Su aclaración está relacionada con el trabajo que viene haciendo su oficina para buscar la paz urbana en Medellín.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que en la búsqueda de paz que adelanta con grupos armados que operan en Medellín y su área metropolitana, no son ciertas las supuestas promesas de rebajas de penas, de no extradición, o de excarcelación de líderes de estructuras armadas.

Este martes, a través de un comunicado, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, manifestó al país que el proceso con los grupos armados en la región paisa lleva cerca de cuatro meses. En total confidencialidad, ambas partes han venido trabajando en una fase de acercamiento “que cuenta con mecanismos de verificación de la reducción de la violencia”, en el que se revisa el cese de torturas, desapariciones, y asesinatos como compromiso mínimo de los grupos armados que han expresado su voluntad de paz.

“Esta primera fase se sostiene sobre compromisos de ambas partes con la verdad, con no hacer trampas ni engaños, y con abstenerse de incluir en el proceso a personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos”, aseveró la entidad encargada de abrir caminos a la denominada paz total del presidente Gustavo Petro.

Esta fase de acercamiento se está realizando con 12 grupos armados que manifestaron su voluntad de paz, propósito que se enmarca en la ley 2272, aprobada el año pasado por el Congreso, comentó el comisionado de Paz.

Según su despacho, esta etapa no solo ha sido “absolutamente discreta” para facilitar la confianza entre el Gobierno y los grupos al margen de la ley, sino que también ha contado con “acuerdos verificables” y con testigos internacionales, nacionales, eclesiales, y académicos, que seguirán presentes en la fase pública del proceso.

En medio de dicha labor, el despacho de Rueda aclaró que mientras se avanza en el espacio de diálogo con los distintos grupos armados que operan en esta zona de Antioquia, su oficina y las mesas de conversación no “desbordarán las competencias institucionales y respetarán en todo momento los acuerdos existentes de cooperación judicial”.

Rueda insistió: “Las especulaciones sobre promesas de rebajas de penas, de no extradición o de excarcelación de líderes de estructuras armadas carecen de fundamento. El sigilo que nos exige esta delicada primera fase del proceso ha dado pie a informaciones incorrectas sobre compromisos entre las partes y escenarios inexistentes”.

Rueda manifestó que los colombianos conocerán la arquitectura jurídica de estos procesos en la capital paisa cuando la hoja de ruta esté finalizada, con miras a brindar garantías a todos los participantes del proceso y que la paz urbana en esta zona del país sea posible.

A la par, el Gobierno ha estado haciendo acercamientos con dos bandas criminales que operan en Medellín: La Oficina de Envigado y Los Pachelly, grupos que han expresado voluntad de paz. Se sabe, por ahora, que la gestora de paz que ha estado acompañando a ambas estructuras en este proceso es Marta Macías.

FUENTE: EL ESPECTADOR