La Defensoría del Pueblo pidió que los pronunciamientos institucionales se traduzcan en investigaciones efectivas y garantías reales para las víctimas.

Los recientes escándalos por denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión y RTVC reactivaron el debate sobre la dimensión real del acoso sexual en Colombia. Más allá de los casos individuales, la Defensoría del Pueblo advirtió que se trata de una violencia estructural, extendida en distintos ámbitos como medios de comunicación, instituciones públicas, universidades y espacios cotidianos.

En un extenso pronunciamiento, la jefa del organismo, Iris Marín, señaló que estos hechos no son aislados, sino “reflejo de una práctica normalizada”, especialmente cuando involucra a figuras con poder político, institucional o reconocimiento social. En ese contexto, insistió en que enfrentar este fenómeno implica no solo sancionar a los responsables directos, sino también revisar el papel de las organizaciones y entornos que encubren, minimizan o deslegitiman las denuncias.

Cifras de violencia de género

Según un informe de 2020 de la campaña “No es hora de callar” y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido violencia de género en sus espacios laborales, mientras que casi 8 de cada 10 conocen casos similares en sus entornos. En la mayoría de estos episodios, los agresores ocupan posiciones de poder dentro de las mismas organizaciones.

Esto es justamente lo que ha venido quedando en evidencia desde el pasado viernes, cuando Caracol Televisión anunció la suspensión temporal de dos de sus más reconocidos y antiguos periodistas y presentadores. Se trata de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, quienes en las últimas horas salieron definitivamente del canal.

En contra de ambos existen denuncias por presunto acoso sexual en hechos que, según las denunciantes, habrían sido sistemáticos y se remontarían a más de una década.

Para la defensoría también son preocupantes las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar. “Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren, sino cuando pueden”, advirtió, al señalar que el miedo a represalias, la pérdida del empleo, la desconfianza en la justicia y la revictimización siguen siendo factores determinantes para el silencio. Incluso, cuestionó las reacciones sociales que tienden a poner en duda a las denunciantes, en lugar de examinar la conducta de los agresores.

Aunque reconoció avances recientes, como pronunciamientos de la Fiscalía, protocolos adoptados por la Corte Constitucional y medidas anunciadas por medios de comunicación, la entidad fue enfática en que estos resultan insuficientes si no se traducen en investigaciones diligentes.

“Hoy el desafío es que este compromiso se traduzca en acciones concretas, investigaciones diligentes y oportunas, procesos que no revictimicen, decisiones que garanticen verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición”, concluyó la funcionaria.

FUENTE: EL COLOMBIANO