Bogotá, 22 oct (Prensa Latina) La Defensoría del Pueblo de Colombia instó hoy al Gobierno a revisar los nombramientos realizados en altos cargos de personas que enfrentan señalamientos por actos de violencias basadas en género.

De acuerdo con la entidad, en las últimas semanas se conocieron de promociones y posibles vinculaciones a cargos de alta responsabilidad en entidades del Estado de funcionarios mencionados en denuncias o procesos relacionados con agravios contra las mujeres.

Detalló que, en el Ministerio de las Culturas, fue nombrado como asesor un hombre que enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual y se supo sobre la posible vinculación de un general en retiro a un cargo directivo de seguridad en la empresa Ecopetrol, mientras afronta un proceso relacionado con acoso sexual.

A ello se suma, ahondó, la designación del presidente de Coljuegos (Empresa Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar), contra quien existe una denuncia por supuestos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

“Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública”, remarcó la Defensoría.

Puntualizó que Estado no puede promover campañas de prevención, adoptar protocolos y pedirles a las mujeres que confíen en las instituciones, mientras sus decisiones sobre quién ejerce el poder público transmiten mensajes contrarios a esos compromisos.

El organismo llamó entonces al Gobierno a revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas en aras de dar un mensaje coherente de tolerancia cero con la violencia de género.

“Instamos a las entidades del Estado a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para estos nombramientos, que consideren la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes”, concluyó el pronunciamiento.

FUENTE: https://www.prensa-latina.cu/