noviembre 29, 2024
Actores estatales ejercen violencia digital contra defensoras medioambientales en la región andina
Actores estatales como alcaldes, políticos locales o líderes eclesiásticos son en gran medida quienes ejercen violencia digital de género contra defensoras medioambientales y de los derechos humanos en la región andina, en especial en Ecuador. Además, la violencia en línea no queda ahí, sino que también traspasa este entorno llegando a materializarse en agresiones físicas.
Estas son las principales conclusiones que se desprenden del estudio Violencia digital de género contra las mujeres defensoras de los derechos medioambientales y los derechos humanos en América Latina, que ha elaborado la Fundación Multitudes en Colombia, Ecuador y Perú, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
“En Ecuador, muchos de los actores y perpetradores de la desinformación, el hostigamiento y la violencia digital de género contra defensoras ambientales incluye actores estatales, como políticos locales y líderes eclesiásticos, quienes desacreditan la labor de estas mujeres”, ha afirmado a Efeminista la coordinadora de alianzas estratégicas de la Fundación Multitudes, Laura Martínez Quijano, quien añade que esta realidad también se da en los otros dos países aunque en menor medida.
La investigación se llevó a cabo en septiembre de este año y los datos fueron recabados mediante grupos focales y entrevistas a defensoras de diferentes rincones de la región andina. Los datos cualitativos obtenidos evidencian la alta incidencia de la violencia digital de género contra las defensoras medioambientales y sus efectos en su vida cotidiana, además de en su ejercicio público.
La violencia digital de género, una realidad invisibilizada
Preguntada por la naturaleza de este tipo de ensañamiento, Martínez Quijano asegura que “no es un fenómeno aislado” y que “se percibe como una extensión de la violencia fuera de línea”.
«Queríamos ahondar en la violencia en línea como una forma grave de agresión contra las defensoras ambientales porque esta violencia aumenta los riesgos de sufrir ataques fuera de línea con consecuencias físicas y psicológicas y está poco explorada», relata sobre el propósito del informe.
En efecto, el asesinato de estas mujeres es la manifestación más extrema de esta violencia. De acuerdo con datos de Global Witness, en 2023, se registraron 196 asesinatos a personas defensoras del medio ambiente, una cifra muy superior a la de la década anterior. El 80 % de estos asesinato se produjeron en América Latina. Colombia registró al menos 79 muertes; Ecuador, una; y Perú, cuatro.
En este sentido, Quijano lamenta que aunque algunos de estos países “tienen un marco legal relevante en el que se reconocen los derechos de la naturaleza, la discriminación de género y los delitos de odio”, no cumplen con la legislación en su totalidad, lo que deriva en que las defensoras víctimas de la violencia digital de género no sean debidamente atendidas.
La desinformación, principal forma de violencia digital
Asevera que la desinformación es la principal manifestación de este tipo de vulneraciones contra las defensoras medioambientales. De este modo “se perpetúan ataques a las defensoras basados en su identidad y no tanto en sus ideas”, agrega.
A este respecto, explica que el anonimato que brinda Internet y las redes sociales hace que este hostigamiento aumente. Y comparte que en los momentos en los que las defensoras adquieren mayor notoriedad pública es cuando más violencia digital reciben.
Pero más allá de la desinformación, Martínez Quijano también enumera otras manifestaciones de este tipo de violencia como el ‘doxing’ (publicación de información personal no autorizada), el acoso sexual en línea, el jaqueo de dispositivos y la creación de perfiles falsos o la vigilancia a través de dispositivos electrónicos.
«Otro de los puntos que se identificaron y que es bien importante es que la violencia de género en línea se ve aumentada por la interseccionalidad de las mujeres», anota, y es que cuando las defensoras son de indígenas, racializadas o de la diversidad sexual tienen mayor probabilidad de sufrir este tipo de violencia y de ser atacadas por su identidad.
Silenciar las voces de las mujeres, el objetivo principal
La coordinadora sentencia que la finalidad última de este tipo de actuaciones que vulneran la libertad de expresión es “silenciar a las mujeres” y señala que las consecuencias no sólo tienen un efecto directo en ellas, sino que también en sus familias.
“Esta violencia se extiende también a familiares, generando mucha ansiedad y miedo en ellas. La consecuencia evidente es que obliga a las defensoras a decidir entre su activismo y la seguridad de sus seres queridos, lo que deriva, en ocasiones, en que dejen de lado su participación pública”, relata.
También se han registrado además afectaciones relacionadas con la salud mental como episodios depresivos y conductas suicidas entre las víctimas entrevistadas.
Asimismo, aunque este informe no analiza las razones que llevan a las personas agresoras a ejercer esta violencia, Martínez Quijano afirma que “existen intereses sobre las tierras y el uso de las mismas, como desplazar a comunidades para extraer recursos”.
Las democracias se fracturan aún más sin la participación de las defensoras
«En general, los resultados confirman que la violencia en línea contra las mujeres defensoras es un problema sistémico que hunde sus raíces en las desigualdades históricas y se ve reforzado por la globalización en desigualdades históricas y reforzada por estructuras patriarcales y coloniales», concluye el informe.
A modo de recomendación a los Estados de la región andina para mitigar estos comportamientos, además de fomentar la concienciación en torno a la violencia digital de género, la coordinadora aconseja que se hagan cumplir las leyes y que se capacite al personal funcionario sobre los mecanismo de protección ya existentes para atender a las víctimas.
También llama a regular el uso de las redes sociales y a perseguir y sancionar a quienes promuevan campañas de acoso o desinformación contra defensoras ambientales, con más razón si cabe, si estas conductas provienen de actores estatales, matiza.
Por último, asevera que esta realidad afecta a la ciudadanía en su conjunto “dado que la no participación de las mujeres en la vida pública y en la defensa del medio ambiente hace que las democracias se fracturen más de lo que ya lo están en la región”.
FUENTE: EFEMINISTA