• Las mujeres son más del 51 % de la población colombiana, pero más del 65 % de quienes integran las Altas Cortes son hombres. La Defensoría del Pueblo busca corregir esta brecha estructural con reglas claras de paridad.
• El proyecto propone una medida concreta en la conformación de listas, ternas y elecciones cuando la participación de mujeres sea inferior al 50 %, sin desconocer el principio de mérito.
• Por tratarse de un proyecto de ley estatutaria, deberá surtir cuatro debates en el Congreso de la República y pasar por revisión de la Corte Constitucional antes de convertirse en ley.

Bogotá, 13 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). Con una amplia presencia de congresistas, magistradas, magistrados y exintegrantes de las Altas Cortes, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria No. 428, «por medio del cual se modifica la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— para garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la conformación de las Altas Cortes».

La iniciativa legislativa busca avanzar hacia una representación equilibrada en los máximos órganos de la Rama Judicial, donde se toman algunas de las decisiones más importantes del país.

Actualmente, las mujeres representan más del 51 % de la población colombiana, pero más del 65 % de quienes integran las Altas Cortes son hombres.

La brecha se hace aún más evidente al observar la composición de la Rama Judicial. Según cifras oficiales con corte a octubre, las mujeres representan el 56,71 % de las personas que trabajan en la base de la Rama Judicial. Es decir, su presencia disminuye a medida que se avanza hacia los cargos de mayor poder de decisión.

Esto demuestra que el desafío no está en la falta de preparación, experiencia o mérito de las mujeres, sino en las barreras estructurales que históricamente han limitado su acceso a las posiciones más altas de la justicia.

Los llamados techos de cristal, los sesgos de género, las cargas de cuidado, las redes de contacto históricamente masculinas y los vacíos o dificultades en los procesos de nominación, conformación de listas y elección hacen necesario adoptar medidas que permitan avanzar de manera efectiva hacia la paridad.

“Este proyecto ha sido trabajado, discutido y consultado con las Altas Cortes y con distintos actores de la justicia. Este proyecto nace con una fuerza política importante, pues cuenta con el respaldo y la firma de congresistas de diferentes partidos políticos. Ese respaldo plural y multipartidista envía un mensaje contundente: la paridad judicial trasciende las diferencias ideológicas y puede convocarnos alrededor de un propósito común de país”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

ABC del proyecto:

¿Qué busca cambiar?
El proyecto apunta a que la paridad sea una regla efectiva en los procesos de selección, nominación y elección de magistradas y magistrados, y no únicamente un principio reconocido en las normas.

El mecanismo es concreto: cuando una Alta Corte tenga menos del 50 % de mujeres, las listas y ternas para elegir magistradas y magistrados deberán estar conformadas exclusivamente por mujeres.

“Hoy, tantos años después de nuestro acceso al ejercicio de la profesión jurídica, las mujeres representan solo el 34,52 % de la magistratura de las Altas Cortes. Aún no representan la composición poblacional entre hombres y mujeres. Esto sin mencionar las injusticias de representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans o de las mujeres sin recursos económicos o falta de oportunidades. Solo la JEP es paritaria y representa la diversidad étnica y regional de nuestro país, gracias al Acuerdo Final de Paz”, agregó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La iniciativa no reemplaza ni reduce el mérito. Por el contrario, quienes lleguen a las Altas Cortes deberán cumplir los mismos estándares de experiencia, preparación e idoneidad.

Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, “hoy es un día histórico en la materialización del derecho y del principio a la igualdad que establece nuestra Constitución Política. No tenemos que dar muchos datos para reflejar que las mujeres en distintos aspectos de la vida han sido un grupo históricamente discriminado, pero la Constitución estableció unas reglas para seguir avanzando hacia una igualdad y aunque se ha avanzado en algunos temas hay asuntos que siguen siendo una preocupación legítima. Uno de ellos es la paridad en las Altas Cortes. Hoy tenemos un proyecto que busca, con este arreglo institucional, avanzar de manera contundente para que esta sea una realidad. Para nosotros es muy placentero acompañar esta iniciativa de la Defensoría, pero también es muy grato ver a todas las personas que igualmente lo respaldan. Confiamos en que esta iniciativa se haga realidad, venimos a ratificar nuestro compromiso con la justicia y con la sociedad colombiana en este anhelo que es de todos”.

¿A qué corporaciones aplicaría?
Las disposiciones propuestas cobijan a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

¿Qué sigue para el proyecto?
Por tratarse de un proyecto de ley estatutaria, la iniciativa deberá surtir cuatro debates en el Congreso de la República: dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, dentro de una misma legislatura. Esto significa que el proyecto deberá ser aprobado antes del 20 de junio de 2027.

“La justicia no puede hablar de igualdad si esa igualdad no empieza en su composición, en su formación, y por eso es importante acompañar esta iniciativa, porque Colombia tiene mujeres juristas extraordinarias, con preparación, con experiencia, con el carácter necesario para ocupar cualquier alto cargo en el servicio público y por supuesto la justicia no es la excepción. Quiero dejar dicho que la paridad para mí no es una concesión ni un favor, es el reconocimiento de un derecho y una forma de fortalecer nuestras instituciones. Necesitamos una justicia en la que las mujeres tengan el lugar que les corresponde, no por privilegio, sino por justicia, una justicia igualitaria debe comenzar por el ejemplo y ese ejemplo es el que está dando hoy la señora Defensora, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y veo con alegría más de 70 firmas acompañando este proyecto de ley. Hay temas que no son de color político, que no son de partido, sino que nos tienen que unir y convocar a todas las personas, esta es una de ellas”, aseguró el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.

Para su aprobación se requiere mayoría absoluta en cada debate. Posteriormente, el proyecto deberá pasar a revisión de la Corte Constitucional antes de convertirse en ley de la República.

Por su parte la presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, Miryam Stella Gutiérrez, consideró que “llevamos 18 años, desde la creación de la Comisión Nacional de Género, año por año insistimos en el tema de no discriminación, en el tema de igualdad en participación, igualdad en instancias judiciales y la rama ha avanzado. Las mujeres en los últimos años han invertido sustancialmente en capital académico, hoy existen más abogados que abogados en este país, sin embargo, cuando llegamos al número de Altas Cortes no hemos podido superar la barrera del 30 % de participación de mujeres, las cifras reflejan una profunda desigualdad en la participación. Creemos que acciones positivas son las únicas que permiten lograr esta igualdad de condiciones, un mecanismo en el que toda la sociedad, todo el Congreso, todas las instituciones se unan alrededor de un principio de igualdad y equidad que se vea reflejado en la participación de mujeres en las Altas Cortes.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, concluyó que “la propuesta de paridad no es un capricho, es un acto de justicia. No es una causa contra los hombres, es una causa con los hombres. La lucha por la paridad sigue siendo extraña para algunos, pero llegará el día en que lo extraño sea la desigualdad. No vamos a esperar otros 100 años para que las mujeres ocupen su lugar en la justicia. Sin mujeres no hay justicia, y sin justicia no hay buen futuro”.

La Defensoría del Pueblo continuará promoviendo esta conversación con las instituciones, los medios de comunicación y la ciudadanía. Avanzar hacia una justicia más representativa fortalece la democracia, la pluralidad, la legitimidad y la confianza en las instituciones. La paridad no es solo una cuestión de representación: es una condición para una justicia que refleje la diversidad de la sociedad a la que sirve.

FUENTE: https://www.defensoria.gov.co/