Entre 2002 y 2008, al menos 17 habitantes de calle de la capital antioqueña fueron engañados por militares con falsas ofertas de empleo y luego asesinados y presentados como guerrilleros. Omaira Montoya, una sobreviviente de las calles que se salvó de caer en el engaño, ahora es parte de la memoria de quienes sufrieron la doble orfandad de familia y de justicia.


Trata de afinar su voz, las palabras le salen como un suspiro que se va yendo. Entonces Omaira Montoya, a sus 63 años, habla sin parar. Va enredando recuerdos con fechas imprecisas, el tiempo va y se devuelve. Conversar con ella es tratar de ubicarse, no solo en su testimonio, sino en la historia de una ciudad que ha hecho invisibles y quiere borrar a quienes habitan la calle.

Cuando evoca su infancia, Omaira endereza la espalda. Creció en el barrio Enciso, en el norte de Medellín, en una casa donde el hambre y la violencia eran rutina. Su madre cosía con retazos para vestir a los 12 hijos; su padre, alcohólico, descargaba la rabia en golpes. Desde niña aprendió a resistir. Fuerte, acuerpada y rebelde, se fue de su casa a los ocho años para buscar trabajo y libertad. En la barbería donde barría y lavaba toallas conoció a una mujer que le mostró el amor y las noches del Parque Bolívar.


Allí, entre bares y peleas, se formó como lideresa. Era defensora por instinto, protectora de las suyas, una “cacica” que imponía respeto con carácter y cuchillos escondidos entre la ropa. La calle se volvió su escuela por 40 años. En los años ochenta y noventa recorrió los túneles y aceras de Medellín, entre drogas, hambre y violencia. Vio morir a muchos, durmió enferma y con miedo, pero también encontró gestos de cuidado que le recordaban que seguía viva.


En 2006, un amigo de Omaira, conocido como “Guerrero”, llegó emocionado a mostrarle $10.000 pesos que le regaló un supuesto campesino. Le contó que era un señor bien vestido que llegó a las calles en busca de trabajadores para recoger moras en una finca. La oferta incluía un salario mensual, además de alojamiento y comida.

La propuesta motivó que Omaira y él se unieran a un combo de personas que querían trabajar. Pasaron la noche reunidos, no “soplaron”—como se le dice coloquialmente a esnifar drogas—, compraron mecato con ese billete, hablaron del viaje, e incluso planearon en qué patio dormirían antes de irse juntos. Al día siguiente, salieron al punto de encuentro, cerca de la estación Prado del Metro de Medellín, el sitio donde los recogían para llevarlos.


—Cuando salí, vi al Guerrerito sin camisa, todo flaquito, pegado al pequeño camión.


Omaira le preguntó quién faltaba, se devolvió a confirmar si no se quedaba ninguno. Eran más o menos 20 los “parceros” que se habían unido a la aventura. Aprovechó para entrar al baño y en ese momento escuchó un ruido fuerte, un golpe seco. Cuando salió, el carro ya había arrancado. Se fueron sin ella.


Se quedó esperando unas tres horas a que volvieran, pero nadie regresó. Durante un mes fue cada mañana al mismo lugar, convencida de que volverían. Preguntó mucho por ellos, pero nadie tuvo noticias.

Entre ese dolor y los años de adicción, llegó la fe. Omaira ayunó, leyó la Biblia, predicó en parques. Dice que Dios la sanó del cáncer y le dio fuerzas para luego salir de la calle. Ingresó a programas de la Alcaldía de Medellín, aprendió jardinería, a coser muñecas de trapo y pegar cierres, vendió chicles, luego lideró un proyecto y montó una empresa comunitaria de confecciones que empleó a otras mujeres. En 2011 dejó definitivamente la calle y trabajó casi una década como educadora.


Su nueva vida le ayudó a comprender lo que pasó realmente cuando las ofertas de trabajo en fincas llegaron a las calles, y por qué no supo nunca más de sus amigos. Se enteró de que sus compañeros probablemente habrían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Militares, quienes los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, es decir, habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Dice que esa revelación la devastó. Lloró mucho al comprender que esa, su familia social, había sido asesinada.


—Yo estaba convencida de que estaban vivos.


El Águila, la Rata, Arena de Cementerio, La Hormiga, La Ardilla, El Pájaro, son algunos de los apodos que recuerda. Cada nombre fue una vida truncada. Al recordarlos, dice que siente que Dios tuvo misericordia con ella por haberla dejado viva.


Resistir al desgaste y al silencio


“¿Desechable quién?”, se lee en varios carteles pegados sobre la pared de la Corporación Everyday Homeless, ubicada en el sector de La Candelaria, en pleno Centro de Medellín, donde convergen los lugares culturales más emblemáticos y los recodos donde están los más de 8.000 habitantes de calle que documenta la misma organización. Jorge Calle, fotógrafo y líder del colectivo, cuenta que conoció a Omaira hace varios años, cuando ambos coincidían en los espacios del sistema habitante de calle en el Centro Día.


El Centro Día es un programa de la Alcaldía de Medellín creado desde 1992 para atender a personas en situación o riesgo de calle. Allí se ofrece alimentación, duchas, lavado de ropa, atención psicosocial, talleres de autocuidado y acompañamiento para quienes quieran iniciar procesos de resocialización. Omaira, quien pasaba con frecuencia por allí, comenzó a involucrarse hasta convertirse en una figura conocida por su liderazgo.


—Ella es una líder innata y tiene una historia muy fuerte—dice Jorge.


Cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó a reconocer por los testimonios de comparecientes de la Fuerza Pública que entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales había habitantes de la calle, la organización de Omaira fue convocada para acompañar el proceso y ella misma se convirtió en una voz fundamental.


Entre 2002 y 2008, la JEP indicó que un número desconocido de habitantes de calle fueron reclutados con engaños desde Medellín. Los militares los buscaban por su vulnerabilidad, por la facilidad para convencerlos con una promesa de trabajo, un plato de comida o unos cuantos billetes. Muchos de ellos fueron trasladados a zonas rurales y asesinados para ser presentados como supuestas bajas de combate. Los vestían con ropa oscura o camuflada para simular que eran guerrilleros o paramilitares. Después de asesinarlos, los militares destruían sus documentos y los sepultaban como personas no identificadas en cementerios municipales.


A cambio de presentar bajas en combate, el tribunal halló que los militares recibían diversos beneficios como vacaciones, bonificaciones, medallas, cursos formativos e incluso ascensos en sus cargos. Antioquia, con 1.611 víctimas según la JEP, fue el departamento más afectado por esta violencia, con el 25% de las 6.402 ejecuciones ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008.


La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha priorizado dentro del caso 03 que investiga este tipo de ejecuciones a la Brigada IV del Ejército, que operaba en Antioquia, por su participación en este patrón criminal. Son aproximadamente 100 personas desaparecidas, según registros de la entidad, quienes fueron presentadas como falsas bajas por integrantes de esa brigada.


En la primera sentencia relacionada con las ejecuciones extrajudiciales, del 18 de septiembre de 2025, la JEP condenó a 12 integrantes del Batallón La Popa por su responsabilidad en 135 casos de “falsos positivos” entre 2002 y 2005, en el sur de La Guajira y el norte del Cesar.

Para el caso Antioquia aún no hay sentencia, pero sí se han realizado audiencias públicas donde los comparecientes —exmilitares, víctimas y representantes de la sociedad civil— se encuentran cara a cara. En la primera de esas diligencias, realizada el 27 de junio de 2023, el entonces comandante del Batallón de Contraguerrillas N.º 79, Efraín Prada, reconoció que bajo su mando ocurrieron los asesinatos de los habitantes de calle y mencionó fechas precisas: 3 y 17 de marzo, y 28 de abril de 2006.

En la Audiencia de Definición de la Situación Jurídica, realizada el 27 de marzo de 2025, 15 militares retirados que no fueron catalogados como máximos responsables aceptaron su participación en los asesinatos de habitantes de calle reclutados bajo engaño entre 2002 y 2008; y recibieron la renuncia a la persecución penal tras reconocer su participación y contribuir a la verdad y la reparación de las víctimas.

Ese día, Omaira viajó a Dabeiba para la audiencia. A pesar de los nervios por dar cuerpo al testimonio de los habitantes de calle víctimas, sus gestos se convirtieron en un símbolo de reconciliación. Jorge, su amigo, aún se asombra al recordarla abrazando a los hombres que confesaban sus crímenes.


—Ella entiende el papel de ellos, que están haciendo un esfuerzo muy grande. Yo no lo entendí al principio, pero después las reflexiones de Omaira me hicieron verlo distinto. Su gesto era profundamente político. Ella va, se para, les da un abrazo y les dice: “Parce, es que yo también estuve ahí. Yo también decidí cambiar mi vida”. Y ellos también empiezan a entender que pueden hacerlo.


El grito común


Aunque la Unidad para las Víctimas no tiene un registro preciso sobre cuántas de las 6.402 muertes registradas por la JEP como falsos positivos eran habitantes de calle, sí reconoce los efectos del conflicto armado sobre esta población que ha sido sujeto de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violencias. Pero los hechos han sido invisibilizados por la falta de datos y seguimiento institucional.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), por su parte, ha realizado entregas dignas de personas que estuvieron en situación de calle, pero tampoco cuenta con información discriminada ni sistematizada sobre el número de víctimas. El caso más reciente es el de Henry de Jesús Zapata, quien vivió en la Comuna 13 y posteriormente en el centro de Medellín, de donde desapareció en 2006. Su cuerpo, inhumado como no identificado en el cementerio de Granada, al Oriente antioqueño, fue entregado a su familia en agosto de 2025.

Esa ausencia en los registros no es solo un vacío estadístico, sino una expresión más de la exclusión que impide la verdad y la justicia. Así lo señala Claudia Rengifo, investigadora de la Corporación Con-vivamos, quien sostiene que, en Medellín, “una ciudad conservadora y jerarquizada”, persiste la idea del “desechable”, del que no cuenta. “Sin políticas que acompañen o siquiera registren a las personas que habitan la calle, es fácil que alguien desaparezca sin dejar rastro”, advierte.


Para la experta, el caso de Omaira y sus compañeros revela una verdad más amplia sobre Medellín, la ciudad donde las políticas de “limpieza social” encontraron terreno fértil en la indiferencia.


Ante el vacío estadístico también nacieron luces de solidaridad. Cuando la JEP empezó a exhumar cuerpos en Dabeiba, Luz Amparo Mejía, representante del colectivo Madres de la Candelaria–Línea Fundadora, propuso algo que cambiaría la historia de esta población marginada:


—A partir de hoy, nosotras somos las madres adoptantes de esos chicos encontrados allá. Nosotras vamos a hablar por ellos, porque si no hablamos nosotras, ¿quién va a hablar por ellos?


Tras esa adopción simbólica que hicieron ante la JEP, Luz Amparo conoció a Omaira. Desde entonces la describe como una hermana y ejemplo de vida, quien no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la memoria viva de lo que se vive en la calle y el recuerdo de esas personas que ya no están.


Ahora, la esperanza común de estas voces es que el país reconozca esas vidas borradas. Jorge y Omaira sueñan con salir a buscar a sus familias tocando puerta por puerta y decirle a la gente: “Si usted tiene un familiar desaparecido, acérquese, deje su ADN”. Para ellos, esa es la verdadera justicia restaurativa: reconocer, buscar, incluir.

—Yo tengo fe de que ellos van a aparecer. Es muy doloroso, porque todos eran hombres, todos de la calle. Y saber que Dios permitió todo esto… que me dejara viva a mí.


Omaira convirtió su casa en un albergue para recibir a otros habitantes como ella que, voluntariamente, se han reeducado con la Alcaldía y quieren dejar la calle.

Su testimonio, de a poco, trata de devolverles la dignidad a los habitantes de calle desaparecidos. Su palabra ronca, quebrada, fuerte y valiente, es la memoria de una generación de invisibles que aún espera justicia.


FUENTE: EL ESPECTADOR