En diálogo con El Espectador, Sandra Bohórquez cuenta por primera vez cómo comprendió que estaba siendo víctima de violencia vicaria por parte de su pareja para la época de los hechos, Reyes Elías López, padre de la exalcaldesa Claudia López. Después de diez años de proceso, la justicia le dio la razón a Bohórquez y lo condenó, en segunda instancia, por amenazarla y agredirla a ella y a su hija, de meses de nacida, como acto de venganza.

Una reacción irritable y desproporcionada cuando le pidió la cédula para verificar su edad fue la primera alerta que tuvo Sandra Bohórquez de estar con una pareja violenta. Era 2014. “Al principio, lo confieso, estuve con él porque entró ganándose el cariño de mi hijo, que tenía ocho años y yo era madre soltera, y el papá no respondía”. Sandra Bohórquez, de 40 años, habla con acento tolimense y todo su cuerpo revela su permanente estado de alerta. Con los años se ha vuelto una mujer en extremo prevenida. Fue diagnosticada con estrés postraumático en 2018. Su relato, como ella lo califica, es una historia de terror:

“Al poco tiempo de estar juntos empezó con los celos. Busqué alejarme, pero llegaron las primeras amenazas. Ese año (2014) amenazó con matarme dos veces, una cuando íbamos en el carro. Empezó a decirme que si lo dejaba iba a buscar al papá de mi hijo para que me lo quitara. Me intimidaba diciendo que nunca olvidara que él tenía poder por ser el papá de Claudia López (hoy exalcaldesa de Bogotá). Yo me quedaba a su lado, por temor, por falta de recursos, pero la violencia no se detenía. Todo empeoró cuando supe que estaba en embarazo, porque me amenazaba con hacerle daño también a mi hija. Me decía que si iba a hacer que me quitaran al niño, con ella era más fácil. Cuando le dije que ya no me amenazara más con matarse, me dijo que si lo hacía antes mataba a la niña, para que yo me culpara de eso toda la vida”.

Uno de los episodios más violentos fue contado en testimonio juramentado ante la justicia por ella y su hijo, quien presenció todo. Era 9 de octubre de 2015. “Utilizando palabras soeces, como ramera, zorra, puta, así como actos de discriminación, de humillación, haciéndola dormir al rincón de la cama, señalando que ella no era digna de él, defecó encima de la ropa de la bebé (hija de Reyes Elías López), quien para el momento tenía dos meses de edad”.Así quedó registrado en el escrito de acusación de la Fiscalía, que retomó el Tribunal Superior de Ibagué, en la sentencia en la que hace dos meses condenó a Reyes Elías López por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Ahí narra también que “la víctima ha sido amenazada con arma cortopunzante (cuchillo), al igual que ha recibido llamadas manifestando que la va a matar y a la menor también. La amenazó con quitarle su hijo mayor, actos que son continuos en esta relación, causando así agravios a su salud, por la continuidad del maltrato psicológico, ocasionando incluso que la víctima se autolesionara. Manifestando la denunciante que por estos hechos, que llevaron a su separación, sufre de episodios de ansiedad, no puede dormir, permanece constantemente nerviosa, se encuentra altamente afectada en su nivel afectivo, sufre de frecuente persecución y maltrato psicológico, al que fue expuesta ella y sus hijos menores, por parte del indiciado”.

Este proceso dio un giro radical, porque el tribunal, en segunda instancia, revocó la decisión del juzgado que lo absolvió por considerar que “no se alcanzó el grado de conocimiento” para condenarlo. En cambio, el Tribunal Superior de Ibagué les dio credibilidad a los testimonios y pruebas documentales que tiene el expediente a favor de Bohórquez y le hizo un fuerte llamado de atención al juzgado que no le creyó. Reconoció, además, la revictimización que ha padecido Bohórquez en su camino por hallar justicia por parte de diferentes operadores de justicia. Y aseveró que el juez tuvo un “sesgo y prejuicio machista”, según el cual no puede existir maltrato por parte de un hombre sobre una mujer cuando se está empezando a convivir.

“Nada más alejado de la realidad de muchas mujeres que, llevadas por la misma violencia física, psicológica o económica, se ven obligadas a iniciar una convivencia con su agresor o a prolongarla en el tiempo, mucho más cuando habiendo una hija en común, recién nacida, es una situación que influye en la creencia que la relación mejorará”, señaló la sentencia que condenó a siete años de prisión a Reyes Elías López, de 75 años, pero que no le dictó medida de aseguramiento carcelario hasta que la decisión sea evaluada por la Corte Suprema de Justicia.

Pero no es el único proceso que enfrenta. Reyes Elías López está denunciado también por acto sexual violento agravado en 2015, por intentar acceder sexualmente a Sandra Bohórquez sin su consentimiento, que ya está en etapa de juicio. Y en un proceso por inasistencia alimentaria, por no responder económicamente por su hija. Así como tuvo un proceso en su contra por el delito de “acto sexual contra menor de 14 años”, que se archivó por “atipicidad”, es decir, porque según la Fiscalía el hecho no correspondía a ningún delito y nunca se investigó a fondo. Esta denuncia inició en 2019, tras los testimonios de la hija, en diligencia, por el caso de violencia intrafamiliar. La niña, que para ese entonces tenía cerca de cuatro años, referenció a un perito del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), no estar a gusto con su papá en las visitas acordadas y contó de forma espontánea que él la orinaba, cuando se la llevaba los fines de semana. Por el asunto, la Comisaría de Familia le retiró las visitas. López argumentó que todo era una estrategia de la madre, que había “alienado” a la niña.

“Eso pasaba, y el Juzgado Quinto de Familia en Ibagué, por el contrario, me pidió que entregara a la niña, porque yo era una alienadora y que me iba a quitar la custodia”, expresa Sandra Bohórquez, y agrega que desde ahía empezó a esconderse. “En esas, desesperada, tratando de salvar a mi hija, fue que empecé a buscar ayuda de organizaciones, porque no tenía cómo pagar un abogado y los de oficio no representaban mis intereses ni les importaba. Así fui a dar con la abogada Yamile Roncancio, que tomó mi caso, apeló y logró que el Tribunal, en segunda instancia, reconociera el delito de violencia intrafamiliar”.

Este diario se comunicó con Reyes Elías López para conocer su versión sobre estos hechos, pero aseguró “no estar interesado en dar declaraciones al respecto hasta que se defina jurídicamente este caso, que fue presentado como recurso especial ante la honorable Corte Suprema de Justicia”, no sin decir que “es inocente, pero por intereses políticos convirtieron mi caso en uno político, utilizando la justicia”.

El Espectador también buscó a la exalcaldesa López, quien al cierre de esta edición no se pronunció al respecto ni se pudo establecer qué piensa de estos hechos y de que su padre utilice su relación de parentesco para intimidar a funcionarios de la Rama Judicial, como asegura la denuncia: “Él en todos los espacios de justicia dejaba claro que era el papá de Claudia López. De hecho, en todo el proceso de inasistencia alimentaria que le puse porque no responde por su hija, trata muy mal a varios funcionarios de justicia, demostrando ese poder “. Es de público conocimiento que la mamá y papá de Claudia López se separaron cuando ella tenía dos años. Así como hay registros de apariciones públicas de la exalcaldesa, ya siendo política, con su padre.

¿Qué es la violencia vicaria?

Sandra Bohórquez dice que hoy tiene claro que ella y su hija han sido víctimas de violencia vicaria. El concepto solo lo entendió años después, cuando buscó apoyo. Entró a internet y, como pudo, empezó a buscar historias que se parecieran a la suya. Fue así que contactó a otras mujeres víctimas más organizadas y conoció la Plataforma Luna (en España), la Fundación Red Vida (en Argentina) y el Coletivo Mães na Luta (en Brasil).

Todas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan porque se atienda y sancione esta violencia de género, que la psicóloga argentina y perito forense radicada en España Sonia Váccaro estudió por años y acuñó en 2012.

Se trata de la violencia que busca alejar o hacerle daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier otra índole a los hijos e hijas de la mujer, con el objetivo de causarle daño a esta, en especial en contextos de separación o divorcio: “Darles donde más les duele”, como se escucha decir coloquialmente, porque las mujeres, globalmente, siguen siendo las mayores responsables del cuidado de los hijos e hijas, por el mandato que socialmente se les ha asignado al ser madres.

En Colombia, como en otros países de la región y del mundo, abundan los casos de violencia vicaria. La más cruda es la que les ha costado la vida a niños y niñas inocentes. Sucedió el año pasado, por ejemplo, con los filicidios de Jan Alexánder Rocha Fuentes, de 10 años, en Malambo (Atlántico); Salomé Manyoma, de cinco años, en Jamundí (Valle del Cauca), y Santy Esteban y Susan Camila Beltrán Ramírez, de cuatro y siete años, en Bogotá. Pero no son los únicos, son los que saltaron a la prensa o a las redes sociales.

Entre 2023 y 2024, la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria (la primera organización en el país para atender esta violencia, creada en enero de 2023) ha registrado 6.189 de estos casos en Colombia. La cifra registra solo los reportes que les han llegado a través de sus plataformas, pero tienen claro que el subregistro es enorme. “Lo que no se nombra, no existe”, insiste Ximena Ordóñez, víctima de violencia vicaria y vocera de esta fundación.

Proyectos estancados en el Congreso

En el país y en el Congreso ya empezó a hablarse de violencia vicaria, aunque en este momento están estancadas las dos iniciativas que buscan sacarla a la luz. Se trata de dos proyectos de ley que, paradójicamente, abordan el fenómeno de forma diametralmente opuesta. Uno surgió por parte de la representante a la Cámara del Pacto Histórico Alexandra Vásquez, y parte de reconocerla como una violencia contra la mujer en razón de su género, porque según las estadísticas e investigaciones mundiales afecta en una enorme proporción más a las mujeres con relación a los hombres. El otro proyecto de ley, promovido por la senadora conservadora Nadia Blel Scaff, presidenta del Partido Conservador, sostiene, en cambio, que esta violencia también se puede ejercer de la madre contra el padre, en igual medida.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, como la Fundación Mujer Libre y la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, han expresado su preocupación de no reconocer esta violencia como violencia machista. Ya que esta determinación podría ser utilizada para judicializar a madres injustamente o para revivir el Síndrome de Alienación Parental (SAP), proscrito por la Corte Constitucional en noviembre de 2023.

En ese momento, la Corte explicó en su Sentencia T-526 de 2023 que, a pesar de no tener respaldo científico, el SAP se utilizaba de forma reiterada en la jurisprudencia colombiana, con terribles consecuencias para los menores de edad. Por no ir más lejos, es el caso de Sandra Bohórquez y su hija e hijo. Este falso concepto, según la Corte, asumía que la negativa de un hijo o hija a ver a su padre podía ser producto de una manipulación de su madre, que “lo había alienado” y esto invalidaba sus testimonios y evitaba que se investigaran las razones de este rechazo, en especial en casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual.

Los dos proyectos de ley sobre violencia vicaria han superado sus primeros dos debates, pero necesitan pasar en las cámaras contrarias donde ya fueron apoyadas, por unanimidad, las iniciativas con la que compiten. Es más, ninguna de las dos iniciativas han sido agendadas para esta legislatura y, como van los tiempos, es muy probable que ya no alcancen a surtir su trámite este semestre, en medio de las tensiones políticas que están a la orden por estos días.

“Ojalá la senadora Nadia Blel mostrara un poco de interés en dialogar o conciliar el proyecto de ley y así avanzar con el único objetivo de lograr una ley que proteja a las infancias y sus madres. Es increíble que tengan retenido un proyecto tan importante, solo por diferencias políticas. Este no es un proyecto en contra de los hombres, es un proyecto contra los agresores vicarios”, dijo, en diálogo con El Espectador, Ximena Ordóñez, de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria.

Este tipo de violencia ya ha sido reconocida en España, Uruguay, Argentina, Australia y más de 20 estados de México. Colombia, por lo pronto, sigue en mora de legislar y afrontar este fenómeno, para que un día no tan lejano, a través de políticas públicas y de fallos de justicia, no sea “normal” en las familias escuchar: “Le voy a dar donde más le duele”, como le dijo Reyes Elías López a Sandra Bohórquez cuando amenazó con matar a su hija y separarla de su hijo, según su denuncia.

FUENTE: EL ESPECTADOR