En un documento entregado al tribunal, 111 mujeres recomendaron cuáles deberían ser las sanciones propias y obras restaurativas a imponer a los responsables de delitos asociados con violencias basadas en género.

¿Cómo reparar lo irreparable? Esa fue una de las preguntas que se hicieron 111 mujeres víctimas del conflicto que se reunieron a pensar qué pedirían como medida restaurativa y cuáles deberían ser las sanciones a imponer a los actores armados que ejercieron violencias basadas en género contra ellas en el marco del conflicto armado en Colombia.

El resultado lo compilaron en un documento que le entregó la Ruta Pacífica de las Mujeres a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en el que le hacen recomendaciones a esa entidad creada por el Acuerdo de Paz en dos sentidos: las sanciones propias que se deben aplicar a los responsables y los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador (conocidos como TOAR), que son acciones concretas que estos deben cumplir para reparar a las víctimas.

El documento se llama Aportes a la JEP frente a Justicia Restaurativa, enfoque de derechos de las mujeres y sanciones a graves violaciones a Derechos Humanos de las Mujeres. Para Laura Valderrama, integrante de la Ruta y una de las coautoras del insumo, el recibimiento por parte de la JEP es histórico, porque nunca antes una corte había incorporado el enfoque de género en su trabajo.

“Esta es una construcción colectiva de mujeres diversas a las que les cambió la vida como consecuencia de la guerra y quienes quieren no solo ser reparadas a nivel personal, sino reconstruir el tejido social de sus comunidades. El recibimiento por parte de la JEP es muy valioso, porque es la primera vez que las mujeres víctimas se sienten realmente representadas. Esperamos que la entidad lo incorpore en su trabajo”, señaló.

Reinere Jaramillo, coordinadora de la Comisión de Género de la JEP y quien recibió en sus manos el documento, considera que el aporte es muy oportuno. “La Comisión de Género había venido discutiendo cómo debía ser ese enfoque en las sanciones propias y encontramos que muchos de esos avances coinciden de manera favorable con las propuestas que hicieron las mujeres. Esto confirma que no se puede avanzar en construcción de estas sanciones si no hay un diálogo permanente con las víctimas”, señaló la magistrada.

Las recomendaciones, además, cobran mayor relevancia tras el reciente anuncio de apertura del macrocaso número 11 de la JEP, que abordará hechos relacionados con violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes basados en género y orientación sexual.

Sanciones propias

El documento sugiere sanciones propias respecto a cuatro violaciones que han afectado de manera significativa a las mujeres: violencia sexual, secuestro, desaparición forzada y desplazamiento masivo. En todas, solicitan la aceptación de responsabilidad y la solicitud de perdón de manera pública por parte de los responsables. Además, piden acompañamiento psicológico especializado para las víctimas, construcción de centros comunitarios para atención a estas, obras sociales y mano de obra en construcción de colegios, vías, viviendas y proyectos productivos.

Frente a la violencia sexual, de manera particular, recomiendan aplicar a los responsables la pena máxima de privación de la libertad (que en la JEP es de ocho años), que se repare integralmente a los hijos de las afectadas y que además de la solicitud pública de perdón se logre “la vergüenza restaurativa del responsable”. En el caso de la desaparición forzada, piden que les digan la ubicación de las víctimas, que los mismos responsables busquen a las personas desaparecidas y que construyan monumentos simbólicos en honor a ellas. Y en el caso del desplazamiento, solicitan que se les restituyan las tierras, que les devuelvan lo que perdieron y que reconstruyan la infraestructura destruida.

También hacen algunas propuestas a nivel estructural relacionadas con crear leyes y decretos efectivos para evitar la repetición de los hechos, juzgar a terceros responsables, reformar la fuerza pública y el sistema educativo.

“Estas peticiones, que son supremamente importantes, escapan a la competencia de la JEP porque están asociadas a reformas estructurales y creación de leyes, que son competencia del legislativo y el ejecutivo. Lo que podemos hacer es articularnos con otras entidades para trasladar esas peticiones”, señaló Jaramillo al respecto.

TOAR con enfoque de género

La Ruta Pacífica de las Mujeres también realizó algunas recomendaciones sobre cómo orientar los trabajos, obras y actividades restauradoras que deben realizar los responsables de violencias basadas en género. Una de ellas es que los actos de perdón se preparen de forma que no incluyan narrativas justificantes ni heroicas que puedan reducir las responsabilidades. También sugieren que los TOAR guarden relación con las violaciones.

“Un acueducto y demás obras de carácter civil pueden ser una parte de los TOAR asignados, pero alguno de ellos debe comprender acciones relacionadas directamente con los hechos (…) Por ejemplo, en casos de violencias sexuales, se le puede asignar al responsable diálogo con sus subalternos sobre el tema, trabajo de ubicación de perpetradores directos, compromisos públicos de no repetición, entre otras labores”, señala el documento. Además, recomiendan que el plan de los TOAR presentado por un responsable sea revisado por organizaciones de mujeres que tengan experiencia en impactos directos en mujeres y niñas.

El documento contiene demandas generalizadas de las mujeres como verdad sobre los sucedido, armonización de las personas y territorios vulnerados, recopilación de memorias y adecuación de estas en museos, reconocimiento de la sabiduría ancestral de parteras y médicos propios, y programas de financiación para vivienda y trabajos dignos, entre otros.

Sin embargo, en los talleres realizados en Cauca, las mujeres hicieron un listado específico de los TOAR que esperan que se materialicen en su territorio. Este incluye proyectos regionales como escuelas que dignifiquen la labor de las defensoras de derechos humanos, pero también obras locales.

En Miranda propusieron una emisora local con temas de paz y regalarles radios a todos los habitantes del pueblo., además de escuelas ancestrales y casas de paso para mujeres. En Santander de Quilichao quieren construir un centro de memoria histórica para demostraciones culturales y talleres. Y en Silvia proponen un emprendimiento en elaboración de toallas higiénicas y pañales amigables con el medio ambiente y la plantación de árboles nativos.

Para Jaramillo, todas las recomendaciones resultan pertinentes, por lo que se comprometió a enviarlas a cada una de las instancias de la JEP para que se apliquen cuando correspondan. “Las mujeres no están pidiendo nada imposible. Esas propuestas las vamos a trasladar a todos los magistrados diciéndoles que son compatibles con lo que hemos venido trabajando internamente en la jurisdicción. Y también se trasladarán de manera específica, por ejemplo, a la magistrada Belkis Izquierdo, quien lidera la situación territorial en el Cauca, las recomendaciones específicas de ese territorio”, aseguró.

Un proceso colectivo

En la elaboración de este documento participaron 30 mujeres indígenas, 35 afros y 46 mestizas que asistieron a una serie de eventos organizados por la Ruta Pacífica, denominados “Las mujeres paz haremos aportando a la justicia restaurativa en Colombia”. Mujeres de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Eje Cafetero, Putumayo, Santander y Valle del Cauca reflexionaron sobre qué significaba la “justicia restaurativa” y luego pensaban en “medidas reparadoras”.

Fue una conversación más difícil de lo que parecía. “Cuando preguntábamos en los talleres ¿ustedes qué quisieran como reparación? Las mujeres no sabían, no decían nada. Eso responde a una deuda histórica y era que por primera vez les preguntaban qué querían. Al final salían ideas muy aterrizadas a sus territorios que demostraban esa lucha incansable por volver a construir desde la comunidad”, cuenta Laura Valderrama.

En el proceso tuvieron que reconocer que hay daños que son irreparables, pero ese reconocimiento, dice Valderrama, también resulta reivindicatorio. “Hay cosas que jamás van a volver al estado inicial. Yo jamás le voy a poder dar algo a una víctima de violencia sexual para que se sienta segura nuevamente. Una señora decía “yo quisiera que me devolvieran la olla en la que yo hacía mi arroz en mi finca, porque el arroz no me sabe igual desde entonces” y ahí uno ve que hay heridas emocionales tan grandes que no se pueden relatar ni entender en medida material”, recuerda.

Es por eso que la magistrada Jaramillo reconoce que ese trabajo de más de dos años es valioso. “Lo que hay de fondo en esto es una construcción colectiva, que se tejió con las mujeres de diferentes partes del país en donde ellas pensaron ‘¿cómo quiero ser reparada?’. Eso es muy potente, porque una cosa es pensarlo desde el escritorio, otra es lo que el compareciente crea que pueda reparar y otra cosa es partir de construcciones colectivas en lo que ellas solicitan como restauración”, señala.

El enfoque de género del Acuerdo, rezagado y desacelerado

Si bien las mujeres encuentran en la JEP una oportunidad para abordar la justicia restaurativa con enfoque de género, son múltiples los retrasos que se han denunciado en esa materia en la implementación de otros puntos del Acuerdo de Paz.

El más reciente informe de seguimiento a las 130 medidas contempladas en el Acuerdo para garantizar los derechos a las mujeres víctimas del conflictoconcluye que existe una tendencia al rezago y la desaceleración de dicha implementación.

Ese retraso, sumado al estancamiento en las metas propuestas por el país de cara a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), significa que “la paz para las mujeres y las niñas en Colombia se retrasaría más allá de lo pactado inicialmente y tardaría alrededor de 30 años en ser una realidad”. Por eso, la Ruta insiste en la necesidad de acelerar las dos agendas de manera paralela: el Acuerdo y los compromisos de los 17 ODS en materia de derechos y una vida digna y libre de violencias para mujeres y niñas en el país.

FUENTE: EL ESPECTADOR