La preocupante situación de los líderes sociales en el país, 311 de los cuales fueron asesinados entre enero y junio de este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo, llevó al presidente Santos a convocar una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para evaluar las acciones que está tomando el Estado para evitar que estos crímenes sigan ocurriendo.

Ocho puntos hacen parte del plan anunciado por el presidente luego de la reunión, en la que participaron, entre otros, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el procurador, Fernando Carrillo, los altos mandos militares y de Policía, y el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Entre ellos, la protección colectiva de comunidades amenazadas, la adopción de un plan urgente para las zonas más afectadas y la organización de un sistema de recompensas por información son las más importantes.

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Según el presidente, aunque hoy en día ya hay unos 5.000 líderes sociales que cuentan con esquemas de seguridad, “la protección individual no es suficiente”, por lo cual se viene avanzando en sistemas de protección integral a comunidades en sus territorios.

Ya se ha puesto en marcha un programa piloto, que opera en cuatro municipios, San José de Ure, Guapi, Tumaco y El Tarra, que, según lo acordado hoy, se extenderá a 10 municipios.

También se fortalecerá la respuesta a las alertas que emite la Defensoría del Pueblo y se organizará un sistema de recompensas por información para identificar a los responsables de atentados contra líderes sociales y de derechos humanos, en especial a los autores intelectuales de esos crímenes.

Así mismo, se llevará a cabo un plan urgente de intervención en las zonas más afectadas por estos hechos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

“No vamos a permitir que esos avances que ya vemos por la construcción de la paz, se vean amenazados por la acción criminal de bandas organizadas que pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia, que los colombianos hemos decidido dejar atrás”, manifestó el mandatario, quien recordó que gracias a la firma del acuerdo con las Farc se ha reducido el número de homicidios en el país.

“Garantizar la vida de los líderes seguirá siendo una prioridad hasta el último día de mi gobierno y aspiro que sea una prioridad para el gobierno entrante. Esta política tiene que mantenerse por el bien de todos los colombianos”, agregó.

La crítica situación de los líderes sociales

Los crimenes contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos volvieron a llamar la atención del país la semana pasada, luego de que fueron asesinados cuatro líderes en tres días, en regiones diferentes del país, Chocó, Atlántico y Cauca. Las cifras de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, aunque difieren, coinciden en que el problema, a pesar de que viene de mucho tiempo atrás, se agravó luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Organizaciones sociales y entidades como las Naciones Unidas han pedido adoptar medidas urgentes para enfrentar este fenómeno, ante lo cual el Gobierno promovió la firma de un pacto nacional por la vida de los líderes sociales, encabezado por los presidentes entrante y saliente.

FUENTE: SEMANA