La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará el próximo 17 de noviembre la situación regional de las prácticas de mutilación genital femenina (MGF), una violación de los derechos humanos que, según se ha constatado, se realiza a niñas en al menos tres países del continente, pero que puede estar extendida en más lugares ante la ausencia de control y prevención por parte de los Estados.

La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. Se practica sobre todo en niñas que se encuentran entre la edad infantil y los 15 años, de acuerdo a datos de Unicef.

Esta práctica nociva afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo y se realiza en al menos 94 países, de los cuales solo 59 han abordado este tema en su marco jurídico, es decir, el 37 % no disponen o cuentan con medidas concretas sobre esta práctica de violencia basada en género, siendo África el continente con mayor legislación al respecto.

En América «sigue siendo una práctica oculta», denuncia Leandra Becerra, abogada de la organización Equality Now, que participará junto a expertas, lideresas indígenas y sobrevivientes de la MGF en la audiencia pública de la CIDH.

«Tenemos datos de Canadá, Estados Unidos y Colombia, siendo éste último el único país de América Latina que ha reconocido de forma oficial la realización de la mutilación genital femenina en su territorio», explica Becerra.

La situación de la ablación de niñas en América

En Estados Unidos, señala la experta, la práctica está muy asociada a comunidades religiosas. En el 2016, los datos arrojaban que aproximadamente 513.000 niñas y mujeres estaban en riesgo de ser mutiladas o habían sido mutiladas.

Mientras que en Canadá de 95.000 a 161.000 niñas y mujeres han sufrido o están en riesgo y «el tratamiento que se le ha dado es como si fuera un problema únicamente extranjero, es decir, que la mutilación se realiza a causa de la migración», señala la abogada.

Esta práctica salió a la luz en Colombia en 2007, cuando dos niñas del pueblo indígena emberá murieron a causa de la ablación. De ahí en adelante los casos identificados se fueron incrementando, pues entre 2020 y 2024 se reportaron al menos 115 casos de mutilación genital en el país.

«En un contexto muy complicado porque se realizan a bebés recién nacidas, de cero a quince días», lamenta Becerra.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, se estima que dos de cada tres mujeres emberá han sufrido MGF. También existen registros de esta práctica en comunidades del pueblo afrocolombiano, población mestiza y migrante, de acuerdo a datos recogidos por Equality Now.

En 2024, se reportó que en Bogotá una niña de 13 años también había sido víctima de una mutilación genital.

«Uno de los elementos que queremos pedir a la Comisión Interamericana es que en toda América se necesitan más datos. No tenemos certeza de cuál es la prevalencia real de la mutilación genital femenina», señala la abogada.

Añade que en la región «ni siquiera hay una conversación» sobre este tema «porque se considera que es un problema únicamente de África o de Asia», lo que impide que se pueda identificar y que se implementen políticas públicas para prevenir y responder ante potenciales casos.

Un hecho histórico en la Comisión Interamericana

Becerra cataloga como histórico el hecho de que este tema sea analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que permitirá a lideresas indígenas contar desde su voz y su experiencia cuál es la urgencia de abordarlo y sobre todo de erradicarlo.

«Lo que queremos es que la Comisión Interamericana pueda solicitar a los Estados tomar acción. Creemos que debería abordarse desde un enfoque que pueda reparar y transformar para que la erradicación pueda ser una una realidad. Si no se transforma la realidad donde viven estas niñas y estas mujeres este y otro tipos de violencias se van a incubar, a reproducir y van a volver a suceder», menciona.

Pero sobre todo que se comprenda que es una violencia basada en género que está muy arraigada en las comunidades.

«Se tiene la creencia de que la comunidad y los hombres tienen el derecho y el poder sobre el cuerpo y por ende la sexualidad de las niñas y las mujeres. Desde el primer día de nacida se le está diciendo a la niña que se le practica la mutilación: ‘Vamos a poder decidir por ti, sobre tu cuerpo, sobre tu placer, sobre tu sexualidad’, llevándolas incluso a la muerte», añade.

La abogada Lina Tobón, indígena emberá chamí y directora de la organización Akubadaura, coincide con Becerra e indica que dentro de su pueblo «hay una concepción de que hay que mutilar el clítoris porque, cuando las niñas crecen, se puede volver un pene, y que, si no se mutila, las niñas van a ser promiscuas».

«Esto de cierta manera las pone en una vulnerabilidad frente a cómo las perciben, frente a las expectativas sociales de adultas, de ser aptas para el matrimonio», agrega.

Pronunciamiento vital para erradicar la mutilación genital

Tobón señala que ella conoció de la práctica a través de su familia, y que la realizan principalmente las parteras y las abuelas.

«A veces hay mucha presión hacia las madres que quieren proteger a sus hijas, pues se hace muy al interior de los hogares, muchas veces sin que los hombres supieran mucho de esto, aunque su actuación también ha sido muy pasiva», menciona.

Asegura que empezó a trabajar en estos temas porque se dio cuenta de que las violencias y discriminaciones hacia las mujeres siempre han estado rezagadas en las luchas indígenas, que se enfocan más en avanzar en derechos colectivos relacionados con las consultas previas, con temas presupuestales o en proyectos de leyes ambientales.

«Realmente lo que se requiere es un trabajo grande con las parteras, con las mujeres, con las autoridades, con los centros educativos; permitirle a las comunidades de manera crítica reconocer la práctica y revisar y ser parte de la solución por la vida y la seguridad de las niñas indígenas», menciona.

Por eso cree que un pronunciamiento de la CIDH puede ser vital para que las políticas públicas y normativas en Colombia en materia de erradicación de mutilación genital femenina puedan contar con un enfoque diferencial y que puedan construirse y dialogarse con las comunidades en donde se da la práctica.

«Es muy importante que se reconozca que en Sudamérica se dan este tipo de violaciones a los derechos humanos, hacia las mujeres y en especial hacia las niñas indígenas y que no hemos abolido estas prácticas nocivas», concluye.

FUENTE: EFEMINISTA