Una acción de cumplimiento interpuesta por organizaciones habría acelerado la expedición del documento que reglamenta la ley que protege a madres, hermanas, hijas, tías y amigas de personas desaparecidas.

Hay quienes no tienen más alternativa que esperar en medio del dolor que arrastran.

Esa ha sido la historia de las mujeres buscadoras en Colombia: esperar alguna respuesta de ese familiar que nunca volvieron a ver; esperar el reconocimiento institucional a su trabajo entre reiterados intentos por desacreditarlo; y esperar, durante casi dos años, a que se firmara el decreto que hace valer la ley que las protege.

Ese último momento llegó este 26 de enero, cuando quedó en firme la medida que hace efectiva la Ley 2364 de 2024, conocida como Ley de Mujeres Buscadoras, un paso normativo sin precedentes que reconoce oficialmente a madres, hermanas, hijas, tías y amigas de personas desaparecidas como sujetos de especial protección del Estado.
“La recibimos con lágrimas en los ojos. Muy emocionadas, porque sentimos que desde el cielo Yanette Bautista materializa su legado y nos muestra que debemos seguir adelante. Nos da fuerzas, nos reconforta y nos recuerda que vale la pena levantarnos todos los días a exigir nuestros derechos y los de nuestros seres queridos. Ha sido una noticia muy hermosa después de décadas en las que las mujeres buscadoras estuvieron invisibilizadas”, dijo a este diario Andrea Torres, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista e hija de Yanette Bautista.

No todas alcanzaron a presenciar este logro. Algunas se fueron quedando en el camino, como Bautista -una de las principales impulsoras de esa ley- quien falleció el pasado 1 de septiembre. La confirmación del decreto desató entonces emociones contenidas durante décadas de lucha para que el trabajo de búsqueda —realizado tantas veces sin recursos, sin garantías y con el peso de la soledad— fuera finalmente reconocido.

Aunque la Ley de Mujeres Buscadoras fue aprobada el 4 de abril de 2024, su aplicación dependía de la firma del decreto por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin ese paso, la norma carecía de herramientas operativas. La urgencia, entonces, era clara: sin reglamentación no podían activarse los mecanismos previstos para el reconocimiento y la reparación de las mujeres buscadoras.

Cansadas de los incumplimientos, organizaciones de buscadoras iniciaron el 15 de enero los trámites para interponer una acción de cumplimiento. “Empezamos a enviar requerimientos a distintas entidades, comenzando por la Presidencia, porque considerábamos que ya se habían cumplido todos los plazos y términos establecidos por la ley”, explicó Torres. Según relató, el avance de este proceso fue conocido por las instituciones involucradas. “Eso fue lo que finalmente impulsó la firma del decreto”, agregó.

La acción de cumplimiento se sumó a la campaña de incidencia que las buscadoras iniciaron el 23 de octubre, con la creación de la Red Nacional de Mujeres Buscadoras. Desde entonces, difundieron videos y material gráfico para visibilizar su trabajo en territorios como Buenaventura, Montes de María, Putumayo y el Valle del Cauca, y presionaron a las entidades del Gobierno para que firmaran el decreto.

“La renuncia del entonces ministro de Justicia –Eduardo Montealegre– obligó a volver a someter el decreto a revisión, lo que nos generó mucha angustia, por eso comenzamos la estrategia de incidencia”, explicó Torres.

¿Qué dice el decreto?

Uno de los elementos centrales del documento es la puesta en marcha del Registro Único de Mujeres Buscadoras, que estará bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Este mecanismo permitirá acreditar oficialmente la condición de mujer buscadora y facilitará el acceso a derechos como vivienda, seguridad social, educación, atención médica y apoyo psicosocial. La UARIV tendrá un plazo máximo de seis meses para diseñarlo, administrarlo y ponerlo en funcionamiento.

“El decreto también establece una hoja de ruta para la implementación de la ley, aclarando las competencias de cada institución y orientando a los ministerios sobre cómo garantizar los derechos de las mujeres buscadoras”, explicó Torres.

Esto incluye garantizar el derecho a la salud, generar acciones del Ministerio del Trabajo y establecer rutas de priorización que refuercen su condición como sujetos de especial protección del Estado. “La norma da respuesta a todas las instituciones que estaban esperando instrucciones para aplicar la ley”, añadió la directora de la Fundación Nydia Érika Bautista.

La firma del decreto se sintió como una bocanada de aire, necesaria no solo para mantener viva la memoria de los desaparecidos, sino también para encontrarlos, con garantías, recursos y seguridad.

Torres dice que están conformes con lo que se firmó. “Participamos activamente con el Ministerio de Justicia, planteando nuestras exigencias, haciendo comentarios y observaciones, muchas de las cuales fueron finalmente recogidas. Es un documento que reconoce nuestro trabajo y garantiza la protección que las mujeres buscadoras merecen. Esto nos deja con muchas ganas de seguir trabajando”, concluyó.

FUENTE: EL ESPECTADOR