Comentarios y publicaciones difundidos principalmente en X y YouTube sirvieron de base para identificar cómo opera la violencia contra las mujeres en la política colombiana. Pese a los avances legislativos para proteger su participación, los ataques siguen atravesados por misoginia y prejuicios de género, según hallazgos de la Fundación Karisma.

A las mujeres que hacen política, además de cuestionarlas por sus decisiones o ideas, también se les ataca por el cuerpo, la edad, la sexualidad o la forma en que ocupan el poder. Al menos eso reveló un análisis de más de 122.000 interacciones en redes sociales realizado en Colombia. Allí se expone que, si bien hombres y mujeres reciben niveles similares de violencia en el ejercicio político, sobre ellas opera una doble vara atravesada por la misoginia, que las expone con mayor frecuencia a la sexualización y a que las juzguen con estereotipos de género.

El hallazgo hace parte de “Estrenar la ley, repetir las respuestas”, el último informe de la Fundación Karisma, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en entornos digitales. El documento siguió la violencia contra las mujeres en política a lo largo de las elecciones de Congreso y de las dos vueltas presidenciales de 2026. Tres momentos importantes que coincidieron con la entrada en vigor de la Ley 2453 de 2025, creada para prevenir, atender y sancionar las distintas formas de agresión que enfrentan las mujeres en estos espacios. Aun así, la norma todavía tiene varios retos de implementación.

En las últimas elecciones legislativas y presidenciales, esa doble vara apareció de distintas maneras. Por ejemplo, mientras a los hombres se les cuestionaba sobre todo por sus decisiones, sus alianzas o su trayectoria, en el caso de las mujeres el escrutinio también pasaba por ahí pero, además, se extendía hacia el cuerpo, la sexualidad, la vida privada y una supuesta incapacidad emocional o intelectual para gobernar.

La diferencia se hizo especialmente visible en la sexualización. Las menciones violentas asociadas a este tipo de ataques fueron casi el doble entre las mujeres que entre los hombres, con 1,3% frente a 0,7%, respectivamente. A ello se sumaron las descalificaciones por la apariencia y los estereotipos de género, que recayeron casi exclusivamente sobre ellas.

Para verlo de forma más concreta, basta con observar las palabras que más se usaron. Mientras entre las figuras políticas masculinas aparecían insultos ligados a su trayectoria, como “corrupto”, “guerrillero” o “títere”, en el caso de las mujeres el lenguaje se desplazaba hacia quiénes eran o cómo eran percibidas. Allí se repetían expresiones como “perra”, “bruja”, “gorda”, “vieja”, “loca” o “india”. “A ellos se les reprocha lo que hacen. A ellas, lo que son”, dice Karisma.

De hecho, la misoginia apareció en cuatro de cada cinco candidatas analizadas y, en varios casos, se combinó con otras formas de discriminación. En el caso de las mujeres que aspiraron a la Presidencia y la Vicepresidencia, las violencias basadas en género variaron según características como la edad, la orientación sexual, el origen étnico o la apariencia. En Paloma Valencia pesaron la gordofobia y los cuestionamientos sobre su cuerpo. En Claudia López, la lesbofobia y la moralización de su vida privada. En Clara López, el edadismo. Y en Aida Quilcué, el racismo llegó incluso a tener más peso que los ataques machistas.

¿Ataques masivos y coordinados contra las candidatas?

Para Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma, uno de los hallazgos más relevantes —y que, según explica, no había aparecido con esta claridad en investigaciones similares en el país— es el carácter coordinado de la violencia contra las mujeres en política.

La afirmación parte de un dato difícil de pasar por alto. Al revisar 38.329 réplicas recolectadas, solo 630 correspondían a textos originales. Es decir, que el 98,4 % eran mensajes duplicados. Para la experta, esto sugiere que una parte importante de esa conversación no surgió de manera espontánea, sino que fue amplificada de forma coordinada. Para las investigadoras, ese mecanismo puede fabricar una apariencia de consenso y hacer que la intimidación parezca más extendida de lo que realmente es.

“A nosotras eso nos tiene que llevar a pensar qué es lo que vamos a hacer, porque si son comentarios coordinados, tenemos que investigar quién los está coordinando, en dónde está ocurriendo esa coordinación, pero, sobre todo, de qué manera el funcionamiento mismo de las redes sociales está promoviendo la coordinación”, dice Moreno en entrevista con El Espectador.

Por otro lado, se encontró que, a mayor visibilidad, más intensas y diversas tienden a ser las agresiones, especialmente en momentos de alta atención. El reto, advierte Moreno, está en reconocer cuándo las críticas y el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder dejan de ser legítimos y empiezan a reproducir violencias basadas en género.

“Hay una diferenciación importante que utilizamos dentro del estudio, que es distinguir ataques de insultos. Los insultos están relacionados, sobre todo, con la forma en la que los candidatos o las candidatas ejercen su rol. Distinto ocurre con los ataques, que están marcados por una capa interseccional. Aquí es donde aparecen temas relacionados con género, también con la racialidad de las candidatas, incluso con la clase. Cuando aparecen estos elementos adicionales, eso es lo que nos permite identificar que no estamos frente a una crítica legítima al ejercicio del poder, sino que trasladamos la discusión a otro escenario”, le comenta a este diario Alicia Duque, investigadora de Fundación Karisma.
La violencia contra las mujeres en política ya tiene ley, pero las instituciones todavía no logran responder

La Ley 2453 de 2025 fue sancionada el 2 de abril de ese año para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política. La norma reconoció de manera específica estas agresiones como una forma de violencia basada en género que puede limitar el ejercicio de sus derechos políticos. Abarca ataques psicológicos, simbólicos, económicos, físicos, sexuales, vicarios y digitales.

Pero que la violencia esté reconocida por la ley todavía no significa que las instituciones tengan la capacidad para responder. Para medir ese avance, Karisma consultó mediante derechos de petición a seis entidades nacionales, además de partidos políticos y autoridades territoriales. El balance muestra una implementación desigual y todavía en construcción. Paradójicamente, una de las entidades con mejores resultados fue el Ministerio de Igualdad, hoy en proceso de liquidación.

“Es una ley que recién está empezando su implementación y vemos que todavía están muy en construcción las capacidades técnicas e institucionales para dar respuesta a esta violencia. Eso habla, por supuesto, de una ley que se está estrenando, pero también de una arquitectura compleja, con muchas obligaciones distribuidas entre distintas entidades, lo que dificulta la articulación. Y ahí también entra un componente de voluntad política”, señaló la codirectora.

Vale recordar que Colombia volverá a las urnas para las elecciones regionales el 31 de octubre de 2027. Aunque todavía falta más de un año, Moreno advierte que ese escenario ya plantea nuevos retos, sobre todo por la menor visibilidad que suelen tener muchas candidatas en contiendas locales. A su juicio, eso puede hacer más difícil detectar las agresiones. A ello se suma una pregunta todavía abierta sobre la coordinación identificada en redes y las herramientas que tendrán las autoridades para investigarla.

FUENTE: EL ESPECTADOR