La paciente, de 30 años, tiene tres diagnósticos mentales que hacen de su vida una tortura. Ya le pidió a la justicia que avale su suicidio.

Catalina Giraldo vive una vida incompatible con su idea de dignidad. Ha intentado suicidarse con métodos violentos por lo menos nueve veces, pues su mente es una prisión que la tortura, minuto a minuto, desde hace décadas. Ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Sus antebrazos lucen cortados, en serios intentos por acabar con su vida. Agotada de sí misma, y buscando una salida no violenta para ella y su familia, ahora, pide que Colombia le ofrezca las garantías para acceder al primer suicidio medicamente asistido en la historia del país.

El suicidio medicamente asistido es una práctica profesional que es legal en Colombia desde 2022. Es una medida hermana de la eutanasia, cuya diferencia está en quien toma la decisión final. Mientras en la eutanasia es el equipo médico el que administra los medicamentos para el momento final, en el suicidio medicamente asistido es el mismo paciente quien ejerce la decisión. Cabe aclarar que esta práctica médica no está regulada por el ministerio de Salud, pero se permite en casos de enfermedades graves e incurables. Hasta ahora, no se ha practicado por temas de salud mental.

Catalina Giraldo es una psicóloga bogotana de 30 años que ha intentado todo por mejorar, pero ha sido imposible. Hace años va a psiquiatras, psicólogos y otros profesionales, pero los dolores de cabeza y el inmenso vacío que le carcome el pecho no la dejan vivir. Ya perdió la cuenta de cuantos medicamentos ha probado, sin éxito, para mejorar. Lo único que sabe es que su mente perdió la batalla de tal manera, que lo único que recibe son los efectos secundarios de los medicamentos. En este punto, siente que la única solución viable es parar, por siempre.

Así lo explica el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DescLab, organización líder en incidencia política, jurídica y social para la muerte digna en el país, referente también en Latinoamérica: “Su cuadro clínico es crónico y refractario a los tratamientos ofrecidos. Durante cerca de diez años ha recibido múltiples intervenciones médicas y psicológicas, incluyendo aproximadamente cuarenta esquemas farmacológicos distintos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y seis infusiones de ketamina. Desde 2020 ha requerido alrededor de nueve hospitalizaciones psiquiátricas por crisis agudas”.

La solicitud de Giraldo fue presentada formalmente en octubre de 2025, pero su aseguradora de salud, EPS Sanitas, negó el procedimiento bajo el argumento de que no existe una regulación específica que indique cómo deben actuar las instituciones del sistema de salud frente a este tipo de solicitudes. Luego de eso, Giraldo radicó una acción de tutela por el derecho a la muerte digna, la cual fue negada por un juzgado capitalino de ejecución de penas y medidas de seguridad. Su caso, entonces, puede representar un precedente inédito del cual la justicia puede tomar cartas en el asunto.

DescLab espera, por ejemplo, que el expediente sea seleccionado por una sala de elección de tutelas de la Corte Constitucional, con el objetivo de que se amplíe claramente el derecho a contextos de enfermedades mentales y, además, que el Ministerio de Salud cumpla con su deber de regulación.

“El caso de Catalina plantea una pregunta clave para el sistema jurídico colombiano: si la asistencia médica al suicidio, despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, podrá ejercerse realmente como parte del derecho a morir dignamente o si seguirá limitada por la negligencia y la falta de reglamentación del Ministerio de Salud”, explicó Lucas Correa, director de DescLAB.

Giraldo, por su parte, ha señalado que prefiere la asistencia médica al suicidio en lugar de la eutanasia. Las cifras de salud pública muestran que el fenómeno de la conducta suicida sigue siendo un desafío para el país. Con corte a la semana epidemiológica 53 de 2025 se notificaron 38.758 intentos de suicidio a nivel nacional, superando los 34.566 casos esperados para ese periodo.

Las mayores concentraciones de reportes se registraron en Bogotá, con 5.851 casos, y en Antioquia, con 5.661. Les siguieron Valle del Cauca con 2.118 casos y Santander con 1.790. En contraste, los datos sobre muertes por suicidio muestran una tendencia reciente a la disminución. En 2024 se registraron 2.984 casos, lo que representó una reducción del 5,12 % frente al año anterior. La tendencia continuó en 2025, cuando entre enero y noviembre se reportaron 2.547 muertes, una caída del 6,33 % respecto al mismo periodo de 2024.

El fenómeno afecta de forma desproporcionada a los hombres, quienes representan más del 80 % de los casos registrados. “Negarse a discutir la asistencia médica al suicidio no protege la vida; solo deja a las personas sin opciones seguras”, concluyó Correa.

Jhoan Sebastian Cote Lozano

jhocot@eltiempo.com

FUENTE: EL TIEMPO