En entrevista con El Espectador, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, explica cuáles son los retos que enfrenta la población LGBTI+ para que se les garantice los derechos y el acceso a la justicia.

El pasado 12 de junio, el proyecto de ley que buscaba prohibir en Colombia las terapias de conversión a las personas LGBTIQ+, fue archivado por vencimiento de términos. La iniciativa, que ya llevaba más de un año en curso, no pudo tener su tercer debate. Este proyecto buscaba anular que esta población sea sometida a maltratos y violencia forzada, bajo la excusa de que su orientación sexual o identidad de género es algo que debe ser curado. Asimismo, organizaciones defensoras de derechos han registrado un aumento indiscriminado de violencia contra las personas trans. Según la Fiscalía, de enero a abril de 2024, fueron asesinadas ocho mujeres trans, quienes ejercían el trabajo sexual.

Estos hechos han alertado a organizaciones como Colombia Diversa, quienes han resaltado que aunque las instituciones han avanzado en procesos de inclusión para esta población, siguen existiendo barreras para garantizarles el acceso a los derechos, sobre todo en regiones del país donde aún persiste el conflicto armado. En entrevista con El Espectador, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, habla del panorama que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Colombia y cómo un enfoque diferencial puede brindar mayores hallazgos sobre el tipo de violencias que enfrentan.

Colombia enfrenta una época coyuntural para la población LGBTIQ+. Por un lado, en este medio año se han conocido ocho casos de homicidios a mujeres trans y, por otro lado, el Congreso de la República hundió el proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión, ¿cuáles son los retos que Colombia Diversa ha identificado a nivel nacional frente a estos dos momentos que ponen en discusión los derechos de la población LGBTIQ+?

Si es cierto que la violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex está en aumento, pero también es cierto que la Fiscalía ha comenzado a generar mejores registros de estos crímenes. Hemos identificado que el hecho más recurrente es el homicidio y están basados en hechos discriminatorios que nosotros llamamos prejuicio. Respecto a las terapias de conversión, seguimos insistiendo que no hay nada que curar. Desde los años 90 la Organización Mundial de la Salud lo dijo. Sin embargo, todavía se siguen sometiendo a las personas LGBTIQ+ a distintas formas de terapia que pretenden cambiar esa orientación sexual o esa identidad de género que es completamente normal.

La Defensoría del Pueblo ha realizado unas alertas tempranas que indican que existe un recrudecimiento de violencia contra población LGBTIQ+ en territorios donde existe la presencia de grupos armados. ¿Cuál es el panorama que enfrentan los líderes de esta población?

En los informes de derechos humanos hemos documentado un incremento de amenazas y homicidios a líderes LGBTIQ+. En Colombia las cifras nos muestran que la actividad que realizan los líderes es supremamente peligrosa. En el último año, diez defensores de derechos humanos han sido asesinados y esa cifra ha venido incrementando. En Cauca, por ejemplo, tenemos varias amenazas en contra de líderes. Esta zona actualmente enfrenta un recrudecimiento de conflicto por disidencias de FARC. En el Valle del Cauca, particularmente en Cali, es donde más asesinatos ha habido y donde tenemos una alerta roja. Después le siguen Medellín y Bogotá.

Muchas organizaciones de la sociedad civil han manifestado que la Fiscalía y otras instituciones no tienen un protocolo adecuado para identificar a personas LGBTIQ+ cuando hay crimines de por medio, ¿cuáles son esas barreras que han identificado en la caracterización de esta población?

Las instituciones deben entender que si se trata de un homicidio a personas LGBTIQ+ hay que sospechar que detrás de eso podría haber una discriminación que podría estar asociada al homicidio. Si esta hipótesis se confirma en la investigación judicial, el juez debe encargarse de brindar una sentencia con enfoque género. En Colombia, la ley dice que los homicidios por prejuicio tienen mayores condenas, pero para implementar esto debe haber un equipo investigativo que comprenda todos los factores que influyen en ser una persona con orientación sexual diversa. La judicialización de los victimarios de estos crímenes debe tener un enfoque diferencial.

La Fiscalía abrió en marzo un grupo investigativo para las violencias por prejuicio. ¿En este proceso se ha tenido acercamiento con Colombia Diversa u otras organizaciones de la sociedad civil?

Llevamos más de 10 años trabajando con la Fiscalía. En este tiempo hemos exigido lineamentos claros para que la Policía Judicial y los fiscales reciban capacitaciones en distintas regiones del país y entiendan cómo funciona la discriminación y cuáles son los patrones de los homicidios.

Por ejemplo, hemos identificado que los hombres gays pierden la vida en sus propias casas al ser víctimas de asfixia. En el caso de las mujeres trans, generalmente, son asesinadas en zonas de donde ejercen el trabajo sexual y los ataques son con armas de fuego. Sin embargo, creemos que trabajar en la prevención es lo más importante. Esta es una labor pendiente con la Fiscalía y otras instituciones del Estado. Promover el respeto desde el colegio es prevenir que en un futuro cualquier persona asesine a alguien LGBTIQ+ porque le parece anormal o indebido.

Uno de los grandes retos que tiene la Fiscalía es garantizar el acceso a la justicia de esta población en zonas que tienen alta presencia de actores armados ilegales. ¿Qué avances tienen en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en relación con mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales?

Naciones Unidas tiene la resolución 1325 que busca que las mujeres participen en los procesos de paz. Las cifran indican que las mujeres son quienes mayores afectaciones tienen en el conflicto armado. Por lo general, las mujeres son las más desplazadas y las que buscan a los desaparecidos. Las negociaciones no se deben hacer solamente entre los actores armados o entre las partes en conflicto, también deben involucrar a quienes han sido víctimas y a quienes tienen propuestas de construcción de paz.

Hemos logrado que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans de todo el territorio nacional participen en la construcción de este plan de acción con el Gobierno Nacional, para así incluir medidas específicas que garanticen las necesidades de las mujeres LGBTIQ+.

FUENTE: EL ESPECTADOR