El grupo de mujeres que había desaparecido en Cancún llegó al Aeropuerto El Dorado de Bogotá en la tarde de este jueves.

Siete de las ocho colombianas que fueron reportadas como desaparecidas en Cancún, México, desde el pasado 5 de enero ya están en Colombia. Según informó Migración Colombia en su cuenta de X (antes Twitter), llegaron a la capital del país en la tarde de este jueves.

De acuerdo con las autoridades migratorias colombianas, el grupo de mujeres arribó al Aeropuerto El Dorado de Bogotá sobre las 4:00 p. m. Tras su llegada, según Migración Colombia, “se activó la ruta de protección y asistencia para estos casos.

Asimismo, las autoridades migratorias dijeron que el grupo de siete mujeres fue trasladado “a la oficina de viajeros en condiciones especiales”. Posteriormente, asegura Migración Colombia, “por medio de actas se entregaron a una funcionaria del Ministerio de Interior”.

El pasado fin de semana, cuando las mujeres seguían desaparecidas, la Cancillería colombiana dijo que “desde el momento en el que el Consulado General de Colombia en Cancún tuvo conocimiento de la presunta retención de las nacionales colombianas posibles víctimas de trata de personas, se estableció comunicación con sus familiares para conocer los detalles del caso e iniciar la respectiva asistencia consular”.

Por la desaparición de las mujeres, el cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández, anunció el pasado sábado que había pedido la activación de la búsqueda, en conjunto con las autoridades locales, de las mujeres, que inicialmente se dijo que eran nueve.

La denuncia fue hecha por otras mujeres que convivían con ellas bajo el control de una red de trata de personas, presuntamente, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la información obtenida por los periodistas locales, estas mujeres formarían parte de un grupo de entre 50 y 70 colombianas que fueron llevadas desde Colombia por orden del cartel.

Al parecer, el grupo de mujeres llegó a México con una deuda de 120.000 pesos mexicanos (casi $30 millones), que tendrían que “pagar” siendo explotadas. Durante este tiempo, dice la denuncia, les retienen sus pasaportes y no pueden salir sin supervisión.

FUENTE: EL ESPECTADOR