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mayo 18, 2020

Internas trasladadas por el Inpec en plena pandemia, con sospecha de Covid-19


Cinco privadas de la libertad que en marzo fueron trasladadas desde la cárcel El Buen Pastor (Bogotá) hasta la penitenciaria de Ibagué, están aisladas y una de ellas presenta algunos síntomas de la enfermedad. Familiares y abogados piden que sean devueltas a la capital. El Inpec asegura que están “en muy buenas condiciones”.

bía emitido un boletín en el que anunciaba que no se harían cambios de penitenciarias. Luego, se declaró la emergencia penitenciaria y carcelaria que le dio potestad a esa institución para trasladar personas privadas de la libertad. Tras los desórdenes que se presentaron en varias cárceles del país el 21 de marzo pasado, los cuales en La Modelo terminaron con 23 personas asesinadas, el Inpec emitió la resolución 900953 del 23 de marzo de 2020, conocida por Colombia2020, en la que se asegura que “se recibieron actas de seguridad de diferentes establecimientos de reclusión del orden nacional solicitando el traslado de un grupo de privados de la libertad que generan especiales riesgos de seguridad y se identifican como líderes negativos”.

Esa versión es desmentida por Laura Jiménez, hermana de Lina, una de las detenidas: “eso no es cierto porque ellas se encontraban en el patio 7 del Buen Pastor, que es de alta seguridad, y a las 5 de la tarde (del 21 de marzo) todas estaban encerradas en las celdas”. Felipe Caballero, defensor de Méndez, explicó que “ellas llevaban mucho tiempo en El Buen Pastor y no se había presentado ningún problema, han tenido un comportamiento ejemplar. De un momento a otro se inventaron unas razones de seguridad para realizar el traslado alejándolas de las familias y de los abogados defensores”.

Caballero aseguró que si se confirma algún contagio el Estado podría tener que responder patrimonialmente por las afectaciones a la salud de las internas. “También puede haber una responsabilidad disciplinaria por parte de quienes autorizaron y ejecutaron ese traslado sin condiciones mínimas de seguridad, sino de una manera arbitraria, clandestina e irresponsable”, agregó el penalista.

Jiménez, Méndez y Rodríguez fueron señaladas por la Fiscalía de ser las responsables, junto con ocho personas más, del atentado contra el centro comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017 en Bogotá. Luego de que quedaran libres por vencimiento de términos, el ente volvió a pedir su captura asegurando que hacían parte del ELN. Están recluidas hace casi tres años a la espera de que empiecen los juicios por ambos procesos. Aseguran que son inocentes y que se trata de un montaje judicial.

Los defensores de ellas tres pidieron que fueran trasladadas de nuevo a Bogotá para acercarlas a sus familias y a los abogados. La solicitud fue negada por el Inpec asegurando que el hacinamiento en El Buen Pastor alcanza un hacinamiento del 71.7% y que Rodríguez, Méndez y Jiménez se encuentran “en muy buenas condiciones”.

Las internas, sus familiares y los defensores tienen una opinión diferente. En la carta citada anteriormente las privadas de la libertad aseguraron que “nuestros derechos a la salud mental y física, a la resocialización, al debido proceso, a la defensa material y, en general, a la vida se están viendo abiertamente vulnerados. La comunicación con nuestros abogados y familiares es limitada debido al encierro”. Caballero enfatizó que “las han tenido encerradas hasta por periodos de 24 horas en situaciones de tortura”. Por su parte, Laura contó que en el patio donde están no tienen acceso a agua, por lo que para usar los baños tienen que transportar el líquido en baldes. “La ropa la están lavando en el piso de las duchas”, relató. Buscamos al Inpec para obtener una respuesta a esos cuestionamientos, pero no fue posible que un vocero oficial hablara. De la oficina de prensa dijeron que “los traslados se hicieron por situaciones de seguridad”.

A pesar de la primera respuesta negativa, Caballero anunció que seguirán interponiendo acciones jurídicas buscando que Rodríguez, Méndez y Jiménez sean trasladadas a una penitenciaría de Bogotá para quedar estar cerca de sus familiares. Le siguen pidiendo al Inpec que tome acciones para evitar la propagación de la Covid-19, esperan que las pruebas salgan negativas y aseguran que de presentarse algún contagio será responsabilidad de esa institución.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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