• La falta de avances sustantivos en la identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables envía un mensaje de tolerancia frente a estos crímenes; un condenado está prófugo y el único funcionario enjuiciado fue absuelto en dos instancias.
• El incumplimiento de las garantías de no repetición ordenadas en la sentencia del caso Jineth Bedoya profundiza la desprotección de las mujeres que ejercen el periodismo en contextos de alto riesgo. 

Bogotá, Colombia, 11 de septiembre de 2025. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Jineth Bedoya Lima ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, expresamos nuestra preocupación por el reiterado incumplimiento de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021. En la audiencia privada de seguimiento realizada el día de ayer, la Corte escuchó a las partes sobre el estado de implementación de las medidas, las cuales muestran señales preocupantes de retroceso y estancamiento. 

En la sentencia de agosto de 2021, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el secuestro, la violencia sexual y la tortura perpetradas contra la periodista, en represalia por su labor investigativa sobre violaciones de derechos humanos en la cárcel La Modelo en Bogotá. El fallo ordenó medidas de reparación a favor de la periodista y su madre, sentó estándares de no repetición y reconoció por primera vez el uso de la violencia sexual como mecanismo de silenciamiento contra una mujer periodista en el contexto del conflicto armado. 

«A cuatro años de la sentencia, el Estado colombiano no ha cumplido con las órdenes de la Corte Interamericana. En lugar de reparación, el proceso ha sido revictimizante para Jineth Bedoya, con demoras y cargas que nunca debió asumir. La falta de coordinación entre las instituciones ha generado demoras, retrocesos y mensajes contradictorios que erosionan la confianza en el Estado. Incluso los hechos presentados como avances en materia de justicia, como la reciente vinculación de seis personas, no pueden considerarse sustantivos: llegar un cuarto de siglo tarde al punto de partida no constituye justicia. Este incumplimiento deja claro que las mujeres periodistas siguen sin garantías reales frente a la violencia de género y que la libertad de expresión permanece en riesgo en Colombia”, señaló Sofía Jaramillo, directora de la FLIP. 

En esta audiencia realizamos un balance sobre el estado de implementación de las medidas de reparación, entre ellas la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, la cual permanece sin avances sustanciales. Aunque en 2019 se dictó una condena de 40 años contra Jesús Emilio Pereira, alias “Huevo de pisca”, uno de los implicados, en septiembre de 2024 se conoció que el condenado se encuentra prófugo desde hace más de tres años, tras haber sido dejado en libertad luego de una decisión tomada por un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, sin que la víctima ni sus representantes fueran notificados. A ello se suma que el único funcionario público enjuiciado por el secuestro de la periodista fue absuelto en primera y segunda instancia.

En noviembre del año pasado advertimos sobre las fallas del sistema judicial en este caso y sobre el riesgo que aún enfrenta la periodista, quien sigue siendo víctima de intimidaciones y amenazas de muerte. En palabras de Jineth Bedoya: “El sistema de justicia de mi país no fue diligente ni tuvo la capacidad de resolver un proceso que se ha denominado emblemático”. Afirmación que hizo durante una rueda de prensa el pasado 28 de abril de 2025. Esta situación es una muestra que aun siendo este un caso representativo y bajo supervisión internacional, la justicia no ha cumplido a cabalidad. 

Otra de las medidas ordenadas fue la creación de un fondo exclusivo para prevenir, proteger y asistir a mujeres periodistas víctimas de violencia de género, adicional a los programas ya existentes. En septiembre de 2024, el Gobierno presentó la Ley 2358 de 2024, mediante la cual se constituyó el Fondo No Es Hora De Callar. Este instrumento, que busca saldar una deuda social e histórica con las periodistas en Colombia, enfrenta un retroceso crítico: durante más de un año Jineth, junto con el Ministerio de Igualdad y Equidad, trabajó en la construcción de un borrador de decreto reglamentario de dicha ley. Sin embargo, en agosto de este año, el Ministerio de Hacienda presentó un nuevo borrador que ignora completamente ese proceso participativo, elimina los órganos de gobernanza y concentra todas las decisiones en un despacho político que desaparecerá, dejando el Fondo en la incertidumbre.

Frente a este escenario, en abril de este año Jineth Bedoya anunció en rueda de prensa su desistimiento del proceso judicial como un acto simbólico que deja constancia, ante la comunidad internacional, de la impunidad que rodea su caso. A pesar de ello, su decisión no es una exoneración de las obligaciones del Estado. La búsqueda de justicia debe continuar y asegurar que los miembros de la fuerza pública y los altos mandos estatales, que están vinculados al proceso por facilitar y consentir la comisión del crimen, sean investigados, judicializados y sancionados.

“Nuestra posición en la audiencia de hoy ante la Corte Interamericana fue clara: no se ha hecho lo suficiente. El Estado dice tener voluntad de cumplir, pero en la práctica no hay avances. La impunidad persiste, el Fondo para proteger a mujeres periodistas aún no se implementa y el Centro Investigativo no cuenta con las condiciones necesarias para que funcione adecuadamente o sea un lugar seguro. La violencia contra mujeres periodistas no da tregua, no entiende de formalidades ni burocracias. El cumplimiento de estas órdenes no puede esperar más”, señaló Viviana Krsticevic, directora de CEJIL.

Durante la audiencia, las organizaciones exigimos que el Estado actúe con suficiente celeridad y diligencia para capturar a Jesús Emilio Pereira y asegure la judicialización y sanción de todos los responsables. La continuidad de amenazas que por décadas ha recibido la periodista y su impunidad constituyen actos de tortura, que deben considerarse imprescriptibles e investigarse con la debida diligencia reforzada que exige la sentencia de la Corte IDH, para lo que solicitamos que se fortalezca el grupo de trabajo nacional de amenazas a cargo de las pesquisas. El Estado colombiano debe tomar acciones concretas e inmediatas para superar la impunidad, garantizar la reparación integral de las víctimas y saldar su deuda no solo con Jineth y su madre, sino en materia de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia en Colombia. 

FUENTE: https://cejil.org/