En febrero de 2020 el tratamiento del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas exhibió la gravedad de la violencia mediática en razón de género en el país. A cinco años de las protestas, seis periodistas mexicanas¹ reflexionamos sobre la cobertura a los crímenes de odio contra las mujeres.

14 de febrero de 2020. Algunas nos reunimos a la salida del Metro Pino Suárez con la muy tenue y desgastada esperanza de que el gobierno pausaría la conversación de la rifa del avión presidencial para atender nuestras demandas. “¡México feminicida!”, “¡Nos están matando!”, denunciamos por más de tres horas. No se nos escuchó. Al contrario. El expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió no pintar las paredes si no queríamos ser reprimidas. 

Las que vivían lejos de CDMX, o no pudieron llegar a las seis de la mañana a Palacio Nacional, se organizaron en la Antimonumenta; unas encapuchadas y otras con un pañuelo verde cubriéndoles la nariz gritaron “¡Justicia para Ingrid!”, mientras la batucada acompañaba a las colectivas que instalaron un altar de flores y fotografías en la Avenida Juárez. 

Por la tarde, contingentes separatistas se reunieron en la Torre Caballito, en Paseo de la Reforma, y en el trayecto se cruzaron con las morras que venían del Metro La Raza o de la colonia Vallejo. En grandes grupos o del brazo de sus mejores amigas, periodistas y estudiantes de comunicación caminaron hasta la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y luego a la sede de La Prensa, diario de nota roja que lleva en circulación desde 1928. 

A la par, compañeras de diferentes edades protestaron en Edomex, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato en eco a la consigna que entre agresiones de la policía y el quiebre de los cristales de uno de los camiones de La Prensa se hizo más fuerte: El feminicidio no es un espectáculo. 

Ese día escribimos y voceamos el nombre de Ingrid Escamilla Vargas, de 25 años, maestra en administración de negocios y originaria de Juan Galindo, Puebla. Nuestra rabia también cobijó a las familias de Chimalhuacán, Ecatepec, Neza, Ciudad Juárez, Tijuana, Manzanillo y Culiacán que exigían justicia para las mujeres, niñas y adolescentes que fueron despojadas de los derechos más fundamentales: la vida y la dignidad. 

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El 9 de febrero de 2020 —un par de días antes de la desaparición y el feminicidio infantil de Fátima Cecilia en Xochimilco— Erick Francisco N, de 46 años, asesinó a su pareja, Ingrid Escamilla, al interior de su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, frente a su hijo. El feminicida confesó el delito a su exesposa, quien dio aviso a las autoridades. La policía llegó cuando Erick Francisco intentó deshacerse de las pruebas. 

A las pocas horas, en internet empezó a circular un video grabado por un policía en el que el feminicida narró los hechos. Paralelamente, los diarios La Prensa y ¡Pásala! publicaron fotografías del cuerpo de Ingrid y titulares amarillistas que siguieron la línea de “crimen pasional” y ocuparon adjetivos que oscilaron entre la burla y la deshumanización. Al actuar carente de ética de estos diarios se sumaron otros medios que priorizaron elementos narrativos y visuales del true crime (ficcionalidad y descontextualización, por ejemplo). 

En los primeros días fueron muy pocos los portales de noticias y periodistas que subrayaron que meses antes, en 2019, Ingrid acudió a la Fiscalía capitalina para interponer una denuncia contra Erick Francisco N por violencia. Tampoco se habló de que la joven vivía lejos de su familia. Ingrid nació en el municipio de Juan Galindo, en la Sierra Norte de Puebla, fue ahí en donde sus hermanas y vecinos hicieron el entierro. Los escasos acercamientos de la prensa con la familia se disiparon entre notas cargadas de descripciones gráficas, especulaciones y perfiles que intentaron limpiar la imagen del feminicida. 

La espectacularización del feminicidio de Ingrid y la minimización por parte del entonces presidente (AMLO) provocaron manifestaciones en 12 estados del país y protestas digitales. De acuerdo con Signa Lab, espacio interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), entre el 9 y 12 de febrero de 2020 se registraron 178,501 tuits con el nombre de Ingrid Escamilla. Si bien varias de las publicaciones partieron de la estrategia feminista de compartir imágenes de flores, paisajes e ilustraciones artísticas con los hashtags #IngridEscamillafotos e #IngridEscamillaChallenge, lxs especialistas del ITESO destacaron que la discusión mediática y de redes sociales estuvo “atravesada por la normalización de la violencia”, la indignación, rabia y tristeza. 

Al respecto, Scarlett Lindero, periodista y coordinadora editorial de La Cadera de Eva, señala que la revictimización mediática de Ingrid también fue un ejemplo de las pedagogías de la crueldad de las que habla la antropóloga Rita Segato. Antes de Ingrid, los medios incurrieron en narrativas estigmatizantes sobre los feminicidios de Lesvy Berlín Rivera Osorio, María de Jesús “Marichuy” Zamudio y Mara Fernanda Castilla Miranda. “[Entre compañeras] analizamos cómo cada vez se le daba más cobertura al feminicidio pero desde el terror. En esa época, en la tele, casi cada semana había un caso de feminicidio, pero desde una narrativa en la que se culpaba a las víctimas. Entonces estaba la duda de si realmente los medios tenían un interés genuino en denunciar la violencia feminicida o si sólo era por morbo, espectacularización o tendencia. Era una especie de terror mediático”, recuerda en entrevista con Volcánicas. 

En una postura similar, María Ruiz, fotógrafa e integrante de la Red de Periodistas de a Pie, enfatiza que la circulación indiscriminada y sin censura de las fotos del feminicidio de Ingrid y el limitadísimo profesionalismo con el que se abordó el caso también tuvieron repercusiones duraderas en la salud mental y en la forma en la que nos relacionamos sexoafectivamente. “Me acuerdo que en ese tiempo había mucho enojo. También se desarrolló un miedo del que nos hemos tardado en salir […] No sé qué pasó en la sala de redacción que decidió publicar esas imágenes. Pero trajo efectos muy demoledores. Tuvo un efecto en todas nosotras, e incluso nos cuestionamos si queríamos seguir vinculándonos con hombres o no. Desconfiamos mucho porque sabemos a qué niveles puede llegar la violencia de género. Sigue habiendo un bucle de odio hacia las mujeres”, dice. 

El caso de Ingrid Escamilla no sólo puso sobre la mesa las deficiencias del Estado mexicano con relación al feminicidio. También hizo visibles las fallas del sistema de medios en el combate a las violencias contra las mujeres. 

Por más de 60 años, periodistas, profesionales de la comunicación y activistas han denunciado la estructura patriarcal que sostiene a los medios y las formas en las que esta se refleja tanto en el manejo de la información como en sus dinámicas de funcionamiento. La exposición de fotografías de cuerpos atravesados por la crueldad y el predominio de lenguajes forenses poco —o nada— cuidados en las coberturas del feminicidio de Ingrid reactivaron distintas conversaciones respecto a la nota roja, que desde el siglo XIX ha marcado la historia del periodismo mexicano y que hasta 2020 reportaba un tiraje de 655.919 ejemplares, según datos del Padrón Nacional de Medios Impresos. 

En su columna “La nota roja, más allá de nuestros prejuicios”, María Ruiz cuenta cómo el trabajo de fotoperiodistas como Andrea Ahedo, Jair Cabrera y Ernesto Álvarez cambiaron su perspectiva sobre este género. “En el imaginario mexicano, la cobertura de nota roja se confunde con amarillismo y filtraciones, pero no son lo mismo”, resalta para recordar que las filtraciones en el caso de Ingrid Escamilla no fueron por parte de fotoperiodistas de nota roja. “Fue una filtración de los servidores públicos a los medios. Lo que hubo ahí fue una decisión editorial de publicar”, precisa en conversación con Volcánicas. 

Esta misma puntualización la hace Fernanda Rojas, excolaboradora de El Gráfico, diario que recientemente cumplió 103 años y que se ha posicionado como uno de los títulos de nota roja más vendidos en México. Fernanda fue una de las fotoperiodistas que documentaron las protestas del 14 de febrero de 2020. En ese entonces era practicante de El Universal, pero años después habló del tema con sus colegas de Él Gráfico. “Ellos [los fotógrafos] me dijeron que habían levantado algunas imágenes de las características del edificio. Pero que las fotos [de Ingrid] corrieron muy rápido. No fue sólo una filtración a la prensa; fue algo masivo. Ellos me decían que los que eligen las portadas son los editores”. 

Como escribe María Ruiz en su columna, el proceso para documentar la nota roja ha cambiado. En la década de los 80 se permitía que lxs fotógrafxs pasaran al lugar de los hechos. Actualmente, el ingreso es mucho más limitado. “Cuando se trata de un homicidio al interior de un departamento, lo único que se puede hacer es fotografiar afuera del edificio. No podemos entrar ni cruzar los cordones”, explica Fernanda Rojas. 

Sin embargo, resalta la excorresponsal de El Gráfico, uno de los aspectos a señalar es que, antes del feminicidio de Ingrid, los medios de nota roja consideraban este tipo de fotos para las portadas. “Son imágenes que filtran paramédicos, policías o peritos, que tienen más cercanía con los cuerpos. Las fotos que traen ellos no tienen la mejor composición o exposición de luz, pero es una escena más fuerte. Entonces, muchas veces los editores optan por esas imágenes”, detalla Fernanda sobre los más de dos años que cubrió esta fuente, una en la que la instrucción siempre fue “llevar el cuerpo destapado”. 

Existe la Ley Ingrid, ¿pero qué pasa con el acceso a la justicia?

Entre el 11 y 13 de febrero de 2020, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en ese entonces jefa de gobierno, y la extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Erik Francisco N y condenaron el feminicidio de Ingrid. En esos mismos días, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) les recordó a los medios que “están obligados a respetar la dignidad de las personas y cuidar que sus contenidos garanticen los derechos humanos y la confidencialidad de cualquier víctima de delito”. 

La Segob también dijo que investigaría a los medios que difundieron las imágenes, esto en cumplimiento al Convenio por la Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación (2016) y el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.  A su vez, la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre, detalló que la fiscalía capitalina investigaba a seis policías que llegaron al lugar de los hechos. En diciembre de ese mismo año un juez vinculó a proceso al agente Benjamín T.J. por el ejercicio ilegal del servicio público, delito en el que incurrió al difundir material fotográfico del caso.  

Para 2021 diputadxs de CDMX, Oaxaca, Sonora y Colima presentaron paquetes de reformas para combatir la violencia mediática en razón de género. A estas iniciativas se les conoció como Ley Ingrid que, de acuerdo con el Senado de la República, “sanciona los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, particularmente a los funcionarios que filtren imágenes de víctimas de violencia”. 

La Ley Ingrid contempla modificaciones a los Códigos Penales locales y tipifica como delitos la grabación, reproducción, difusión, entrega, oferta, publicación,  transmisión, exposición, revelación e intercambio de audios, vídeos, documentos, información, indicios y evidencias de procesos penales. Además, en 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) subrayó que las irregularidades en el caso de Ingrid Escamilla habían constituido una “violencia institucional”.  

Si bien la Ley Ingrid responde a una serie de demandas que periodistas, académicas y profesionales de la comunicación plantearon desde los 70, estas reformas también han sido materia de debate entre los propios feminismos y movimientos de mujeres organizadas. Una de las primeras observaciones que hace Scarlett Lindero es que, a la fecha, no hay transparencia ni información pública sobre casos en los que se haya aplicado la Ley Ingrid. “Desde que se aprobó, no sabemos a cuántos funcionarios o medios se han sancionado”, asegura. 

En la misma línea, Gloria Piña, periodista de investigación, documentalista y colaboradora de EMEEQUIS, destaca que también hay un vacío respecto a los entornos digitales. “La ley existe, pero no ha sido ejecutada del todo. Hay medios que a partir de ese momento [del feminicidio de Ingrid] empezaron a censurar los rostros de las víctimas, a evitar la publicación de imágenes muy gráficas o a incluso poner un aviso de advertencia. Pero la realidad es que esas fotografías siguen en exposición, principalmente en redes sociales. Sabemos que hay figuras periodísticas que trabajan a partir de filtraciones de la Fiscalía y otras autoridades. Exhibir los casos de muertes y asesinatos como show es una realidad vigente”, explica. 

A esta reflexión, Piña agrega que la creación de una ley no se traduce automáticamente en la atención adecuada y la resolución de los casos. A mediados de 2022, Antelma Vargas, madre de Ingrid, contó a EMEEQUIS que en la búsqueda de justicia para su hija hubo varias irregularidades: la familia tuvo que buscar representación legal en el sector privado, no se les asesoró sobre cómo acercarse a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi), se aplazaron los juicios y tampoco se les informó sobre la ley. “No fui consultada. Sólo supe por periódicos y redes que se estaba implementando”, sostuvo la madre. Pasaron casi cuatro años para que el 12 de octubre de 2023, la exfiscal Ernestina Godoy Ramos confirmara la pena máxima (70 años de prisión) contra Erick Francisco N por el delito de feminicidio.  

En conversación con Volcánicas, Gloria Piña también recuerda que “la ley se ha utilizado para criminalizar a otras poblaciones, como las madres buscadoras” que usan las redes sociales para informar sobre la localización de cuerpos y fosas. En junio de 2022, después de que el Congreso de Sonora aprobó la Ley Ingrid, colectivos criticaron esta medida argumentando que lxs legisladorxs nunca se habían preocupado por las víctimas y que se estaba intentando esconder la grave situación de violencia por la que atraviesa México. 

En estados como Jalisco, el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez pidió a los colectivos de búsqueda “no violar la ley” y que “hicieran las cosas de manera correcta”. A dicha declaración, las madres buscadoras respondieron: “Si ustedes trabajaran realmente, no habría necesidad de colectivos como el nuestro haciendo el trabajo que a usted le corresponde. Somos las familias quienes buscamos y encontramos”. En una entrevista con EMEEQUIS, la abogada Gabriela Amores Moya hizo eco a la preocupación de los colectivos y enfatizó que las instituciones siguen manteniendo grandes deudas en materia de desaparición de personas. “La misma sociedad está buscando a los suyos.  Estamos viviendo en una falta de Estado de derecho”, declaró. 

Editoras de género: una figura que lucha por fortalecerse en un sistema de medios tambaleante y violento

Además de las conversaciones en torno a la nota roja y los cambios en la legislación mediática, el caso de Ingrid Escamilla evidenció la urgencia de contar con editoras de género en las redacciones. En cinco años hemos tenido el nombramiento de Celia Niño (Canal 44, UDG TV, medios de la Universidad de Guadalajara), Mariana Chávez Castañeda (Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía (SURTC) de la Universidad Autónoma de Querétaro) y Sara Lovera (Organización Editorial Mexicana, OEM) en este cargo². 

En entrevista con Volcánicas, Celia Niño compartió que para su trabajo ha sido clave el apoyo de colegas de otros medios del estado. “Aquí en Jalisco soy la única editora de género. Pero hay un montón de reporteras y periodistas feministas con las que hemos sacado comunicados en conjunto cuando detectamos que hay un pésimo manejo de temas de violencias contra las mujeres”. 

Aunque coincide con María Ruiz en que desde 2020 se “han rescatado esfuerzos de muchas periodistas que han luchado por una comunicación libre de violencia” y “se ha avanzado en el establecimiento de lineamientos editoriales” apegados a las leyes de protección integral y a manuales como el de la Iniciativa Spotlight, Niño destaca que las editoras de género siguen enfrentándose a resistencias por parte del gremio periodístico y a retos que derivan de la complejidad  del actual ecosistema mediático. 

“Todavía hay unos que otros necios, sobre todo de las fuentes policiacas, que están mal acostumbrados a hacerla de peritos y a especular sobre escenarios y situaciones para intentar lavar la cara a los perpetradores de delitos como el feminicidio […] Una de las conversaciones centrales para las editoras de género es la creación de contenido y todo el contexto del periodismo digital. Hay muchas personas que toman el rol de informar, pero que tienen una seria carencia de deontología periodística. Frente a esto, necesitamos contar con lineamientos que sirvan en todos los medios; que dejen de ser esfuerzos aislados”, ahonda.

Particularmente sobre la nota roja, en los últimos cinco años, fotoperiodistas como Fernanda Rojas han socializado estrategias con las que han plantado cara a la espectacularización de la violencia y al ninguneo que algunxs colegas han hecho sobre su trabajo. 

“Al principio, esta fuente puede ser difícil porque es un ambiente de muchos hombres. Pero también hay bastantes compañeras reporteras. Yo siempre me apoyé en ellas. Siempre nos cuidamos mucho. Debo decir que no entré muy convencida porque tenía una mala idea de la nota roja porque mi papá consumía este tipo de periódicos y siempre veía las fotos. Ya después supe que podría cambiar algunas cosas en el buen sentido. Para mucha gente, la nota roja es el primer acercamiento que tiene con temas como el de la desaparición o las propias negligencias de las autoridades”, comparte la excolaboradora de El Gráfico. Reflexiones como las de Fernanda, María Ruiz y la periodista Marcela Turati —la importancia de la nota roja para conocer los datos de la violencia en México— conviven también con las discusiones en las que se problematiza recurrir exclusiva y únicamente a este género periodístico para las coberturas sobre feminicidio.

“Podríamos entender la importancia de la ética no sólo como un parámetro periodístico, sino humano […] Debemos seguir hablando de precarización laboral como un factor relevante en la violencia mediática contra mujeres. En muchas redacciones no hay espacio ni tiempo para la especialización y sensibilización. Todo esto de la inmediatez, de generar más contenidos, clics y visualizaciones provoca que lleguemos a caer en narrativas revictimizantes”, apunta Piña. “Definitivamente, nos hemos aproximado a otras formas de abordar la violencia. Pero sigue habiendo una deuda con las familias de las víctimas. Varios medios caen en malas prácticas como el sacar peritajes sin siquiera consultar a las familias. Se sigue queriendo ganar la exclusiva y se olvida el dolor”, agrega Lindero, quien también considera que las diferencias políticas entre los movimientos feministas han sido otro factor que ha dificultado contar con una red de periodistas y editoras más sólida en México. 

“Creo que todo lo que se ha alcanzado ha sido muy frágil. Hay una mayor conciencia respecto a cómo narramos las violencias contra las mujeres, pero sigue siendo muy encapsulada; se sigue quedando en círculos muy pequeños, en nuestras burbujas. Necesitamos pensar y discutir cómo pasar a otros niveles narrativos e informativos sobre el feminicidio”, concluye María Ruiz. 

Notas al pie

¹ La sexta periodista es la autora de este texto, An Flores, comunicóloga política que desde 2017 se especializa en regulación audiovisual, Economía Política de los Medios, derechos de las audiencias y deontología de la comunicación.

² En cinco años, el reconocimiento de esta figura se ha limitado, en su mayoría, a medios públicos y no ha logrado consolidarse en una red más amplia y articulada, como ocurre en Argentina.

FUENTE: VOLCÁNICAS