Antes de la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en Cartagena para establecer protección a dos cementerios y dos fincas en San Onofre, organizaciones de víctimas revelan otros sitios donde puede haber enterramientos o cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Este martes, antes de la audiencia para establecer medidas de protección sobre los cementerios de San Onofre y el corregimiento de Rincón del Mar, y sobre las fincas El Palmar y La Alemania, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP), revelaron que en el departamento de Sucre, aparte de esos cuatro sitios, existen 16 cementerios más y tres fincas en las que presuntamente hay 229 cuerpos que corresponden a personas dadas por desaparecidas.

Este hallazgo lo presentan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de dar la protección a los sitios, mediante un informe que recoge casos de desaparición forzada en Sucre entre 1988 y 2008 y que profundiza en los sitios en los que podrían haber cuerpos de Personas No Identificadas o Personas Identificadas No Reclamadas. Lo hacen durante el acto simbólico para recordar a los desaparecidos de Sucre. Ya se hicieron audiencias sobre los casos de la Comuna 13 de Medellín y sobre Hidroituango. Ahora, continúa la tarea con los sitios en Sucre. Por esta razón la JEP llamó a varias instituciones y a las víctimas a una audiencia pública el 20 y 21 de noviembre de 2019, mediante el Auto AT-058 de 2019, que se realizará en Cartagena. La historia de por qué se realizó esa inspección se remonta a agosto de 2018, cuando el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hizo una solicitud a la JEP en la que pedían proteger 16 sitios en los que se presume que hay cuerpos inhumados de personas no identificadas o desaparecidas, de acuerdo con lo que han revelado sus investigaciones.

En los 18 cementerios que analizaron (San Onofre y Rincón del Mar y 16 más), dicen las organizaciones, tienen cuatro tipos de riesgos : “la no marcación adecuada de tumbas y osarios; personal insuficiente para la seguridad y el cumplimiento de protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLF) (personal de seguridad, sepultero, entre otros); desarrollo de exhumaciones sin protocolo; y la presencia de exhumaciones ilegales por parte de particulares”.

Los cementerios en mayor riesgo

Las organizaciones fueron enfáticas en su informe en decir que se debe prestar especial atención a los cementerios de Sincelejo, Ovejas y San Luis de Sincé. 

“En el caso del cementerio central de Sincelejo, se documenta que existen varias bóvedas abiertas y la mayoría se encuentran en precarias condiciones, especialmente las de las Personas No Identificadas (PNI). De igual forma, la comunidad ha advertido que en algunas ocasiones aparecieron cuerpos que fueron abandonados en la madrugada en la entrada del cementerio para que fueran inhumadas; y en otras oportunidades las tumbas fueron profanadas a tal punto de ser incineradas. Sumado a esta situación, no existe ningún registro adecuado de inhumaciones y exhumaciones por parte de la administración del cementerio y la alcaldía como se ordena por la Ley 1408 de 2010, conocida como Ley de Homenaje a las víctimas”, señalan. 

De la misma manera, se tiene registro de que en el cementerio de Ovejas (región de los Montes de María) fueron sepultadas 26 de las 28 víctimas de la masacre de Chengue,  perpetrada por los paramilitares el 17 de febrero de 2001. “Con respecto a la inhumación de Personas No Identificadas, se tiene registro de 5 tumbas destinadas para ello, aunque se reporta que se encuentran en tumbas bajo tierra sobre las que se han construido bóvedas, todas con posible fecha del 2001”, explican las organizaciones. Además, no existen registros ni protocolos de inhumaciones y otros procesos forenses dentro del camposanto. Esto, dicen las víctimas, deja dudas sobre si existen más cuerpos no identificados e inhumados en el cementerio de Ovejas, “y que estos tengan relación directa con la violencia vivida en la región”. 

Las fincas que fueron centro de operaciones para la desaparición

Ya se conocía que fincas como El Palmar, en San Onofre, habían sido utilizadas por paramilitares para hacer negocios con políticos y empresarios (en Sucre 35 políticos han sido condenadas por estar aliados con el paramilitarismo). El Palmar también fue centro de tortura y desaparición, han denunciado las víctimas desde hace años. “En algunos casos las víctimas eran fusiladas en el Árbol de Caucho y sus cuerpos eran enterrados allí, en otros terrenos de la finca, o lanzados al mar; incluso, en el árbol aún se pueden ver los impactos de las balas producto de las ejecuciones. De esta manera, la cifra de las personas desaparecidas en El Palmar asciende a las dos mil víctimas”, precisa el informe.

Sin embargo, poco se sabía de otros sitios, como las fincas la Libanesa (El Oriente), Nuevo Mundo (La 70) y Potosí. Según testimonios de pobladores, estos lugares estuvieron bajo el control paramilitarismo, que, en el caso claro de Nuevo Mundo, victimizó a sus propietarios originales.

Se presume que en estos lugares hay enterramientos con cuerpos de personas desaparecidas. Los riesgos que existen son, por ejemplo, el aprovechamiento del suelo para actividades productivas relacionadas con la cría de peces, en el caso La Libanesa. Así como la posibilidad de intervención del suelo que puede hacer quien sea propietario de estos lugares: excavaciones, inundaciones o remoción de los cuerpos.

Las peticiones de las víctimas

En el mismo informe, las víctimas de Sucre le piden a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de la protección de los sitios, la apertura del macrocaso sobre desaparición forzada. Además, hacen la petición a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de instalar mesas de trabajo regionales para construir planes locales de búsqueda. Finalmente, las organizaciones solicitan que sobre15 fincas que fueron Identificadas como “teatros de operaciones paramilitares”, no necesariamente donde hay cuerpos de personas desaparecidas, “sean declaradas sitios de memoria e historia, y se realice un plan de intervención sobre ellas, el cual contemple mecanismos colectivos para decidir las formas simbólicas, culturales y artísticas de intervención sobre las mismas”.

FUENTE: EL ESPECTADOR