Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.

Esta columna fue escrita en coautoría con la columnista invitada Helen Rojas.

Colombia, un país marcado por profundas desigualdades económicas y sociales, enfrenta grandes desafíos en la administración de sus políticas fiscales. 

Por un lado, la distribución de la carga tributaria, especialmente de los impuestos indirectos, recae desproporcionadamente sobre los sectores populares y las capas medias, donde las mujeres tienen una representación significativamente mayor. 

Por otro lado, el gasto público requiere un mayor enfoque en la inversión en sectores sociales clave para reducir las brechas socioeconómicas. Históricamente, el gasto público se ha orientado principalmente a los gastos de funcionamiento, que representan cerca del 60% del presupuesto, seguido por el servicio de la deuda pública, y por las inversiones las cuales representan menos del 20% del presupuesto.

Aunque los impuestos y el gasto público a menudo parecen conceptos abstractos, están estrechamente relacionados con la calidad de vida de cada persona, afectando de manera desigual a mujeres y hombres.

Los recortes en servicios públicos esenciales como salud, educación y cuidado infantil afectan de manera particular a las mujeres cabeza de hogar, quienes dependen en mayor medida de estos servicios y asumen gran parte del trabajo de cuidado no remunerado.

Esta desigualdad socioeconómica se entrelaza profundamente con la violencia de género, ya que las mujeres en situación de pobreza son más vulnerables a sufrir agresiones físicas, psicológicas y económicas. La falta de acceso a recursos, educación y empleo bien remunerado restringe su autonomía, mientras que la discriminación y los estereotipos de género perpetúan la violencia en sus diversas manifestaciones. Un ejemplo de esta realidad es que, según el Instituto Nacional de Salud (INS), durante el primer semestre de 2024 se registraron 66.621 casos de violencia de género en Colombia, de los cuales el 75,6% afectaron a mujeres. Este problema no puede ser resuelto solo a través de medidas legales o campañas sociales, aunque ambas son fundamentales. Es necesario adoptar un enfoque integral que también aborde las causas económicas subyacentes de la desigualdad. En este sentido, la implementación de un sistema tributario progresivo, la lucha contra la corrupción y una asignación más transparente de los recursos públicos son pasos cruciales para construir una sociedad más equitativa y segura para las mujeres.

En este contexto, las organizaciones Dejusticia, Cedetrabajo y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana han destacado la importancia de incorporar un enfoque fiscal inclusivo en el debate público. Para cerrar el 2024, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se discutió cómo las decisiones sobre la distribución de los recursos públicos, junto con la necesidad de medidas tributarias más equitativas, son fundamentales para garantizar una política fiscal capaz de sostener un Estado de bienestar.

Diana Guzmán, Directora de Dejusticia, ha señalado que en Colombia aún es necesario avanzar en la mejora de la recolección de datos tributarios desagregados por género. Si bien se ha dado un primer paso con la identificación del género de las personas que declaran renta desde 2023, aún faltan muchos más datos para comprender de manera integral cómo las desigualdades de género afectan la economía y la distribución de recursos. Esto, a su vez, permitiría crear políticas públicas más efectivas y dirigidas a reducir las brechas socioeconómicas que afectan a las mujeres.

Además de recolectar datos, es crucial proponer soluciones innovadoras relacionadas con los trabajos de cuidado, dado el vínculo estrecho entre la desigualdad de ingresos y la desigualdad de género. Esta dinámica crea un vacío en el bienestar social y refuerza la carga del trabajo no remunerado, que recae mayormente sobre las mujeres. Estos trabajos representan cerca del 19% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, según cifras del DANE. Mientras se siga trasladando esta responsabilidad, especialmente a las mujeres, se perpetuarán ciclos de desigualdad que limitan su desarrollo productivo y equitativo.

Bajo este panorama, Óscar Becerra, profesor de la Universidad de los Andes, señaló que, las políticas públicas de prevención y mitigación de la violencia de género, deben reconocer y adaptarse a las realidades del cuidado no remunerado. Por ejemplo, es fundamental garantizar que la licencia de paternidad tenga el mismo peso que la de maternidad, para que las responsabilidades de cuidado no recaigan sólo sobre las mujeres. Además, medidas como las pensiones no contributivas y las rentas básicas escalonadas, ajustadas según factores como ingreso, edad, número de dependientes o nivel de vulnerabilidad económica, propuestas por el Observatorio Fiscal de la Javeriana, son fundamentales para crear condiciones económicas más equitativas para las mujeres.

Helen Rojas, coordinadora de asuntos de género de Cedetrabajo, destacó la importancia de perfeccionar el trazador de género en el gasto público. Según explicó, es fundamental crear indicadores reales y efectivos que midan el impacto de las políticas fiscales en las mujeres, para que los datos trasciendan su valor estadístico y se conviertan en herramientas de transformación. Además, urgió a dejar de considerar a las mujeres como un “gasto social” y promover la idea de que un cambio progresista en la sociedad requiere la unidad entre mujeres y hombres comprometidos con construir un país más justo y equitativo.

La política fiscal es un pilar clave para reducir las desigualdades de género, ya que determina cómo un gobierno recauda y redistribuye los recursos económicos en la sociedad. Por ello, es urgente diseñar un sistema fiscal más equitativo. Un modelo tributario progresivo y eficiente, que impulse el desarrollo industrial y productivo mientras prioriza una distribución justa de los recursos, es esencial para garantizar que las políticas públicas atiendan las necesidades de las poblaciones más vulnerables, en particular las mujeres que enfrentan grandes cargas de cuidado. Para lograrlo, es fundamental revisar y corregir las deficiencias estructurales del sistema fiscal actual, garantizando una mayor sostenibilidad económica y un espacio fiscal adecuado para financiar políticas sociales de alto impacto.

FUENTE: LA SILLA VACIA