Mensajes en baños del Congreso denuncian fallas en el protocolo de atención a casos de violencia de género. Volcánicas habló con una de las denunciantes y nos compartió su testimonio.

El 17 de diciembre de 2024, cuando Tania Acero era asesora legislativa en el Congreso de la República, denunció ante la Fiscalía y a través de sus redes sociales a Juan Camilo Díaz Castañeda, fotógrafo oficial de la Cámara de Representantes, por violencia sexual. En su testimonio, compartido con Volcánicas, Tania detalla las fallas que encontró al momento de recurrir al protocolo de prevención y orientación a casos de violencia sexual en el Congreso. 

Tania conoció a Juan Camilo en 2018 cuando ella era modelo y él pidió su número para hacerle una sesión de fotos. En enero de 2019, ambos iniciaron una relación sentimental que ella describe como intermitente: “​​Íbamos y veníamos. Una relación basada en mucha violencia emocional por parte de él, relación en donde me decía que iba a atentar contra su vida, en donde inventaba que amigos de él fallecían constantemente para que yo estuviera pendiente, donde entró a prohibirme amistades, vivía en conflicto porque yo viajaba a ver a mi familia”, relata.

La denunciante cuenta que la primera agresión sexual fue el 20 de febrero de 2020. Ese día, en medio de la relación sexual, Tania le pidió a Juan Camilo Díaz que se detuviera porque no tenían protección y ya no se sentía cómoda, pero Díaz se negó: “Él me toma a la fuerza y me accede carnalmente. A raíz de esto, yo quedo embarazada y pierdo el bebé”, dice la víctima. Luego de múltiples violencias, la relación llegó a su fin el 11 de marzo de 2020. En medio de la pandemia y a raíz de la pérdida, Tania se alejó de Juan Camilo y dejó de comunicarse con él.

Violencia sexual en la Cámara de Representantes

Sin embargo, luego de un tiempo, iniciaron una amistad en abril de 2020: “Intenté ser amiga de él porque fue la persona que me ayudó a entrar al Congreso, entonces yo sentía que tenía una responsabilidad emocional de cierta forma con él. La violencia psicológica seguía sucediendo,  él me decía que se sentía solo o que quería acabar con su vida”, afirma Tania. En ese momento, compartían el mismo espacio laboral en la Cámara de Representantes. 

Tania y Juan Camilo trabajaban en la Oficina de Prensa: “Durante este tiempo en las instalaciones del Congreso, él me encerró varias veces en las oficinas. Yo era la otra fotógrafa y durante algún tiempo presenté para el noticiero. Él era la persona encargada de grabarme. Yo llegaba a grabar, él recogía las cosas y me decía que no, que él no me grababa si yo no lo besaba o si yo no lo tocaba, o si yo no hacía ciertas cosas”, relata Tania, quien varias veces solicitó un cambio para que ella pudiese grabar con otras personas para alejarse de su agresor, pero eso nunca sucedió.

En 2020, a raíz de la violencia que ejercía su expareja, Tania Acero renunció a la Oficina de Prensa. “Emocionalmente no podía más con el acoso por parte de él y me voy a ser jefe de prensa de una representante, lo cual no sirvió de nada porque él seguía presente, me lo seguía cruzando en los pasillos, él seguía acosándome y encerrándome. Si me lo encontraba en el salón elíptico, pasaba y me decía cosas, me morboseaba o me criticaba respecto a mi vestir”, cuenta Acero.

“El Congreso no es un espacio seguro. Llevo alrededor de cuatro o cinco años trabajando en él y conozco muchísimas historias de chicas que han sido agredidas tanto por contratistas como por funcionarios y congresistas. Las han tocado, las han encerrado en oficinas, les han pedido sexo a cambio de su trabajo, las han menospreciado por ser mujeres. Es un espacio muy inseguro, es un espacio en donde te miden por el vestuario que tengas”, asegura Tania. 

Una ruta ineficiente de atención a violencias basadas en género

Por casos como el de Tania Acero, asesoras legislativas del Congreso de la República denunciaron este 2 de abril, a través de un comunicado y mensajes escritos con labial en algunos de los baños del recinto, las fallas que actualmente presenta el Protocolo Integral para la prevención y orientación Institucional frente a conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual. 

Lo primero que hizo Tania para activar este protocolo fue enviar dos correos a rutasegura@senado.gov.co y rutasegura@camara.gov.co contando la violencia sexual de la que había sido víctima por parte del fotógrafo Juan Camilo Díaz Castañeda. Al respecto, afirma que: “la ruta no tiene oficina, no tiene psicología, no tiene nada físico en el Congreso, simplemente esos dos correos”. Al no recibir respuesta alguna, Tania Acero decidió publicar el escrache en sus redes sociales ese 17 de diciembre de 2024 y renunciar a su cargo por las afectaciones a su salud mental, mientras que Díaz Casteña continúa en el Congreso y su contrato fue renovado posterior a la denuncia.

Después de publicar el video, Tania fue contactada por una asistente en la Comisión de la Mujer: “Llamó a felicitarme por mi valentía, me dijo que vio mi video. Me pregunta si yo ya realicé la denuncia por la Fiscalía, a lo cual le digo que sí. Me dice que bueno, que eso es lo que tengo que hacer y ya. Ese fue el único acercamiento y la única respuesta que recibí por parte de la ruta del Congreso”, revela Tania.

“Aquí a los acosadores se les renueva el contrato. Rompimos el silencio y nada pasó”, dice un mensaje pintado con labial en un baño del Congreso de la República.

El 24 de enero de 2023 fue la fecha en la que el Congreso de la República,  presentó el protocolo de prevención a las mujeres víctimas de violencia de género. Ese día, las mesas directivas del Senado y Cámara, así como la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron a medios de comunicación una ruta que prometía mecanismos de protección, prevención y orientación para las víctimas.

En su comunicado, las asesoras legislativas explican que: “dicho documento presenta fallas estructurales como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas. Además, no define con claridad las competencias institucionales. Por otro lado, las capacitaciones en violencia de género no son obligatorias ni evaluadas, y no cuentan con indicadores ni herramientas para medir su impacto o la reincidencia de casos”. Además, aseguran que este protocolo “se ha convertido en letra muerta”, pues de acuerdo con el Informe Final del Protocolo, hasta julio de 2023 se reportaron nueve denuncias de agresiones (siete mujeres y dos hombres), y en 2024 sólo se registró un caso.

“Denunciar sigue siendo un riesgo para las mujeres en el Congreso, no porque no exista un protocolo, sino porque no hay garantías de protección ni sanción”, dicen las asesoras en su análisis. 

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, habló con Volcánicas sobre lo que ocurre con este protocolo en el Congreso. “En primer lugar, veo con preocupación la falta de acciones concretas de prevención, sensibilización y orientación dirigidas específicamente a prevenir las violencias al interior del Congreso de la República. En segundo lugar, es fundamental que se retome la contratación de al menos una psicóloga y una abogada que apoyen las labores de prevención y orientación a las mujeres que activen el protocolo. En tercer lugar, es necesaria mayor voluntad política por parte de quienes en este momento están frente a su implementación y, finalmente, es necesario revisar cuáles han sido los obstáculos para implementarlo  y de ser necesario modificar lo que corresponda para que el protocolo funcione correctamente”, sostiene la congresista. 

Derechos de petición con “cifras superficiales y carentes de soluciones concretas”

Sin embargo, las asesoras legislativas aseguran en su comunicado que la respuesta al derecho de petición enviado a la actual presidenta de la Comisión de la Mujer, la senadora por el partido Colombia Justa Libres, Beatriz Lorena Ríos Cuellar, “fue fragmentada entre la Dirección Administrativa de Cámara y Senado”. También enviaron derechos de petición a las dos congresistas que también fueron presidentas de la Comisión Legal de la Mujer, la senadora Maria José Pizarro (2022-2023) y la representante Carolina Giraldo (2023-2024). “Dichas respuestas contienen información de cifras superficiales y carentes de soluciones concretas por parte de las instancias encargadas de la atención a las mujeres en el Congreso”, afirman las asesoras.

Según las respuestas oficiales que ellas obtuvieron, el Congreso de la República ha realizado “27 jornadas de sensibilización en el Senado y 15 en la Cámara”, con un total de 844 asistentes, además de campañas institucionales con carteles, stickers y códigos QR con el protocolo. Las asesoras recalcan que no existen mecanismos que midan el impacto real de estas acciones: “No hay evidencia de que las capacitaciones hayan cambiado la cultura institucional ni de que los congresistas, como empleadores directos, hayan sido capacitados”.

Por su parte, la senadora María José Pizarro explica a Volcánicas que: “mientras tuve a mi cargo la implementación del protocolo, fueron puestos en conocimiento ocho (8) actos de violencia sexual, quienes en su momento tuvieron orientación y acompañamiento psicológica y jurídico. Esto complementario a la implementación de capacitaciones permanentes en todas las dependencias de ambas corporaciones, como parte de una estrategia para la prevención que promovimos. Y según me ha sido informado, a través de una respuesta a un derecho de petición por la actual presidenta, en este momento hay un caso activo, sin embargo, no tengo mayor información al respecto”.

La senadora cuenta que cuando fue Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (agosto 2022 – julio de 2023): “hicimos parte de la construcción de un primer mecanismo para atención y erradicación del acoso y violencia sexual en el Congreso: el protocolo, y tuve a cargo la primera fase de su implementación. Producto de este trabajo, cinco casos cuentan con denuncia en la Fiscalía, sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, no se han iniciado al interior del Congreso acciones disciplinarias por las dependencias competentes, y pasados casi dos años es inconcebible que no haya pasado nada al respecto”. 

Mientras las legislaturas transcurren y ya se cumplen dos años de haberse implementado el protocolo, las asesoras legislativas concluyen que: “aunque existen discursos feministas por parte de los y las parlamentarias, así como un protocolo en papel, la evidencia es contundente: no hay garantías y la impunidad persiste por la falta de voluntad política”.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEBE SER UN ESPACIO SEGURO PARA TODXS. LAS VÍCTIMAS MERECEN REPARACIÓN, JUSTICIA Y GARANTÍAS PARA UN TRABAJO LIBRE DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO.

FUENTE: VOLCÁNICAS