En los museos abundan las representaciones de mujeres desnudas, pero sus luchas por conquistar derechos no siempre tienen el mismo espacio. El retiro de 30 piezas del Museo Nacional reabre el debate sobre quiénes aparecen en la historia de Colombia y quiénes quedan por fuera. 

La memoria de un país también se construye a partir de las historias que decide contar y de aquellas que deja por fuera. En el Museo Nacional, 30 piezas de la sala Hacer Sociedad fueron retiradas por orden del Gobierno nacional. La mayoría documentaba las luchas feministas, los derechos de las personas LGBTIQ+ y los procesos de paz y memoria en Colombia. Su salida no solo pone en discusión el lugar de estos objetos en las salas del museo, sino también el reconocimiento de las luchas que han transformado la sociedad y permitido conquistar derechos a lo largo de la historia.

Entre las obras retiradas hay piezas emblemáticas de la lucha por los derechos de las mujeres, como el manifiesto internacional de la campaña por la contracepción, el aborto y el rechazo a la esterilización forzada, elaborado en Cali en diciembre de 1978, durante el Encuentro Nacional de Mujeres. El documento no solo marcó un precedente, sino que abrió camino a discusiones que iban más allá de la libertad sexual que comenzaba a expandirse con el acceso a los anticonceptivos. En esa época el debate apenas empezaba a tomar forma, y las mujeres colombianas ya se preguntaban por los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto, una lucha que cobraría mayor fuerza en el siglo XXI.

También estaba el periódico Nuestras Mujeres, una publicación clave para reconstruir la historia de las luchas por los derechos de las mujeres en Colombia. Su contenido contribuyó a impulsar el sufragio femenino y otras reivindicaciones en los años previos a que las colombianas pudieran votar por primera vez, en 1957. La edición retirada de abril de 1955 estaba dedicada a Rosalía Suárez, una figura famosa y líder comunitaria en Colombia a mediados del siglo XX. En ella se destacaba la importancia de las mujeres de clases populares y trabajadoras, quienes jugaron un papel importante en los procesos sociales de ese tiempo.

Otras piezas retiradas estaban relacionadas con las luchas de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Entre ellas se encontraban el yembé de la batucada Toque Lesbiano, vinculado al movimiento lésbico, y unos zapatos diseñados para una mujer trans, que daban cuenta de las experiencias de vida trans y de las reivindicaciones por sus derechos.

María Mónica Fuentes Leal, internacionalista y especialista en arte y cultura, quien trabajó durante ocho años en el Museo Nacional, señala que las piezas retiradas representan mucho más que objetos de una colección: son testimonios de las luchas sociales y de los cambios políticos que ha atravesado Colombia. En la sala “Hacer Sociedad” se exhibían, por ejemplo, elementos que daban cuenta del surgimiento y las expresiones de los movimientos feministas, así como de la historia y las reivindicaciones de las personas LGBTIQ+.

La propia sala explicaba su propósito en un texto introductorio: “Esta sala presenta condiciones históricas de organización social y política del país. Hace referencia a procesos de convivencia, resistencia y reivindicación. Relata casos relacionados con la manera como se ha tejido la sociedad en Colombia y narra cuáles han sido las confrontaciones políticas, económicas y culturales decisivas en la construcción de la nación”.

Andrés Góngora, profesor de la Universidad Nacional y curador etnográfico de la sala en sus inicios, explicó que esta es una sala de larga duración, cuyas exposiciones pueden permanecer abiertas durante diez o quince años, hasta que se emprenda un nuevo proceso de renovación. “No se modifican a la ligera. Cambiar una pieza, un texto o una sección exige una discusión científica y técnica; no es solamente una decisión política”, dijo a El Espectador.

“Antes, la historia que contaba el museo era, en gran medida, la de hombres blancos, militares y políticos. Se hablaba muy poco de otros sectores, de la contribución de las mujeres, de los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Había todavía menos espacio para la diversidad de género y sexual”, explicó Góngora.

Los derechos de las mujeres no siempre estuvieron asegurados, al principio del siglo XX, las mujeres no podían ni siquiera tener una cuenta bancaria a su nombre, y hasta 1954 se conquistó el derecho al voto. Desde el principio, las mujeres han estado batallando por obtener los mismos derechos que los hombres; en consonancia con la historia conocida de Colombia, se produjo un enorme movimiento femenino para asegurar lo que hoy en día se considera evidente: votar, poseer bienes, tener empleo, expresar opiniones, tener acceso a su salud reproductiva, decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida, entre otros.

“Las luchas de las mujeres también son parte de la historia nacional. El derecho al voto, la autonomía, la participación política y los derechos sexuales y reproductivos que hoy ejercemos no aparecieron espontáneamente. Son el resultado de procesos colectivos que permitieron reivindicaciones y transformaciones sociales”, añadió Fuentes Leal.

“Pareciera que las mujeres solo pueden entrar a los museos desnudas”, afirmó Julian Roa, ex asesor museológico del Museo Nacional de Colombia y del Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, al retomar una crítica de los colectivos feministas sobre la forma en que las mujeres han sido representadas en estos espacios. Mientras abundan los desnudos femeninos pintados por hombres, su participación en las luchas políticas y sociales a lo largo de la historia ha tenido menos visibilidad.

Según Fuentes Leal, el retiro de las piezas puede interpretarse como una forma de invisibilización, pues reduce la presencia pública de las luchas que representan. Aunque los objetos de la colección permanente seguirán conservados en la reserva del museo, no existe claridad sobre cómo volverán a ser representados. Para la especialista, conservar una pieza no equivale a mantener su capacidad educativa ni su lugar en la narración de la historia.

El Ministerio de Cultura y el propio presidente, Abelardo De La Espriella, defendieron de manera tajante el retiro de las obras relacionadas con las luchas feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz. Una decisión que coincidió con el anuncio oficial realizado el jueves 15 de octubre de 2026, cuando el mandatario informó que la cartera cambiaría su nombre a Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Durante su intervención, De La Espriella afirmó que la inclusión de la palabra “Patrimonio” constituye un golpe directo contra lo que denominó el “wokismo”, una corriente que, según su postura, representa un “cáncer” que fragmenta la sociedad e instrumentaliza los espacios públicos con fines de “adoctrinamiento político e ideológico”. Su posición frente a esta medida se enmarca en una confrontación abierta para rescatar los “valores tradicionales” y la “identidad nacional”.

El término woke, que tiene su origen en el inglés afroestadounidense se refiere a estar “despierto” frente al racismo y las injusticias sociales, sin embargo, este se ha convertido en una etiqueta recurrente en el discurso de dirigentes como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán. Bajo expresiones como “agenda woke” o “wokismo”, estos líderes cuestionan las reivindicaciones feministas y la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, al presentarlas como una amenaza para los valores tradicionales. Así, se promueve la falsa idea de que avanzar en el reconocimiento de derechos para grupos históricamente excluidos entra en conflicto con la atención de otros problemas sociales.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, también calificó el museo como un espacio que no debe servir para un supuesto “adoctrinamiento político” y afirmó que esta era una acción para proteger a los menores de edad de “material sensible”. Sin embargo, Fuentes Leal considera contradictorio invocar la protección de niños y niñas mientras se invisibilizan las historias que permitieron reconocer sus propios derechos, ya que no es claro qué del material expuesto en la sala puede ser “sensible” para los niños. Incluso, esto es algo que el mismo museo tiene en cuenta; los guías y curadores saben adaptar estas exposiciones para cualquier público, incluidos los niños.

“No se trata de imponer una narrativa ni de asustar a los niños; esa idea tampoco tiene sentido. El museo está preparado para mediar sus exposiciones con públicos diversos, especialmente con niños. ¿Qué tiene de malo hablarles a los niños sobre la diversidad de género y la diversidad sexual? No tiene nada de malo. Se trata de mostrarles que hay seres humanos distintos en el mundo”, explicó Góngora.

Además de sus dimensiones simbólica y jurídica, este acto ha generado una fuerte reacción ciudadana. Desde que se llevó a cabo el retiro de las piezas, decenas de personas se han manifestado frente al Museo Nacional para reclamar la libertad de expresión y el respeto por la autonomía curatorial, denunciar la censura de las obras y exigir el reconocimiento de las narrativas diversas.

Sin embargo, este lunes 19 de octubre, a tres días de la orden, un juez ordenó medidas para proteger las obras retiradas del Museo Nacional. Según informó en redes sociales Gabriel Becerra, representante a la Cámara, la decisión establece que las piezas desmontadas no pueden ser destruidas, alteradas ni sacadas del museo. También ordena frenar el retiro de otras obras por su contenido mientras no exista una decisión formal que lo justifique.

Becerra señaló que, aunque la tutela aún está pendiente de una decisión definitiva, estas medidas representan un primer paso para proteger las piezas. “Exigiremos que se cumplan y seguiremos luchando por el regreso de las piezas a las exposiciones”, escribió.

El debate va más allá: tiene una dimensión jurídica y simbólica

Julián Roa, explica que el retiro de las piezas tiene implicaciones jurídicas y simbólicas. En el ámbito legal, considera necesario revisar si los funcionarios involucrados se extralimitaron en sus funciones, en particular el secretario del Ministerio de Cultura, señalado en medios como responsable de ejecutar la operación.

Sin embargo, advierte que las consecuencias simbólicas del retiro de esas piezas son más profundas, pues la decisión pone en cuestión la autonomía del Museo Nacional y principios como la libertad de expresión. Además, desconoce décadas de trabajo de una institución con más de 200 años de historia, dedicada a preservar y narrar las memorias del país. Para Roa, las decisiones sobre sus colecciones deben reconocer la diversidad de la sociedad colombiana, a la que pertenece el museo.

“Estamos hablando de un Museo Nacional que pertenece a todos los colombianos, una sociedad caracterizada por su profunda y amplia diversidad. Por eso, las decisiones sobre sus colecciones y narrativas no pueden desconocer esa pluralidad”, concluyó Roa.

Fuentes Leal también señala que el desmontaje ocurrió en un contexto de pronunciamientos del Ejecutivo sobre la orientación ideológica de las instituciones culturales. En el caso de las luchas feministas, advierte que retirar sus testimonios de la exposición pública puede reproducir una exclusión histórica, en un país donde las experiencias y los aportes de las mujeres han sido relegados durante mucho tiempo de los relatos oficiales.

Lo que está en juego es la forma en que Colombia reconoce las luchas que han ampliado derechos y transformado su sociedad. Cuando estos objetos salen de las salas de exposición, también se limita la posibilidad de que nuevas generaciones conozcan las historias, las movilizaciones y los debates que hicieron posibles esas conquistas. La memoria no es un relato único, lineal ni libre de contradicciones; está atravesada por tensiones, diversidad y experiencias que no siempre han encontrado un lugar en la historia oficial. Por eso, preservarla implica reconocer esa pluralidad y garantizar que las distintas voces que han contribuido a construir el país también hagan parte de su relato histórico, añade.

El enemigo difuso

La construcción de un enemigo difuso, sin características claras ni argumentos sólidos que sustenten las acusaciones, es una estrategia que no es nueva ni exclusiva del Gobierno de De La Espriella. Sin embargo, es preocupante para varios analistas por la forma en que este discurso puede servir para justificar decisiones que califican como actos de censura.

Según Góngora, esta narrativa transmite un mensaje político e ideológico que termina reproduciendo aquello que dice cuestionar. Explica que una de sus características es agrupar realidades y sectores diversos bajo una misma categoría, presentándolos como un enemigo común. Después, se les acusa de politizar e imponer una “ideología” en los espacios culturales, mientras se adoptan medidas que responden a una orientación política propia. Para el curador, esta contradicción hace parte de una lógica recurrente en los fundamentalismos a lo largo de la historia.

Ante el retiro de estas obras y el riesgo que, según advierte, representa para otros espacios dedicados a contar estas historias, Góngora señala que se pierde la oportunidad de construir una sociedad más plural, democrática y tolerante. También se debilita la comprensión de una parte fundamental de la historia: los derechos que existen hoy son fruto de procesos históricos complejos, marcados por luchas, sufrimientos y creatividad, y no de conquistas espontáneas, explica.

Esta decisión relega la historia de las mujeres y pone en cuestión el lugar que ocupa en la memoria colectiva. Que la exhibición de estas luchas genere incomodidad y que, como consecuencia, se retiren las piezas implica dejar de enseñar una parte fundamental de la historia del país y desconocer los procesos colectivos que hicieron posibles muchos de los derechos conquistados.

“Se pierde una gran oportunidad de conocernos como pueblo y como nación, con todas nuestras contradicciones. Un museo debería funcionar como un ágora, un espacio de encuentro, no para imponer una visión homogénea de la historia, sino para mostrar sus contradicciones”, concluyó Góngora.

FUENTE: EL ESPECTADOR