La investigación de la Policía determinó que eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída de 7.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Europol, en la mañana de este martes 1° de octubre anunciaron un megaoperativo con el que se logró liberar a 21 mujeres que eran explotadas sexualmente en apartamentos clandestinos por una organización criminal que operaba en varias provincias del país europeo.

Las víctimas, según la información, en su mayoría de origen colombiano, eran captadas en sus países por mafias dedicadas a este delito “con la promesa de una vida mejor, pero al llegar a España eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar una supuesta deuda de 7.000 euros”.

“La investigación policial comenzó a raíz de una información recibida que alertaba de la llegada a España de una presunta víctima de trata de seres humanos captada en su ciudad natal por una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres”, señaló la Policía en un comunicado.

Una alerta

El campanazo que llevó a desmantelar la organización, se dio luego de que las autoridades recibieron una alerta sobre la llegada a España de una posible víctima de trata de seres humanos.

“Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron localizar a la víctima y confirmar la existencia de una organización criminal ubicada en diversas provincias españolas dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución coactiva”, dijo la institución.

Las mujeres eran atraídas bajo la falsa promesa de mejorar sus condiciones de vida. Una vez en España, la organización “les proporcionaba reservas de hotel, seguros de viaje y vuelos de vuelta para aparentar que eran turistas. Además, las instruían sobre cómo comportarse en la frontera para evitar sospechas de las autoridades”.

La red gestionaba varios apartamentos los cuales eran convertidos en prostíbulos donde las víctimas eran forzadas a ejercer el trabajo sexual.

Además de explotar sexualmente, las mujeres eran vendidas a las víctimas a otros tratantes por 1.000 euros, ya fuera antes de su explotación o después de haber sido forzadas a trabajar.

FUENTE: EL TIEMPO