2026 no debe ser un año de homenajes a las mujeres, sino de decisiones. La ONU lo declaró Año Internacional de la Agricultora para visibilizar —y corregir— las brechas que frenan a quienes sostienen nuestros sistemas agroalimentarios. Y lo resalto en mayúsculas porque es un año donde se pondrá la lupa en el papel esencial que desempeñamos, a pesar de que a menudo no se nos reconoce. El agro colombiano también tiene una deuda con las mujeres: el 2026, con sus cambios y retos, debe ser el punto de quiebre.  

Hablar del campo en Colombia es hablar de historia, territorio, biodiversidad y, sobre todo, de mujeres. Mujeres que han sostenido por generaciones la agricultura familiar, la seguridad alimentaria local, la transmisión del conocimiento y la resiliencia de sus comunidades frente a crisis climáticas, económicas y sociales. Sin embargo, cuando analizamos quién decide, quién accede a los recursos y quién se beneficia de la innovación, emerge una verdad incómoda: la transformación agrícola del país sigue avanzando sin reconocer plenamente el rol y el potencial de las mujeres rurales. 

La FAO lo subraya: las brechas de género en la agricultura no son un asunto periférico, sino uno de los mayores cuellos de botella para lograr sistemas agroalimentarios prósperos y resilientes. Cerrar las brechas de productividad y salarios entre hombres y mujeres en el agro podría elevar el PIB global en 1 billón de dólares y reducir la inseguridad alimentaria de 45 millones de personas; ignorarlo en Colombia sería renunciar a una ventaja estratégica.  Ese dato —tan contundente— es especialmente relevante para un país como Colombia, donde el agro no solo es un sector clave, sino un actor decisivo en la estabilidad social y económica. 

Porque mientras el sector agropecuario colombiano se consolidó en 2024 como el segundo motor de la economía nacional, con un crecimiento del 7,5% y una contribución del 9,2% al PIB según el Dane y la Ocde, la seguridad alimentaria sigue siendo un desafío profundo.  Esa paradoja —crecimiento económico con vulnerabilidad alimentaria persistente— revela que la productividad no se traduce automáticamente en bienestar. Y en el caso colombiano, una parte esencial del problema tiene rostro de mujer.  

Las desigualdades globales que expone la FAO se replican en nuestro territorio: las mujeres rurales suelen tener menos acceso a tierra, crédito, asistencia técnica, tecnología agrícola y espacios de decisión. Esta desigualdad se expresa en cifras que deberían alarmarnos: a escala global, las agricultoras producen menos no por capacidad, sino por falta de recursos; trabajan más bajo condiciones climáticas adversas que reducen con mayor fuerza el valor de sus cultivos; ganan solo 78 centavos por cada dólar que recibe un hombre; y cargan con tareas de cuidado no remuneradas cuyo valor económico estimado asciende a 10,8 billones de dólares anuales. Estos datos internacionales iluminan, con crudeza, realidades que en Colombia se sienten todos los días en las veredas, las fincas y las asociaciones rurales. 

Como mujer que trabaja en investigación agrícola en Colombia, veo a diario cómo estas barreras frenan la innovación. Pertenecemos a uno de los países más biodiversos del planeta, con un potencial agropecuario inmenso, y sin embargo millones de mujeres —guardianas de semillas, líderes de asociaciones, trabajadoras de campo, profesionales de la ciencia— seguimos operando sin el reconocimiento, las herramientas o la influencia necesarios para transformar ese potencial en desarrollo sostenible. Y lo más grave: sin cerrar la brecha de género, Colombia perderá una de sus ventajas más estratégicas. 

La FAO ha sido clara: empoderar a las mujeres rurales podría aumentar los ingresos de 58 millones de personas y fortalecer la resiliencia de otros 235 millones. Esto no es solo una proyección mundial; es un indicador del impacto que podríamos tener si alineamos nuestras políticas agrícolas, sociales y de innovación con una perspectiva de igualdad real. Así como Colombia ha avanzado en infraestructura agroclimática, en la adopción de agricultura de precisión y en el fortalecimiento de cadenas productivas, debemos avanzar con igual determinación en garantizar que las mujeres accedan a tierra, financiamiento, tecnologías, servicios de extensión y espacios de liderazgo. 

El Año Internacional de la Agricultora llega en un momento decisivo para nuestro país. En un contexto donde el agro es un motor económico, la reforma rural integral sigue avanzando, la adaptación climática es un imperativo y la seguridad alimentaria no puede seguir postergándose, ignorar la centralidad de las mujeres rurales no es solo injusto: es ineficiente. Estas mujeres ya producen, ya cuidan, ya innovan, ya sostienen territorios enteros. Lo que falta es que el país —sus instituciones, empresas, centros de investigación y tomadores de decisión— las pongan en el centro de la política agrícola. 

Como líder que trabaja desde Colombia para desarrollar soluciones basadas en evidencia, tengo absoluta claridad de que la igualdad de género no es un ideal, es un camino que contribuirá al bienestar agrícola. No hay agricultura regenerativa, no hay transformación productiva, no hay seguridad alimentaria y no hay adaptación climática si seguimos dejando atrás a las mismas mujeres que sostienen, con su trabajo visible e invisible, la columna vertebral del campo colombiano. 

2026 debe ser un punto de inflexión. No debe ser un año de homenajes, sino un año de decisiones. Un año en el que el país entienda que el futuro del agro —innovador, sostenible, competitivo y resiliente— no será posible sin las mujeres que lo han construido en silencio durante décadas. Es hora de escucharlas, invertir en ellas, aprender de ellas y, sobre todo, darles las herramientas y el poder para transformar el campo colombiano de manera irreversible. 

La igualdad no es un gesto simbólico: es la tecnología social que más rápido convierte productividad en bienestar sostenible. 

FUENTE: LA SILLA VACIA