Entre 2017 y 2024 se registraron más de 32,7 millones de atenciones en salud a migrantes en Colombia, de las cuales el 67,5% se brindaron a mujeres.

La migración venezolana en Colombia está marcada fuertemente por la feminización. De hecho, a la fecha, más del 51% de las personas migrantes venezolanas con vocación de permanencia en el país son mujeres y en edades productivas.

Esto hace necesario que las políticas de Estado en temas migratorios deban tener un enfoque de género transversal. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Observatorio Nacional de Migraciones (ONM) levantó un informe llamado ‘Todas somos Dignas. Caracterización de mujeres migrantes en Colombia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos’, en el cual hace un análisis detallado de las barreras que aún persisten y consigue esta población en su derecho de acceder a estos servicios en Colombia. 

El documento concluye que aún “persisten las barreras estructurales y operativas en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres migrantes, lo que se refleja en la caída sostenida en las atenciones de planificación familiar desde 2022, a pesar de las altas necesidades asociadas a la movilidad humana y el gran porcentaje de mujeres gestantes no afiliadas al SGSSS”.

Además, de la disminución en el número de consultas de planificación que puede tener implicaciones directas en el aumento de embarazos no planificados, afectando la autonomía reproductiva y aumentando la exposición a riesgos sanitarios, sociales y económicos para esta población en situación de vulnerabilidad.

En la investigación hecha por el DNP, se especifica que entre 2017 y 2024 se registraron más de 32,7 millones de atenciones en salud a personas migrantes en Colombia, de las cuales el 67,5% se brindaron a mujeres, esto significa 22,1 millones de mujeres. El resto fue para los hombres (10,7 millones).

“Esta notable diferencia evidencia una desigualdad persistente en la distribución de atenciones por sexo, donde las mujeres concentran más del doble de las atenciones que los hombres en todos los años analizados. Esta brecha puede estar relacionada con una mayor demanda de servicios de salud sexual y reproductiva, controles prenatales, atención materna e infantil, y otros servicios vinculados a condiciones específicas de género”, detalla el informe.

El informe señala que este patrón ha sido contante en temas de atención en salud. 

Mariana López, venezolana residenciada en Cúcuta hace 4 años, contó que ella ha acudido básicamente a atenciones ginecológicas y obstétricas en el sistema de salud colombiano, tras su segundo embarazo, el cual tuvo un feliz término hace un año. “Llegué a Colombia sin tener previsto salir embarazada, pero se dio la oportunidad y tras un proceso de planificación con mi pareja acordamos tener un bebé y acudí a todos mis controles, pero además me registré en el Sisbén”, contó esta migrante. 

Sobre el registro en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) el informe especifica que desde noviembre de 2017 hasta el 7 de marzo de 2025 un total de 1.178.169 personas migrantes venezolanas se registraron distribuidos en 616.187 hogares.   

“Las mujeres representan la mayoría de la población registrada, con 666.268 inscritas (56,6%), frente a 511.901 hombres (43,4%). Tan solo en los primeros tres meses de 2025 se incorporaron 23.149 personas venezolanas, de las cuales el 58,9% fueron mujeres (13.633) y el 41,1% hombres (9.516)”, detalla el documento.

Esta tendencia hace pensar que la participación de las mujeres migrantes se debe a una necesidad en el acceso a los servicios sociales que facilita el Sisbén, tanto para ella como para sus núcleos familiares. 

Violencias 

Entre las conclusiones del informe se precisa que la violencia basada en género (VBG) en Colombia “afecta significativamente a las mujeres migrantes venezolanas, con un notable predominio en los casos de violencia sexual, violencia de pareja y feminicidios”.

Según las cifras de Sivigila, entre 2019 y 2024 se registraron 36.357 casos de violencia basada en género contra personas venezolanas en el país, de las cuales 80% fueron contra mujeres (29.086 casos), esto “evidencia la constante vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres en la dimensión de VBG en el contexto migratorio”. 

Se especifica que los casos se incrementaron de forma sostenida entre 2019 (3.035) y 2023 (8.103), solo con una leve disminución el año pasado con 6.859 casos. Sin embargo, “a lo largo de este periodo, la proporción de casos que involucraron a mujeres se mantuvo elevada, oscilando entre el 78,4% y el 81,4%, lo que resalta la necesidad de políticas específicas que reconozcan las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las mujeres migrantes frente a la violencia y su limitada capacidad de acceso a rutas de protección y justicia”.

Entre las conclusiones del informe se destaca la alta presencia de mujeres migrantes en todos los tipos de violencias, resaltando “la necesidad de implementar políticas específicas y enfoques diferenciales que aseguren su protección, acceso a justicia y rutas de atención efectivas”.

Trabajo y finanzas

En el ámbito laboral las mujeres venezolanas migrantes enfrentan unas formas de discriminación que vienen derivadas de su misma condición migratoria, género y origen étnico. 

“Estas barreras impiden su acceso a trabajos formales y las empujan hacia el empleo informal, donde son más vulnerables a explotación sexual, violencia económica y abuso por parte de empleadores o redes ilegales. La falta de redes de apoyo, servicios de cuidado infantil y rutas efectivas de inclusión socioeconómica profundiza su exclusión y precariedad”, dice el informe del DNP.

Las consecuencias de lo anterior terminan perpetuando los ciclos de violencias, en los cuales la falta de la autonomía económica se convierte en un factor de riesgo.  

“Persisten brechas estructurales de género en la integración económica de las personas migrantes. Aunque las mujeres migrantes venezolanas representan una parte significativa de la población en edad productiva, enfrentan mayores obstáculos para insertarse en el mercado laboral formal”, dijo. 

La tasa de ocupación de las mujeres (45,2 %) es notablemente inferior a la de los hombres (74,3 %), y el 37,5 % se dedica a oficios del hogar, lo que refleja una sobrecarga de trabajo no remunerado y una feminización del cuidado que limita su autonomía económica.

En temas de inclusión financiera se ha avanzado, pero aún con muchos riesgos de exclusión. 

“En 2024, más de 1,4 millones de personas migrantes venezolanas accedieron a productos financieros en Colombia, principalmente a través de establecimientos bancarios. Sin embargo, el uso limitado de entidades cooperativas y SEDPEs revela una concentración en modelos tradicionales, lo que puede excluir a poblaciones sin historial crediticio o con ingresos informales. Las mujeres, en particular, enfrentan barreras adicionales por sesgos de género en los servicios financieros”, destaca el documento. 

En la autonomía económica de las mujeres migrantes, se evidencian desigualdades en el acceso al mercado laboral. Aunque los programas de certificación laboral han avanzado hacia la igualdad de género, aún persisten barreras en su inserción y protección en el empleo.

FUENTE: LA OPINION