Según ONU Mujeres, la falta de fondos asfixia al 48.5% de las candidatas en las periferias, mientras lideresas denuncian una “ley de silencio” impuesta por los fusiles. Aquí el poder deja de ser un derecho para volverse un acto de supervivencia.

En el mapa de la democracia colombiana las líneas de frontera no son divisiones geográficas sino cicatrices donde la ley del Estado se desvanece frente a la voluntad del más fuerte. Mientras el Atlas Político de las Mujeres destaca que departamentos del interior como Santander logran niveles de paridad superiores al 50% en cargos directivos, la politóloga con enfoque de género y decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg, advierte que esta estadística es un espejismo en las orillas del país.

Para una mujer en la periferia decidirse por una candidatura no es solo un acto de vocación pública, es una apuesta donde se pone en juego la integridad propia ante actores armados que, como señala Miriam Barrera, lideresa social, miembro de la mesa municipal y departamental de Córdoba, consejera de paz y activista de derechos humanos, castigan cualquier intento de visibilidad femenina con amenazas directas al núcleo familiar.

La violencia política en zonas de conflicto no debe entenderse como un brote de caos accidental, sino como una herramienta técnica diseñada para que las lideresas desistan de postularse. El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) revela que seis de cada diez mujeres en política han sido víctimas de agresiones sistemáticas, un dato que Rettberg profundiza al explicar que la criminalidad no busca ganar elecciones, sino disuadir la participación para mantener el control territorial.

Esta estrategia de exclusión se manifiesta en lo que Miriam Barrera denomina un “vacío en el territorio”, un espacio donde los protocolos de protección del Ministerio del Interior citados en la bibliografía oficial son inoperantes frente al dominio real de grupos como el Clan del Golfo.

Este fenómeno de control se agudiza al contrastar la seguridad del centro con la orfandad de la periferia. Mientras las guías institucionales sugieren rutas de denuncia y seguimiento para la prevención de la violencia, en la práctica la realidad es la censura previa.

Rettberg sostiene que el riesgo en departamentos como Arauca o Nariño es cualitativamente superior al de Cundinamarca, debido a la presencia de economías ilícitas. Barrera relata cómo el miedo a las represalias contra sus hijos la obliga a “alzar la voz desde lejitos”.

Así, la violencia actúa como el sensor que apaga las agendas de transparencia que el territorio tanto necesita pero que el conflicto armado se encarga de abortar.

El muro del capital y el estigma social

Más allá de la amenaza física existe un muro invisible pero infranqueable construido con la exclusión económica dirigida. El informe de ONU Mujeres “3.000 voces por la democracia” señala que la falta de recursos financieros es la barrera más letal para quienes aspiran a cargos uninominales en las periferias, una dificultad que Miriam Barrera atribuye al estigma cultural que dicta que “la mujer es para la casa” mientras el hombre domina la provisión y el dinero.

Este estrangulamiento económico no es casual, es una forma de violencia financiera que confina a la mujer al ámbito privado, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones en un mercado electoral capturado por círculos masculinos cerrados.

El Atlas Político confirma esta deserción forzada al mostrar que en departamentos como Amazonas o Guaviare la elección de alcaldesas ha sido históricamente nula o marginal. Rettberg explica que esta presión no solo es económica, sino social, pues de las mujeres se espera que asuman cargas de cuidado que les restan tiempo y capital político para la contienda.

Barrera coincide y añade que romper este esquema en zonas de conflicto requiere un esfuerzo heroico que muchas veces no se traduce en votos debido a la falta de anticipos y créditos de los partidos, quienes suelen ver a las mujeres rurales como candidatas de bajo retorno.

En pleno 2026, la democracia colombiana sigue siendo un mapa incompleto donde las voces de las mujeres en las fronteras se apagan ante la falta de garantías mínimas. Mientras los documentos de política pública como el CONPES 4080 proponen metas de equidad de género hacia el desarrollo sostenible, la realidad que vive Miriam Barrera, y muchas lideresas, demuestra que, en las orillas del país, el poder sigue siendo custodiado por el estigma y la intimidación.

La paridad no llegará a la periferia mientras el costo de participar siga siendo la vida o la ruina económica, una sentencia que Rettberg resume como el gran reto pendiente para una nación que aún no logra que su centro y sus bordes hablen el mismo idioma en términos de democracia.

FUENTE: SEMANA