Los hechos habrían ocurrido durante la incursión de hombres armados en la vereda El Manso de Tierralta, Córdoba, el pasado 11 de septiembre.

Este miércoles se hizo público un posible hecho de violencia sexual contra una mujer embera por parte de agentes de la Fuerza Pública que se habrían hecho pasar por disidentes de las FARC. El caso se conoció inicialmente por videos compartidos en redes sociales en los que se ve a un grupo de hombres armados intimidando a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas, de la vereda Bocas del Manso en el municipio de Tierralta, Córdoba.

“Resulta muy grave que, además de los hechos de amenazas e intimidaciones, los líderes de la comunidad también denuncian un hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena. Por lo tanto, las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población”, afirmó en una rueda de prensa el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La comunidad de Tierralta asegura que, en medio de los amedrentamientos y amenazas, los actores armados también les robaron ropa, elementos de aseo y dinero y que, al marcharse, se dirigieron a un lugar donde estaba acantonado el Ejército. Además, señalan que algunos líderes comunitarios habrían abandonado el territorio por miedo.

Según la Corporación Caribe Afirmativo, estas comunidades indígenas y campesinas ya han enfrentado desplazamientos desde el año pasado, motivados por el uso de elementos explosivos en la zona por parte del Ejército. Por otra parte, el territorio también cuenta con antecedentes de violencia sexual por parte de varios grupos armados, incluyendo las fuerzas militares. “Este tipo de violencia es una herramienta de control de los cuerpos de mujeres y personas LGBTIQ+, para infundir miedo en las comunidades para alcanzar legitimidad en las mismas”, afirma la organización en un comunicado.

En el contexto colombiano, la violencia sexual es uno de los tipos de agresiones más frecuentes cometidos por actores armados. Desde 1985 y hasta el 30 de abril de 2023, el Registro Único de Víctimas (RUV) ha registrado 37.820 víctimas de violencia sexual; el 91% son mujeres. De ellas, 34.291 son víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y 2.178 pertenecen a una etnia indígena.

Luego de que los hechos se hicieran públicos, el comando de la Séptima División del Ejército Nacional informó que lo sucedido en Tierralta es materia de investigación. Por el momento se sabe que la Justicia Penal Militar abrió indagación preliminar contra los uniformados. Asimismo, instituciones como la Gobernación de Córdoba y la Fiscalía citaron un consejo de seguridad en Montería para tomar acciones que garanticen los derechos humanos de las comunidades.

FUENTE: EL ESPECTADOR