Quienes se han manifestado en defensa de lo pactado en La Habana aseguran que sus reclamos han quedado excluidos del diálogo propuesto por el Gobierno, porque expresa una visión de paz distinta a la estipulada en el Acuerdo.

La implementación del Acuerdo de Paz también es una exigencia del paro nacional. Aunque con el pasar de los días, a la movilización convocada por las centrales obreras se han sumado más sectores y las reivindicaciones han sido de muy diversa índole, recogidas todas en un descontento frente al Gobierno del presidente Iván Duque, lo pactado en La Habana ha tenido un lugar central en las manifestaciones. No en vano una de las razones de la indignación que se toma las calles fue el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en área rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el que, como se conoció a principios de este mes, murieron al menos ocho menores de edad.

El domingo por la noche, el presidente Duque anunció la apertura de lo que llamó la Conversación Nacional, como respuesta a los reclamos del paro, que completaba cuatro días para entonces. Entre los puntos de la agenda propuesta por el primer mandatario aparecía el de su política de paz con legalidad. Sin embargo, para los sectores que se han movilizado en defensa del Acuerdo de Paz durante esta jornada, entre quienes se encuentran parlamentarios, organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos, es equivocado que el primer mandatario plantee la conversación sobre paz alrededor de esa política y no de lo pactado en La Habana, que es distinto, aseguran. Además de que rechazan en su forma y en su efectividad la conversación propuesta.PUBLICIDAD 

“El presidente habló de su política de paz con legalidad, que es una política en la que no se menciona claramente el Acuerdo de Paz, como si el Acuerdo no estuviera en el orden constitucional”. Además, según el senador Iván Cepeda, integrante del movimiento Defendamos la Paz, el Gobierno ha sido claro en decir que la paz no es una política de Estado sino de cada Gobierno, a la cual cada administración le da la forma que a bien considere.

Para el congresista, además de la presunción de ilegalidad del Acuerdo que se desprende de hablar de paz con legalidad y no del Acuerdo de Paz, hay por lo menos otros dos problemas al plantear la conversación en esos términos. Por un lado, si el Acuerdo no corresponde a la legalidad, habría que modificarlo. “Un asunto que habría que abordar en un diálogo de esta naturaleza es, por supuesto, si el Gobierno, o el partido de Gobierno, va a seguir intentando modificar el Acuerdo de paz”. Y por otro lado, que la paz con legalidad “responde a una idea absolutamente reductiva de la implementación del Acuerdo, en la que simplemente el Gobierno estaría obligado a responder con la reincorporación de los excombatientes y a impulsar los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), para que con eso el Gobierno dé por concluida su responsabilidad en la implementación”, enfatizó Cepeda.

En ello coincide Franklin Castañeda, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización que también ha participado de la convocatoria del paro y ha estado pendiente de las capturas de protestantes. Para él, la política de Gobierno “desconoce buena parte de lo pactado en La Habana”. En ese sentido, Castañeda considera que está ausente de la conversación uno de los puntos del Acuerdo por el que los movimientos de derechos humanos están apoyando el paro: justamente, las garantías a líderes y defensores de derechos humanos.

En concreto, asegura que uno de los pilares en las garantías a los derechos humanos es el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Según él, ese es un punto que ni siquiera se ha discutido con el Gobierno en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, órgano creado también por el Acuerdo de Paz. De hecho, ese mismo órgano tampoco se ha implementado como estaba pactado. Durante el gobierno Duque esa comisión, donde tienen asiento las plataformas de derechos humanos de la sociedad civil, solo se ha reunido dos veces en 15 meses, cuando debería hacerlo una vez al mes.

Asimismo ha quedado por fuera de la discusión la política de seguridad, a la que también se han opuesto desde las organizaciones sociales. “El Acuerdo parte del criterio de construir una política de seguridad humana, en la que el Estado se organiza para garantizar derechos, pero la política de seguridad de este Gobierno parte del control territorial a través de militarización”.

Los efectos de ese tipo de intervención del Estado los han sentido bien en el norte del Cauca, donde en los últimos meses han elevado un grito por la paz en su territorio. Clemencia Carabalí, lideresa de las mujeres negras de esa zona del país, reafirma que su movilización, que en realidad empezó meses atrás, tiene en la base la implementación del Acuerdo. “La gente se ha movilizado por varias razones que sentimos vulneran los derechos de la población, no solo por la reforma laboral que proyecta el Gobierno, o la educación, o la salud, sino también por la falta de implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente en los territorios, que es donde con mayor fuerza se sigue profundizando la violación de los derechos humanos y étnico-territoriales. Sin duda alguna, las comunidades negras e indígenas que nos movilizamos en zonas como el norte del Cauca, el Pacífico y otras regiones rurales lo hemos hecho también exigiendo la efectiva implementación de esos Acuerdos de Paz. Gran parte de la situación que estamos viviendo en el territorio se debe a que no ha habido avances significativos en ella”.

Para Carabalí, pese a exigir una implementación integral del Acuerdo, es imprescindible avanzar por lo menos en tres puntos. “Para nosotros es fundamental avanzar en la sustitución de cultivos (de uso ilícito), toda vez que en la zona es el combustible para seguir alimentando las amenazas a líderes sociales y a las comunidades, en temas de desplazamiento y asesinatos”.
Un segundo punto vendría a ser la implementación del PDET en el norte del Cauca, en el que, señala Carabalí, particularmente las mujeres hicieron un esfuerzo por concretarlo, por considerar que es un paso hacia el cierre de las brechas. Por último, reclaman implementar el capítulo étnico del Acuerdo, que es “la salvaguarda para garantizar el goce de los derechos de la población étnica, que sigue crudo”, sentencia Carabalí.

“La ruralidad ya se ha venido movilizando”

Si bien esta jornada de movilizaciones que ya completa seis días ha tenido mayor impacto en las ciudades principales del país, la agenda rural ya había venido movilizándose. “Que el éxito del paro sea en las ciudades no quiere decir que la agenda rural no esté tenida en cuenta, lo que hay que recordar esa agenda ha venido movilizándose en las semanas e incluso meses anteriores, recordemos el Cauca, por ejemplo”, asegura Franklin Castañeda, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, plataforma de derechos humanos que ha participado de la convocatoria del paro. 

Esa agenda, dice Castañeda, es la de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la de la sustitución de cultivos de uso ilícito, la de la restitución de tierras, entre otros puntos estipulados en el Acuerdo. Ello puede significar, para él, que la movilización puede adquirir aún mayores dimensiones, al quedar por fuera del diálogo estas reivindicaciones de las regiones. 

FUENTE: EL ESPECTADOR