enero 21, 2025
“La maternidad forzada es tortura”: ONU sobre casos en Ecuador y Nicaragua

Norma, Lucía y Susana son tres mujeres latinoamericanas que, durante su infancia, fueron víctimas de violencia sexual y forzadas a ser madres. El Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre estos casos, declarando que la maternidad forzada “es un acto equivalente a tortura”, por los que Nicaragua y Ecuador deberían responder.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas responsabilizó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por violar los derechos humanos de Norma, Lucía y Suana, niñas sobrevivientes de violencia sexual a quienes se les negó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Según Hélène Tigroudja, miembro del Comité, “obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura”, se lee en el comunicado.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas responsabilizó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por violar los derechos humanos de Norma, Lucía y Suana, niñas sobrevivientes de violencia sexual a quienes se les negó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Según Hélène Tigroudja, miembro del Comité, “obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura”, se lee en el comunicado.
El organismo internacional señaló que los países involucrados incumplieron los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan derechos fundamentales como el derecho a la vida y una vida digna, el acceso a recursos efectivos ante la justicia, la protección contra la tortura y los tratos crueles o inhumanos, así como los derechos a la privacidad, a la información, a la igualdad y a la no discriminación.
Frente a las medidas reparatorias, se solicitó que Ecuador y Nicaragua adopten medidas para subsanar los daños causados a las víctimas, así como garantizar el acceso a la educación y atención psicológica de los niños y niñas nacidos de violencia sexual.
De igual manera, se destacó la necesidad de que los países proporcionen educación de salud sexual, con el objetivo de identificar de manera temprana casos de violencia sexual y prevenir embarazos asociados. Asimismo, se subrayó la necesidad de garantizar que todas las niñas víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en situaciones donde este represente un riesgo para su vida o salud.
Y es que la violencia sexual y la maternidad forzada no son casos poco comunes, en América Latina, cada minuto cuatro niñas se convierten en madres. De acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2021, más de 100 niñas menores de 14 años se vieron afectadas). Niñas que, en lugar de vivir su infancia entre juegos infantiles o tareas escolares, enfrentan el peso de ser madres a una temprana edad.
La violencia sexual está detrás de la mayoría de estos embarazos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 80% de los casos de involucra a niñas entre los 10 y 14 años, muchas veces en contextos de abuso sexual reiterado. Y pese a los avances en materia de violencia sexual, la interrupción voluntaria del embarazo y que las niñas y niños son sujetos de especial protección, algunos países de América Latina siguen sin tomar acciones frente a este panorama.
Una realidad que va más allá de las cifras. Los casos de Norma, Lucía y Susana son un ejemplo de ello. Sus vidas cambiaron drásticamente cuando fueron víctimas de violencia sexual, y aún más cuando, siendo apenas niñas, se vieron obligadas a convertirse en madres debido a las restricciones en materia de derechos sexuales y reproductivos impuestas de sus países.
Las historias detrás de las cifras
Norma, Ecuador
Norma creció en un pequeño pueblo de Ecuador, no muy lejos de Quito. Mientras sus amigas y amigos jugaban por las calles del pueblo, ella pasaba semanas escondida, huyendo de su padre Raúl. Él maltrataba a su mamá y había abusado sexualmente a la sobrina de su pareja. En medio de ese entorno, Norma buscó refugio en casa de sus abuelos. Allí encontró un respiro por un breve tiempo, vivió con ellos durante dos años, hasta que la muerte de su abuela la obligó a regresar con su padre, a pesar de que se sabía que esto era peligroso para la niña.
Los abusos sexuales, se volvieron recurrentes, a los 13 años Norma empezó a notar cambios en su cuerpo que no lograba entender. Su hermana mayor se dio cuenta que estaba embarazada, la llevó al médico y en ese momento la niña pudo contar lo que su padre le hacía. Sin embargo, los médicos le negaron la opción de abortar, a pesar de que en Ecuador, desde el 2014, es legal la interrupción voluntaria del embarazo, cuando este pone en riesgo la salud de la paciente, el cual era el caso de Norma debido a las complicaciones que podía llevar el hecho de estar en estado de gestación a tan corta edad.
La denuncia por abuso sexual se presentó, pero los trámites legales se prolongaron. Pasaron cuatro años, el violador enfermó y murió antes de que Norma hubiera tenido algo de justicia. Los niños seguían jugando en las calles, pero Norma ya no podía unirse a ellos. Su infancia quedó interrumpida al asumir una maternidad impuesta, en un país que no le garantizó el derecho al aborto.
Lucía, Nicaragua
Lo que más le apasionaba a Lucía era cantar. Por las tardes, encontraba alegría en los ensayos del coro juvenil de su iglesia, dirigidos por el sacerdote Ricardo. Asistía varias veces por semana, pero su entusiasmo se transformó en inquietud cuando el cura comenzó a enviarle mensajes con preguntas sexuales. Una tarde, después de un ensayo, el sacerdote la invitó a una habitación de la casa cural y abusó sexualmente de ella. Ricardo, aprovechándose de su posición de poder y del temor que inspiraba, la sometió a estos abusos durante más de un año.
Fue la madre de Lucía quien finalmente descubrió el embarazo de su hija cuando apenas tenía 13 años, una situación que puso en grave riesgo su salud física y mental. A pesar de las denuncias y las pruebas concluyentes presentadas en contra del sacerdote, este nunca fue procesado. Hoy, Lucía enfrenta las consecuencias de una maternidad impuesta mientras su agresor permanece libre.
Susana, Nicaragua
Susana vivía con sus abuelos en un pequeño pueblo de Nicaragua. Su abuelo, un hombre hombre a quien todo el mundo conocía porque hacía parte de una banda armada, abusaba sexualmente de la niña desde que tenía seis años. A los trece años, Susana comenzó a sentirse enferma, sin entender qué ocurría con su cuerpo, fue su abuela quien descubrió que estaba embarazada, consecuencia de los abusos sexuales que había enfrentado. Decidida a protegerla, su abuela la sacó de la casa y denunció a su pareja. Sin embargo, las autoridades rechazaron la denuncia en cinco ocasiones y, finalmente, el caso terminó archivado.
Susana no tuvo alternativas. Fue obligada a continuar con un embarazo resultado de la violencia sexual que ponía en riesgo su vida. Llegó al parto sin haber recibido atención médica previa ni apoyo del sistema de salud, nadie le explicó qué esperar, ni cómo afrontar el miedo, la tristeza y el peso del trauma. Hoy, Susana enfrenta una maternidad impuesta mientras sigue huyendo de su agresor quien continúa amenazándola.
Una realidad más grande que tres casos
El decisión del Comité representa un hito en la protección de los derechos de las niñas en todo el mundo. En entrevista con El Espectador, Marianny Sánchez, Directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global explicó que el pronunciamiento favorable no sólo tiene impacto directo en países como Ecuador y Nicaragua, sino que también establece precedentes vinculantes para los 170 Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre las medidas para ser aplicadas en diferentes Estados se incluye la modificación de leyes para asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en situaciones de violación sexual o cuando el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. Asimismo, emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos. Y, finalmente, exigir capacitaciones a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual.
FUENTE: EL ESPECTADOR