En 2024, según la Defensoría del Pueblo, 44 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en el país, un panorama que requiere medidas institucionales urgentes para garantizar sus vidas.

La plaza de la Libertad en Chiquinquirá, Boyacá, se llenó de globos y velas blancas la noche del 18 de enero. Se escuchaban al unísono los cantos de justicia por la desaparición de una niña. La comunidad de este municipio salió a las calles con indignación para exigir celeridad a las autoridades y el pronto regreso de la niña con vida. “Por el respeto, la protección y el amor a nuestrxs niñxs, porque cada vida es valiosa”, decía el cartel de la movilización con su rostro a un costado.  

Ella era Laura Valentina Páez Velandia, una niña de 9 años. Le gustaba pasear a su mascota en la planta baja de su conjunto residencial en el barrio Juan Pablo II. El 16 de enero, en medio del paseo rutinario, desapareció. Esa noche, Miriam Lucero Velandia, madre de la niña, vendía pinchos mientras su hija permanecía en casa, pero al llegar de trabajar, no la encontró. En un video de una cámara de seguridad de la zona, quedó registrado cómo la menor ingresó a una tienda del sector y un hombre con overol la esperó afuera.   

Se trataba de Daniel Josué Zambrano Cáceres, capturado por la Fiscalía el 20 de enero. Confesó haber subido al carro a Laura Valentina la noche de su desaparición y haberla dejado en el municipio de Pauna, Boyacá, pero no brindó mayor información sobre su paradero. Durante la audiencia de imputación de cargos, fue acusado por el delito de desaparición forzada agravada. Zambrano no aceptó los cargos. Según el reporte de la Fiscalía, en las inspecciones al vehículo hallaron “fluidos biológicos y otros detalles” que fueron valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y peritos especializados. Actualmente, Zambrano Cáceres permanece con medida de aseguramiento en un centro carcelario. 

Los días transcurrían y la esperanza de encontrar a Laura Valentina con vida permanecía, pero su cuerpo fue encontrado el 21 de enero en el río Minero, en el sector de Otro Mundo, entre los municipios de Florián, Santander, y Pauna, Boyacá. El 24 de enero, la comunidad de Chiquinquirá le dio el último adiós a Laura Valentina y la Alcaldía decretó tres días de luto por su muerte.  

Entre enero y diciembre de 2024, 886 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Colombia, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el año con mayor número de casos desde 2018, fecha en la que inició este registro por parte de la sociedad civil. El 12 de diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo informó que 44 de estos feminicidios fueron en contra de niñas, un panorama de violencia contra menores de edad que continúa en lo corrido de 2025 en el país.   

Tres días antes de la desaparición de Laura Valentina, las autoridades hallaron el cuerpo de Sara Michel Vargas, una niña de 11 años que fue vista por última vez en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, en la vereda Vanegas de Sogamoso, Boyacá. Sara Michel salió de su casa en medio de una discusión familiar. Fue hasta el 12 de enero que las autoridades encontraron el cuerpo de una menor, con signos de tortura, a 2 kilómetros de la vereda. El 19 del mismo mes, Medicina Legal confirmó que los restos óseos hallados eran de Sara Michel. 

Juan Carlos Rodríguez Vargas, primo de Sara Michel, fue capturado el 17 de enero por ser el principal sospechoso de su desaparición y asesinato. Ese día, la Fiscalía le determinó medida de aseguramiento en un centro carcelario y le imputó cargos por desaparición forzada, pero el hombre de 23 años no aceptó. Finalmente, el 15 de febrero, durante una nueva audiencia, la Fiscalía también le imputó el delito de feminicidio agravado tras el hallazgo de nuevas pruebas que lo incriminaban como el principal responsable.

En Boyacá, los feminicidios se triplicaron en 2024

El 30 de enero de este año, durante el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género en Tunja, Boyacá, la Fiscalía reveló que, en 2024, 25 mujeres —3 de ellas niñas— fueron víctimas de feminicidio en el departamento. Estos 25 casos triplican los seis o siete casos anuales reportados en los últimos cinco años en Boyacá y preocupa a las organizaciones locales que a diario visibilizan las violencias basadas en género que sufren las mujeres en este departamento ubicado al centro-este de Colombia. 

En conversación con Volcánicas, Gina Rojas Hoyos, directora de la Fundación Sobreviviente, organización en Boyacá enfocada en abrir espacios para la resiliencia de las mujeres a través del arte, habla del incremento de las violencias en el departamento. “De acuerdo con los derechos de petición que nosotras recolectamos, existían a noviembre de 2024 más de 5.000 denuncias de violencias basadas en género, un aumento de cerca del 34% para el mismo periodo de 2023”, explica Rojas al comentar que no hay bases suficientes desde las administraciones locales en Boyacá para atender a los casos por violencia de género y feminicidios.

“No solamente es el año más violento contra las mujeres, sino es el año más violento contra las niñas, con 3 víctimas, incluyendo una bebé de 13 meses, que además es un feminicidio sin tipificar”, afirma Gina Rojas Hoyos.

Frente a los aspectos que deben mejorar como departamento tras el aumento de casos de violencia de género y feminicidios, Rojas sugiere que “se debe empezar a atender desde la niñez en adelante y a romper con los estereotipos, con las brechas y, sobre todo, con la cultura machista que existe en Boyacá. Esta región del país es altamente patriarcal y se ve reflejado en todos los sectores sociales, en la ruralidad, con el poco acceso a tierras o la propiedad de tierra que tienen las mujeres”.

Adicionalmente, habla de la importancia de la implementación de un Observatorio de asuntos de género, que hace parte del Plan de Desarrollo, en el que realmente queden consignadas las cifras de las instituciones y organizaciones sociales para que las medidas de prevención que se tomen sean efectivas. 

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Los cantos de justicia de la comunidad también se escucharon en Cali, Valle del Cauca. La mañana del 11 de febrero, a las afueras de la Procuraduría Regional, decenas de personas y organizaciones sociales convocaron a un plantón tras aplazarse por tercera vez el juicio contra Brayan Snather Campo Pillimue, el confeso feminicida de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años desaparecida el 29 de septiembre de 2024 en la vereda de Villagorgona, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. 

Ese día, Sofía salió a comprar champú para su mascota en la tienda del barrio. Fue asesinada por Brayan Campo, quien la raptó para luego asesinarla y arrojar su cuerpo en un cañaduzal. Hasta el 17 de octubre de 2024, las autoridades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía del Valle del Cauca hallaron el cuerpo sin vida de Sofía Delgado. Un día después del hallazgo, la Fiscalía le imputó a Brayan Campo los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y ocultamiento de pruebas. Todos los cargos fueron aceptados por el confeso feminicida. Sin embargo, la familia de Sofía Delgado continúa a la espera de que la justicia avance en su caso y Brayan Campo reciba la sentencia por el feminicidio, pues temen que por vencimiento de términos su muerte quede impune. 

La justicia le falló a Sofía Delgado y su familia

Brayan Campo ya tenía antecedentes por violencia de género desde hacía seis años. El hombre permaneció en la cárcel durante un año, pero quedó libre por vencimiento de términos. Campo se encontraba en libertad cuando asesinó a Sofía Delgado. El 25 de febrero de este año, un juez penal de conocimiento lo condenó a 10 años y 7 meses de prisión por el delito de acto sexual violento contra una niña de 12 años, ocurrido el 28 de diciembre de 2018 en Candelaria, Valle del Cauca.

Al respecto, en conversación con Volcánicas, Natalia Escobar Váquiro, directora de proyectos del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, OEM, de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia, habla sobre las falencias que se evidenciaron en este caso que impactó a Valle del Cauca y en el que actualmente las dilaciones no han permitido condenar al feminicida. 

“El caso del feminicidio de la niña Sofía Delgado tuvo muchas falencias. Hubo falta de medidas de protección efectivas porque se habían reportado previamente situaciones de riesgo y no hubo celeridad para prevenir este caso. Además, hubo una ineficiente respuesta judicial y policial. La reacción fue tardía y no hubo un adecuado seguimiento a denuncias previas que se muestran en un sistema que desestima señales de alerta para salvar vidas”, explica Natalia Escobar, quien desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan estos sistemas de alerta temprana y fue enfática en el débil acompañamiento a la familia de Sofía Delgado en estrategias de apoyo psicosocial.

De acuerdo con el boletín del Observatorio Colombiano de Feminicidios, Valle del Cauca ocupó el cuarto lugar en Colombia con más víctimas de feminicidios. Entre enero y diciembre de 2024, 71 mujeres fueron asesinadas en el departamento. 

“La larguísima espera de la condena de Brayan Campo por el feminicidio de la niña Sofía realmente nos preocupa mucho porque envía un mensaje inadecuado a la sociedad por la falta de celeridad y la judicialización adecuada de los feminicidios. En este caso, necesitamos que haya una debida diligencia, que se eviten maniobras de dilación de la justicia. Es importante, además, que este caso muy doloroso para nuestro Valle del Cauca, sirva para evidenciar cuáles son las fallas en el sistema de prevención de protección de actuación frente a estos casos”, agrega Escobar. 

Además, reflexiona sobre el impacto social que genera el feminicidio de una menor de edad y explica que “tiene un simbolismo mucho más fuerte. Afecta de manera particular a una sociedad y a una familia. Esos casos de feminicidios también son una muestra de una violencia simbólica en contra del resto de niñas y adolescentes, porque ellas también ven minadas sus autonomías cuando ven que sus amigas, sus vecinas o niñas y adolescentes de la misma edad de ellas, son asesinadas de esa manera”. 

La perspectiva con enfoque territorial para abordar los feminicidios de niñas y adolescentes es una medida urgente en Colombia para generar cambios culturales cuanto antes, pues durante enero de este año ya fueron registrados 79 feminicidios, mientras que en enero de 2024 fueron 64. La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres sigue en aumento y todavía faltan medidas institucionales para prevenirla.

POR LAURA VALENTINA PÁEZ, SARA MICHEL VARGAS, SOFÍA DELGADO Y TODAS LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN COLOMBIA. NI UNA MENOS.

FUENTE: VOLCÁNICAS