Este jueves se realiza en la Comisión primera del Senado la audiencia pública sobre el proyecto de ley del Centro Democrático que busca modificar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011). Este proyecto, liderado por la senadora María Fernanda Cabal, ha desatado una serie de críticas desde distintos sectores políticos, sociales y académicos. En la audiencia, un nuevo cuestionamiento lo elevó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.La radicación de ese proyecto en el Congreso el pasado 5 de septiembre, suscitó un amplio debate en cuanto a lo que algunos han considerado vacíos de la 1448 y las dificultades en su implementación, a tres años de que caduque su período de vigencia en 2021. En el centro de la controversia ha estado la preocupación manifestada por Cabal desde tiempo atrás, sobre los llamados segundos ocupantes o tenedores de buena fe, es decir, quienes adquirieron los predios después de que sus antiguos propietarios fueron despojados.

Es precisamente este tema uno de los cuales Codhes utiliza para considerar el proyecto de ley como “regresivo en relación con el reconocimiento y la garantía del derecho a las víctimas de despojo y abandono forzado con ocasión del conflicto armado”.  Según esta entidad, si bien la Corte Constitucional en 2016 instó al Congreso a proteger a los segundos ocupantes en medio del proceso, ello no implica que el procedimiento y el alcance de la restitución deban ser modificados.

“Es urgente diseñar la política para la protección de los derechos de los segundos ocupantes, sin que esta limite el derecho de las víctimas a la reparación integral en la que la restitución es parte fundamental”, señala Codhes en el escrito de su intervención en la audiencia.

Otro de los argumentos de esta entidad consiste en que el proyecto legaliza el despojo que se realizó vía venta forzada. Esto implica que dependiendo la estrategia utilizada en el hecho del despojo, los alcances en el derecho a la restitución serían diferentes. El proyecto señala, además, que la venta forzada no se da con ocasión del conflicto armado sino en el marco de violencia generalizada.

Entre otros argumentos, Codhes señala también que la reforma propuesta por Cabal ralentiza el proceso de restitución de tierras. Ello debido a que el proyecto establece que los jueces de restitución deben esclarecer en su totalidad los hechos del despojo, las estrategias y los mecanismos, y hasta tanto no podrían proferir una sentencia.

FUENTE: EL ESPECTADOR