Dos mujeres, una en calidad de fiscal y la otra en su papel de jueza de la República, lograron lo que en Colombia parecía imposible: la condena, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, del hombre más poderoso del país en las últimas tres décadas. Y lo hicieron en medio de una presión política y social, que pudo haber hecho recular hasta al más fuerte. El juicio y, por supuesto, la participación en él de las dos mujeres, sienta un precedente de la justicia en Colombia y abre una hendija de esperanza para los millones de personas que han sido víctimas de injusticias pavorosas a manos de quienes en su momento han detentado el poder económico, militar o político y lo han usado a su amaño, convencidos de que para ellos no se aplicaba la misma justicia que juzga al resto de mortales.

De acusador a acusado

En una entrevista realizada por Iván Cepeda en 2011 al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, éste había asegurado que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su hermano Santiago, había tenido una participación activa en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas. En el 2014, Uribe Vélez demandó ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda de haber sobornado no solo a Monsalve sino a otros paramilitares presos en distintas cárceles del país para que vincularan, mediante declaraciones falsas, al expresidente con la creación de grupos paramilitares.

Pero en 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no había mérito para abrir investigación contra el senador Iván Cepeda y que, en cambio, sí había elementos que insinuaban la participación del expresidente en la manipulación de testigos para intentar que cambiaran su versión y declararan en contra del senador Cepeda.

En 2020, después de examinar las pruebas contra Uribe Vélez, la corte ordenó detención domiciliaria contra el expresidente, quien entonces renunció a su curul como senador. Con ello perdió el fuero que convertía a la Corte Suprema en su juez natural y el proceso pasó a manos de la justicia ordinaria. En su momento, Uribe alegó que la Corte no le ofrecía las garantías y la trasparencia suficientes.

Jugadas maestras desde la Fiscalía de Barbosa

Desde el principio quedó en evidencia que una de las estrategias de la defensa de Uribe apuntaba a dilatar el proceso, que prescribe el próximo octubre. En ello contaba con que el fiscal que asumiera su caso se decidiera por la preclusión o por iniciar el proceso de nuevo, sin considerar los avances de la investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia. En ello pareció contar, en principio, con la Fiscalía de Francisco Barbosa, cuya primera actuación fue, efectivamente, devolverle la libertad al imputado.

En varias ocasiones la Fiscalía solicitó a los jueces precluir el caso porque, según alegaba, las pruebas allegadas en su momento por la Corte Suprema no eran contundentes y no ameritaban mantener una investigación penal contra el expresidente. En todos los casos se les vio actuando como si hicieran equipo con la defensa de Uribe e incluso con la Procuraduría de Margarita Cabello, antigua ministra de Justicia del gobierno Duque, quien también demandó la preclusión de la investigación. Pero también, en todos los casos, una jueza de la república negó tal petición.

Durante toda la Fiscalía de Francisco Barbosa y después con su sucesora, Martha Mancera, fue evidente la intención de proteger al expresidente y evitar por todos los medios posibles que fuera llevado a juicio. El ente acusador parecía haber renunciado a su rol institucional y haberse sumado como un miembro más del ya robusto equipo de abogados de la defensa de Uribe Vélez.

Fue solo con la llegada a la dirección de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, que esta asumió seriamente su papel de ente acusador, y a quien le correspondió armar un caso sólido contra el exmandatario fue a la fiscal Marlene Orjuela. Quien tuvo a su cargo la decisión acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado frente a los cargos imputados fue otra mujer: la jueza Sandra Liliana Heredia. Esta última declaró culpable a Uribe Vélez, el pasado 28 de julio, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y desestimó la acusación de soborno a testigo por falta de contundencia en las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Ambas mujeres, aunque con un recorrido importante y una vasta experiencia en la rama judicial, se mantenían en un anonimato meridiano hasta el día en que se dio a conocer el veredicto. Desde ese día estas mujeres han pasado a ser, por lo menos para las víctimas del poder, íconos de la Justicia en Colombia.

Un juicio en medio de presiones terribles

La prueba reina esgrimida en su momento por la Corte Suprema de Justicia y desarrollada posteriormente por la fiscal Orjuela fueron las interceptaciones telefónicas que dieron cuenta de las conversaciones del expresidente con su abogado Diego Cadena, hoy también procesado. Allí el primero le encomendaba al abogado buscar a los testigos y prometerles beneficios si cambiaban su declaración inicial, eximiéndolo a él de vínculos con el paramilitarismo y acusando al senador Iván Cepeda de haberlos sobornado con promesas a cambio de que declararan contra Uribe.

Fue un proceso que se llevó en medio de tensiones y presiones contra estas mujeres, empezando por el tiempo y la cantidad desproporcionada de testigos que aportó la defensa. El primer riesgo era que el caso prescribiera antes de que se cerrara el juicio y se emitiera la sentencia. Además, estuvo siempre la estrategia de la defensa, para dilatar el juicio, de cuestionar la idoneidad de la fiscal y la jueza.

A principios de este año, la defensa de Uribe Vélez radicó ante la Fiscalía una recusación contra la fiscal Marlene Orjuela, alegando una cercanía entre ella y el exfiscal Armando Montealegre, lo que hacía dudar de su imparcialidad, toda vez que, para entonces, Montealegre aparecía en el proceso como una de las víctimas. El alegato se fundaba en que Orjuela había sido nombrada en 2012 por Montealegre como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito, lo que había constituido un vínculo profesional. La recusación fue negada por la Fiscalía.

Antes de ello, la defensa ya había presentado una acción de tutela contra la jueza denunciando su supuesta imparcialidad. Pues, según el abogado Jaime Granados, la jueza había descalificado en varias ocasiones peticiones de la defensa, en su afán de priorizar la celeridad en el juicio por encima de las garantías del acusado. También la tutela fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá.

El recurso de la presión social

En la medida en que ambos recursos fueron negados, la estrategia siguió su curso en los medios corporativos de comunicación, donde se construyó una matriz de opinión según la cual el juicio contra el expresidente Uribe era más bien un montaje y una persecución política. En un contexto político que se ha complejizado tanto en el último tiempo, esta estrategia pone en la mira del fanatismo de ultraderecha a la jueza y a la fiscal del caso. Todo el partido del expresidente Uribe ha repetido en coro este argumento y en los medios de comunicación se pronuncian abogados que han intentado suplantar, ante la opinión pública, a la jueza en su decisión, dejando entrever que su fallo no podría ser más que absolutorio porque, si no, sería una prueba del montaje y la persecución contra el expresidente.

En esta misma dirección, el 30 de julio apareció en El Colombiano un artículo firmado inusualmente por María Clara Posada y otros, cuya tesis era que el juicio contra Uribe Vélez es un Lawfare, es decir una persecución judicial contra él como estrategia de quienes hoy detentan el poder para deslegitimarlo y debilitarlo y así obstaculizar su carrera electoral o la de sus allegados políticos.

 Según “los” autores, de las declaraciones de los testigos, del análisis de los documentos y de las pericias técnicas presentadas en las audiencias se concluye que se trata de un burdo montaje y una campaña de desprestigio elaborada por los detractores del expresidente y cohonestada por una Fiscalía militante. Y en una clara suplantación del ejercicio de la jueza, concluyen: “Del acervo probatorio se deduce que la acusación penal de la Fiscalía por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no está fundada en ninguna prueba sino construida con base en testigos mendaces, y contradictorios, como lo son Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, tan solo conocidos por su prontuario criminal”. Aquí se expresa una estrategia de condicionamiento de la decisión de la jueza Heredia, pues si su análisis de las pruebas llegara, como llegó, a una conclusión contraria, es porque ella se ha sumado a ese “burdo montaje”.

A ello se le suma el perfilamiento realizado, días antes de la lectura del fallo, por la Revista Semana a la familia de la jueza Sandra Heredia y a ella misma. Esto puede leerse como una estrategia de presión para condicionar la decisión de la jueza y una amenaza velada en caso de que no falle como los poderosos esperan. Ello, por supuesto, pone en riesgo no solo la autonomía de la jueza, sino su propia vida y la de su familia.

La presión del gobierno estadounidense

De la gritería de la ultraderecha en Colombia hizo eco muy temprano el gobierno de Donald Trump, quien ha convertido el caso Uribe, como ya lo había hecho con el caso Bolsonaro en Brasil, en una oportunidad para imponer sus condiciones incluso a la administración de justicia. Esto lo ha hecho a través del secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios del gobierno. El argumento es que Colombia, hasta ahora, se ha caracterizado por la independencia del poder judicial, pero que dicha independencia se ha roto con el juicio contra Álvaro Uribe Vélez y el fallo condenatorio. La historia del juicio contra Uribe muestra precisamente todo lo contrario: solo hasta ahora ha podido darse una independencia de la rama judicial frente al poder de facto que se ha impuesto en este país. La prueba más fehaciente fue la actitud servil de la Fiscalía de Barbosa y la Procuraduría de Cabello, que hicieron hasta lo imposible por lograr la preclusión de la investigación, como un acto de lealtad con su jefe político y con el presidente Duque, a quién le debían su cargo.

Para el gobierno de Trump, la única prueba, suficiente por lo demás, de que la independencia de la rama judicial se ha aniquilado en Colombia es que se ha atrevido a juzgar y a condenar a Uribe. La idea entonces es que la independencia de la justicia se prueba en la dependencia absoluta de los poderosos, algo que bien se aplica al propio Trump, quien llegó a la presidencia enfrentando, y evadiendo, múltiples procesos penales y disciplinarios en su contra. La amenaza velada contra la jueza y la fiscal no está solo en que pierdan sus visas estadounidenses, sino en ser incluidas arbitrariamente en la lista Clinton, como ocurrió con el juez Alexandre de Morae que falló contra Bolsonaro.

Pero a todos los que quisieron condicionar su decisión, presionarla y amenazarla desde lugares privilegiados de poder y desde la gran prensa, la jueza Sandra Heredia les respondió, dando pruebas de gran carácter y valentía, desde la introducción misma en la lectura del fallo: “La justicia no se arrodilla ante el poder; no ve cargos, nombres ni estaturas (…) No está el servicio de la prensa, ni de la historia o la política. Está al servicio del pueblo colombiano”. Palabras estas que deberían ser esculpidas en mármol, porque fueron refrendadas con hechos.

PD: También merecen una mención especial en esta historia las juezas que negaron a la Fiscalía de Barbosa las peticiones de preclusión de la investigación contra Uribe Vélez: Carmen Elena Ortiz Rassa y Laura Estella Barrera Coronado.

FUENTE: https://elcolectivocomunicacion.wordpress.com/