Aunque ellas representan aproximadamente el 7% de la población carcelaria en el país, con un total de 17.778 internas, algunos expertos ponen en tela de juicio la garantía de sus derechos

EL MÁS reciente caso de detención y condena de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, encendió el debate del sistema penitenciario para mujeres en Colombia.

Para nadie es un secreto que el sistema penal femenino en este país enfrenta diversos desafíos que afectan su bienestar y derechos humanos. Aunque las mujeres representan aproximadamente el 7% de la población carcelaria en el país, con un total de 17.778 internas, algunos expertos ponen en duda la garantía de sus derechos.

“Tengo una hija que no veo desde hace más de 17 días. Yo le doy pecho, la amamanto, ella me necesita. Tengo una depresión postparto”, contó Barrera a Caracol Televisión sobre la pequeña que tiene 9 meses.

“Me gustaría que me dieran el derecho a la lactancia, que ella viniera todos los días una hora para yo tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer. Esa es mi mayor motivación”, dijo en el podcast de la actriz Johana Bahamón, activista de los derechos de las personas encarceladas.

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Y es que en Colombia fue aprobada en el 2023 la Ley de Utilidad Pública, que establece la posibilidad de otorgar la libertad condicionada a las madres cabeza de hogar que estén en las cárceles, cuando han cometido ciertos delitos cuando vivían una situación de marginalidad.

Ley que ha permitido que, según Valentina Díaz Moya, directora del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho Uniandes, alrededor de 130 mujeres con penas inferiores a 8 años y que cometieron sus delitos en condiciones de marginalidad, han logrado sustituir el cumplimiento de sus condenas en prisión por el desarrollo de servicios comunitarios.

“Es importante destacar que, sin lugar a dudas, la promulgación de la Ley de Utilidad Pública representa un avance significativo en Colombia en materia de justicia, no obstante, su implementación ha enfrentado dificultades que deben ser objeto de reflexión. En primer lugar, la comprensión y el análisis que los jueces realizan sobre los requisitos de la ley, tales como qué se entiende por condiciones de marginalidad y el impacto de estas en la comisión de delitos; qué se entiende por mujer cabeza de hogar; cómo se valoran los medios de prueba que sustentan la marginalidad, entre otros. Al final, más allá de los esfuerzos del Ministerio de Justicia, los aliados mediante convenios y los trabajadores sociales, la decisión recae exclusivamente en el juez”, argumenta Díaz Moya.

El escenario, dice la catedrática, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de diseñar e implementar una política pública de pos-egreso, con líneas de empleabilidad, educación, fortalecimiento y reconstrucción de las relaciones familiares con sus hijos e hijas, inclusión financiera, y atención psicosocial y jurídica, especialmente en lo que respecta a los antecedentes penales. A corto plazo, incluso, se podrían fortalecer y ampliar programas como Casa Libertad a nivel nacional, que ofrece atención a la población pos-penada en diversas áreas durante su proceso de reintegración a la sociedad, pero bajo un enfoque diferencial que reconozca la necesidad de servicios específicos para las mujeres beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública.

En ese contexto, el Ministerio de Justicia ha realizado un esfuerzo considerable para caracterizar el universo de mujeres que podrían ser beneficiarias.

Para diciembre de 2024 en Colombia había 168.460 personas privadas de la libertad a cargo del Inpec, de las cuales 1.660 mujeres estaban en la cárcel como sindicadas, a la espera de una decisión judicial, y 4.636 mujeres condenadas. Lo anterior, equivale a una tasa de 23 mujeres privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes, dice la directora del grupo de prisiones.

“En términos educativos, el 2,4% no saben leer ni escribir, el 24,4% cursaron básica primaria (de 1ro a 5to grado), el 66,7% cursaron básica media (de 6to a 11vo grado) y solo el 6,2% cursaron técnicos, tecnólogos o estudios profesionales. Del mismo modo, el 80% de ellas está entre los 18 a los 44 años, mientras que el 20% restante está entre los 45 a los 60 años. Además, conforme a los enfoques diferenciales e intersecciones, hay 270 mujeres con pertenencia étnica (indígenas, afro, raizal, palenquero, gítano o rrom), hay 587 mujeres de la población LGBTIQ+ y hay 34 mujeres con discapacidades físicas o auditivas”, afirma.

De acuerdo con el Inpec, las mujeres privadas de libertad se concentran en Bogotá, Medellín, luego Ibagué y en Jamundí. Entre otros, cifras que concuerdan con el Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho Uniandes.

“Estas mujeres viven cotidianamente una problemática, por ejemplo, el impacto que tiene la privación de la libertad en los lazos familiares. Muchas veces hay dificultades que incluso se salen del marco legal, que se ponen dentro de los establecimientos para que los hijos e hijas e incluso otros familiares, no puedan ingresar”, mencionó Díaz Moya.

Añadió “lo segundo es el tema de los traslados, y es que como muchas mujeres son notificadas de una decisión de traslado por parte del Inpec atendiendo a motivos de seguridad, pero estos motivos de seguridad nunca son explicados a profundidad, simplemente son notificadas, son trasladas y, por supuesto, esto implica un reto inmenso en no solamente poder tener un contacto medianamente permanente en términos físicos con sus familiares y poder verlos, sino también la realidad es que muchas veces esos familiares son los que les proveen a las mujeres elementos básicos para vivir dentro de la cárcel, como elementos de aseo, ropa y otros”.

Por su parte, Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, ente que trabaja en conexión con la Policía, Fiscalía, Médica Legal y el Inpec se estima que el 7,6% del total de la población privada de la libertad es de mujeres.

“Es importante decir que ahí se suman tanto las mujeres que tienen una medida privativa intramural como las que tienen casa por cárcel. El 59% de ellas está en la modalidad domiciliaria, es decir, están en casa por cárcel. Y el 37% es la que se encuentra con medida intramural. Hay un pequeño porcentaje que se encuentra con control electrónico, lo que se conoce popularmente como el brazalete de cárcel. Que son personas que tienen que presentarse constantemente al centro penitenciario”, destaca Nieto.

Escolaridad

De acuerdo al observatorio, el 75% de estas mujeres en prisión son madres cabeza de hogar.

“Ellas tienen algún grado de vulnerabilidad, el promedio de la mujer que está en líos penales es de 37 años de edad, lo que evidencia que el 60% cumplió su básica primaria, el 30% es bachiller un dato muy bajo son analfabetas. En resumen, estamos hablando que el 90% llega a la modalidad de básica primaria, sólo un 5% son profesionales”, detalló el director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central.

FUENTE: NUEVO SIGLO