígenas y afrodescendientes, donde existe una fuerte asociación con el abuso sexual, es una realidad silenciada. Estas violencias permanecen prácticamente invisibles para el sistema de restablecimiento de derechos y en los sistemas de registro gubernamental.

Por último, no menos importante, la tensión entre la Jurisdicción Especial Indígena y la jurisdicción ordinaria crea vacíos de competencia que reducen la protección efectivamente disponible para la niñez indígena.

Superar esta invisibilización estadística exige que el Estado trascienda la respuesta punitiva y agregada, garantizando un enfoque diferencial e interseccional que articule a las instituciones con las autoridades indígenas. Solo mediante registros desagregados, prevención territorial real y recursos efectivos en las comunidades será posible romper el silencio estructural y proteger integralmente la vida de las niñas y mujeres indígenas frente a estas violencias.

FUENTE: LA SILLA VACIA