En un mes marcado por la tragedia y la impunidad, Colombia enfrenta una escalofriante realidad: siete mujeres trans han sido brutalmente asesinadas. La población LGBTIQ+ ha alzado su voz en un llamado desesperado al Estado para que investigue estos crímenes que han sembrado el terror en la comunidad.

Valeria Bonilla, una activista comprometida con los derechos LGBTIQ+, lideró un plantón frente al búnker de la Fiscalía el pasado viernes 26 de abril. Junto a ella, un grupo de personas exigieron justicia y pusieron de manifiesto la indignación ante lo que denominan una ola de «homicidios sistemáticos».

Los primeros casos se registraron en Cali, donde Luisa Mome fue encontrada sin vida el 28 de febrero; le siguió Paulina Smith el 29 de febrero, y el 21 de abril, Macarena y Sharon Muñoz. En Pasto, Valentina Barrera fue hallada sin vida el mismo día, mientras que en Bogotá, Verónica Dantez corrió la misma suerte. El día previo al plantón, se reportó el fallecimiento de Luciana Román. Todas estas mujeres, además de ser parte de la comunidad trans, compartían la profesión de trabajadoras sexuales.

Alarmante situación

La violencia que rodea estas muertes es evidente. Los cuerpos de las víctimas han sido encontrados en distintos moteles, todos con claros signos de violencia. Ante esta situación alarmante, la sociedad colombiana se enfrenta a un desafío crucial: garantizar la seguridad y protección de todas sus ciudadanas, sin importar su identidad de género.

La impunidad que rodea estos crímenes solo añade angustia a una comunidad ya golpeada por la discriminación y la violencia sistemática. Es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y determinación para llevar a los responsables ante la justicia y evitar que estos lamentables sucesos se repitan en el futuro.

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