La negación del reconocimiento legal de la identidad de las mujeres trans en Colombia no solo perpetúa la discriminación, sino que representa una traba estructural para el acceso a la justicia.

Esta omisión institucional impide calificar sus asesinatos como feminicidios, invisibilizando la violencia basada en el género y obstaculizando la sanción efectiva de los responsables.

En Colombia, la Ley 1761 de 2015 y la Sentencia C-297 de 2016 de la Corte Constitucional reconocen que las mujeres trans pueden ser víctimas de feminicidio. Sin embargo, la aplicación judicial de estas normas se encuentra marcada por un sesgo estructural: si el dictamen forense o el registro civil nombra a la víctima con identidad masculina, el crimen tiende a calificarse como homicidio común, no como feminicidio.

Esto ocurrió incluso en el único caso reconocido judicialmente como feminicidio de una mujer trans: el de Anyela Ramos. A pesar de la condena, la sentencia la identifica como «Ángel Ramos», reduciendo su identidad de género a un alias. Esta práctica judicial, lejos de proteger a las víctimas, termina borrando su existencia.

Una violencia sistemática ignorada por el sistema penal

La Defensoría del Pueblo reportó en enero de 2026 dos transfeminicidios y dos intentos de feminicidio contra mujeres trans en apenas unas semanas, reflejo de una violencia sistemática que rara vez se reconoce como feminicida.

Según el informe de Laurie Nicolle Cely Céspedes, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, el problema no radica en la ausencia de normas, sino en la falta de criterios judiciales claros y operativos para interpretar los hechos desde la identidad real de la víctima.

“No se trata de crear nuevas leyes, sino de usar las que existen con enfoque de género”, afirma la investigadora.

La necropsia suele ser el punto de partida que condiciona la investigación judicial en casos de mujeres trans asesinadas. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.

Las trabas judiciales que impiden juzgar feminicidios

El estudio evidenció varios obstáculos clave:

• El dictamen forense basado en genitalidad elimina el enfoque de género desde el inicio.
• La falta de formación de jueces y fiscales sobre identidades trans genera decisiones descontextualizadas.
• La exigencia de pruebas de violencia previa, muchas veces ausentes por la precariedad probatoria, impide tipificar correctamente los feminicidios.

Uno de los jueces entrevistados reconoció: “A la mujer transgénero la sociedad no la entiende, no sabe quién es ni cómo se identifica como mujer”.

Urge reconocer la identidad jurídica trans como prueba

Incorporar la identidad jurídica trans como medio probatorio dentro del proceso penal, incluso si no ha sido modificada formalmente en registros civiles, es una medida concreta para garantizar justicia.

Esto permitiría:

• Investigar desde el inicio con enfoque de género.
• Evitar la recalificación automática como homicidio.
• Ampliar la capacidad del Estado para sancionar feminicidios contra mujeres trans.

El reconocimiento legal de la identidad trans no es un gesto simbólico. Es una herramienta concreta para que la justicia valore la vida y trayectoria de las víctimas, y nombre el crimen por lo que realmente es: violencia de género letal.

Datos clave sobre violencia contra mujeres trans en Colombia

• 🔴 2 transfeminicidios y 2 tentativas en enero de 2026 (Defensoría del Pueblo).
• ⚖️ Solo un caso reconocido judicialmente como feminicidio de una mujer trans.
• 📚 Más de 10 operadores judiciales entrevistados reconocen falta de herramientas y capacitación para aplicar el tipo penal de feminicidio en estos casos.
• 👩🏽‍⚖️ Ley 1761 de 2015 y Sentencia C-297 de 2016 sí permiten aplicar el feminicidio a mujeres trans, pero no se implementan de forma efectiva.

FUENTE: LA PATRIA