La Unidad de Búsqueda y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas piden al Estado consolidar un registro de personas privadas de la libertad en el Paro Nacional, para delimitar con precisión el conteo de personas dadas por desaparecidas. Habrían 129 según la Fiscalía.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos se unieron, en un comunicado, para solicitarle al Estado garantías para la prevención y protección de las personas frente a la desaparición, en el contexto de Paro Nacional que ya va a cumplir un mes. Solicitan el urgente registro de las personas privadas de la libertad por la Policía Nacional.

En contexto: Paro Nacional: Entre capturas y muertes han trascurrido 26 días de movilizacioneshttps://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=elespectador&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VtYmVkX2NsaWNrYWJpbGl0eV8xMjEwMiI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1396861640965033986&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.elespectador.com%2Fjudicial%2Fnaciones-unidas-y-unidad-de-busqueda-piden-garantias-para-prevenir-la-desaparicion%2F&sessionId=63836154dcbd81c3c94c01b80270822bed1ab72d&siteScreenName=elespectador&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

“El Estado colombiano ha realizado importantes acciones para brindar respuesta a las alegaciones sobre desapariciones ocurridas en el marco de las protestas pacíficas, que comenzaron el pasado 28 de abril. No obstante, y en consideración al contexto actual, recomendamos que se refuercen las medidas adoptadas hasta ahora con el fin de consolidad un registro unificado de las privaciones de la libertad, que contribuya al universo de personas sobre las que se alega su desaparición”, explicaron.

Además, ambas instituciones solicitan que se inicie la búsqueda y localización de manera inmediata de las personas que habrían desaparecido durante las jornadas de protestas. De acuerdo con el último informe de la Fiscalía, a corte de hoy 24 de mayo, a través de un trabajo conjunto con la Defensoría han sido encontradas 290 personas desde el pasado 28 de abril, pero se mantiene mecanismo de búsqueda urgente por 129 casos.

Incluso, la Fiscalía tiene registro de una denuncia por desaparición forzada, que corresponde a un posible crimen contra una persona en Zaragoza (Antioquia), que data del pasado 4 de mayo. Asimismo, el ente investigador asegura que conoce de 17 muertes que están conectadas con el Paro Nacional, la mayoría de ellas en Cali -ocho casos-. “Adicionalmente, hay siete muertes en proceso de verificación”, agregó la Fiscalía.

Por su parte, la Unidad de Búsqueda, entidad creada tras los Acuerdos de Paz para buscar las personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, puso de presente que el deber del Estado es proteger a las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica. Por tanto, todo procedimiento que implique limitar el derecho a la libertad personal tiene una “naturaleza excepcional”.

“Los estándares internacionales establecen límites y criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a la limitación del derecho a la libertad personal en contextos de manifestaciones. Es esencial que el Estado garantice que las privaciones de libertad, cualesquiera que sean las formas jurídicas que revistan, se realicen con el estricto cumplimiento de los límites y garantías contenidas en las normas de derecho internacional”, agregaron las entidades.

Por ejemplo, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en una reciente observación general sobre el derecho de reunión pacífica, quedó claro que la prisión preventiva de personas, para evitar que participen en reuniones, puede constituir una privación arbitraria de la libertad. Y aún cuando el derecho interno en Colombia lo permita, solo se podría practicar en los casos más excepcionales, por un periodo no superior a los estrictamente necesario y cuando haya pruebas de una intención violenta por parte del ciudadano.

A pesar de que Colombia está adscrita a ese pacto, específicamente sobre el derecho a la reunión pacífica, los números que dejan las tres semanas y media de protestas hablan de un inexistente registro institucional en cuanto a detenciones. Mientras en su más reciente informe la Fiscalía solo habla de 49 medidas de aseguramiento contra personas que habrían incurrido en actos vandálicos, Temblores ONG tiene una estadística de 1.264 detenciones arbitrarias. La Campaña Defender la Libertad tiene una cifra de 1.645.

FUENTE: EL ESPECTADOR