Control, violencia armada e impunidad son algunos de los factores en común que, según expertas, se siguen repitiendo en los feminicidios registrados durante los primeros meses de 2026. Un departamento que ya registra más casos que en el mismo periodo del año anterior.

En lo corrido de 2026, Antioquia se ha ubicado entre los departamentos con mayores cifras de feminicidio en el país. El año empezó con el hallazgo del cuerpo sin vida de Natalia Lezcano Patiño en una vivienda del barrio Montesol, donde también se encontraba William Cardona Avendaño, su pareja y señalado como presunto responsable del crimen. Días después, el departamento recibió otra noticia sobre el asesinato de Yuliza Orozco, una mujer trans reconocida en su comunidad, quien había sido reportada como desaparecida.

A estos casos se sumó el de Luisa Fernanda Hernández Montiel, una adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un sector cercano al municipio de Santa Fe de Antioquia. Entre los hechos más recientes está el de Nelly Tuberquia Cano, en el municipio de Peque, en el occidente antioqueño, un crimen que provocó manifestaciones de habitantes de la zona, quienes recorrieron las calles con velas para exigir justicia ante el aumento de las violencias basadas en género.

Según información entregada a este diario por la Secretaría de las Mujeres, con corte al 5 de febrero, el departamento ha registrado 14 presuntos feminicidios, una cifra que representa un aumento frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 12 casos en el territorio antioqueño. Estos hechos vuelven a ubicar a Antioquia entre los departamentos con más feminicidios del país, luego de que el año pasado ocupara el tercer lugar.

Entre los otros casos también figuran presuntos feminicidios de Marina Fernanda Saldarriaga, María Consuelo Vélez Montoya, Laura Camila Olaya Toro, Liliana María Jiménez, Luisa María Mejía Mosquera, Ariemy Valentina Quintero Paz, y Jennifer Pérez Gutiérrez. Se trata de mujeres de distintas edades. En varios de estos hechos, las investigaciones señalan a sus parejas o exparejas como presuntos responsables. En otros casos, las mujeres fueron atacadas en espacios públicos o sus cuerpos aparecieron en vías. Todos los procesos continúan en etapa de investigación.

“Observamos un pico que se presentó en los primeros días del mes de enero que, sin duda, se soporta o se sustenta en una problemática estructural. La violencia contra las mujeres, no solamente como un síntoma de las desigualdades, sino como una forma de perpetuarlas a través de ejercicios de dominación”, dice Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia, en entrevista con El Espectador.

Si bien la funcionaria explica que varios de estos hechos encajan en la categoría de feminicidio íntimo, Antioquia también registra asesinatos de mujeres asociados a estructuras criminales, disputas entre organizaciones ilegales y economías ilícitas.

Fue justo este panorama lo que llevó a que la Gobernación de Antioquia incrementara a más de $14 mil millones —un 43 % más que en 2025— el presupuesto destinado a fortalecer mecanismos de atención, protección y prevención de las violencias contra las mujeres, asegura la entidad.

Los factores en común detrás de los feminicidios en Antioquia

Independientemente del departamento o la ubicación, esta forma de violencia casi siempre busca enviar un mensaje social, castigar y reafirmar un orden. Se apoya en un entramado de desigualdades que ha puesto históricamente a mujeres y niñas a un mayor riesgo, de manera desproporcionada, frente a la violencia.

Aun así, Carol Rojas Garzón, coordinadora del Observatorio Colombiano de Feminicidios de Republicanas Populares, considera que Antioquia presenta particularidades que, además del patrón estructural, agravan el panorama. La extensión del territorio, la presencia de grupos armados, las disputas por el control y el sexismo que persiste en la cultura.

“Históricamente, este departamento ha tenido grandes expresiones de militarización y también tenemos un sistema patriarcal profundamente arraigado en ideas conservadoras, que se activa en este tipo de violencias”, explica en conversación con este diario.

Así como existen razones estructurales detrás de estas violencias, también se repiten ciertos patrones en los presuntos feminicidios. En su mayoría, se cometen con armas de fuego y las principales víctimas son mujeres de la clase trabajadora, dice. En varios de estos casos, los cuerpos son encontrados en espacios públicos, como una forma de exhibir la letalidad y enviar un mensaje de control.

Además, Rojas explica que, dentro de algunas bandas criminales, se repiten dinámicas en las que el asesinato de mujeres, incluidas parejas o exparejas de integrantes de estos grupos, se utiliza para enviar mensajes a los grupos rivales. En ese escenario, también resultan especialmente afectadas las trabajadoras sexuales y mujeres que mantienen vínculos afectivos con personas relacionadas con estas estructuras.

Esta característica es lo que la experta identifica como un patrón común predominante, en el que estas violencias buscan enviar un mensaje de orden y control, que establece cuáles comportamientos son considerados aceptables y cuáles no. “Ojo, no quiere decir que en las casas no esté sucediendo, sigue sucediendo. Y es cuando los hombres tienden el control del dominio sobre la mujer, sobre su compañera, sobre su hija, y entonces lo hacen en casa. Pero cuando estamos hablando sobre la militarización, generalmente ocurren en espacios públicos”, agrega Rojas.

Estas dinámicas muestran que no se trata solo de conflictos amorosos o estructuras criminales, sino de la forma más extrema de la violencia de género y de la discriminación que enfrentan mujeres y niñas, especialmente en contextos donde las condiciones de subordinación y las desigualdades sociales las mantienen en una situación de riesgo constante. Por eso, en Colombia la Ley 1761 de 2015 tipificó el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal, con el objetivo de garantizar su investigación y sanción cuando el crimen está motivado por razones de género.

Aun así, en este panorama, la impunidad aparece como otro factor clave. Cada caso que no se investiga ni se resuelve también habla de la desprotección. “La impunidad frente a la crueldad comunica que no somos dueñas de nosotras mismas, sino que le pertenecemos a un patrón, a un marido, a una banda o a alguien más. Es como una violencia que se puede ejercer y que se perpetúa por las condiciones económicas profundamente desiguales que tenemos las mujeres”, menciona Rojas.

Aunque los asesinatos de mujeres en Antioquia han mostrado una reducción frente a otros periodos, la violencia contra ellas sigue siendo una realidad persistente en el territorio. En 2025 se registraron 108 casos, el balance más bajo en siete años, según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

FUENTE: EL ESPECTADOR