En esa región de Norte de Santander se han presentado ocho accidentes con esos artefactos y con municiones sin explotar durante el 2018. Desde que estalló la guerra entre el Eln y el Epl las comunidades han denunciado la utilización de esas armas. Autoridades locales le piden al Gobierno actuar para prevenir más tragedias.
Said Carrascal, campesino catatumbero, estaba trabajando el pasado domingo cuando pisó una mina antipersona instalada en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de San Calixto. Carrascal fue trasladado hacia el puesto de salud del corregimiento de San Pablo, en Teorama. Las heridas le hicieron perder el pie derecho. El caso de Carrascal es uno entre los ocho que han ocurrido en la región. La preocupación es que según las autoridades y los pobladores del Catatumbo, los accidentes por minas pueden seguir ocurriendo.
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Desde que empezó la guerra entre el Eln y el Epl, el 14 de marzo, la instalación de minas en esa región del departamento de Norte de Santander se disparó. Según personas en la región la guerrilla que más mina es el Eln. Los municipios más afectados con esa práctica serían San Calixto, Hacarí, Teorama, El Tarra y Convención, donde la confrontación armada tiene más intensidad.
“El 70% de las veredas de San Calixto están minadas”, advierte José Luis Franco, personero de ese municipio. Desde 1990 han sido 66 las víctimas de esos artefactos en dicho municipio, según cifras de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas (Descontamina Colombia), entidad adscrita a la Presidencia. El miedo es que los pobladores de la zona saben que desde que estalló la guerra entre el Eln y el Epl la primera guerrilla ha optado por instalar esos artefactos en varios sectores.
“Anteriormente no se veía nada de eso. Ahora se está viendo bastantes minas”, cuenta Franco. En el 2017, San Calixto no se presentaron casos de víctimas de esos artefactos explosivos, situación que contrasta con lo que se ha vivido en lo corrido del 2018: dos personas han caído en minas.
Los artefactos explosivos han sido instalados en caminos vecinales y en espacios donde los campesinos trabajan, lo que multiplica los riesgos. Según Franco los sectores más afectados son la zona norte, la zona sur y la zona noroccidental del municipio. El control del Eln sobre el área rural de San Calixto es casi absoluto.
La instalación de minas en el territorio afecta también el retorno de las comunidades que se han desplazado. En el Catatumbo desde el 14 de marzo han salido de sus hogares huyendo de la guerra más de 9.000 personas. “La presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, continúan generando riesgo para el retorno y movilidad de las comunidades en zonas rurales”, se afirma en un reporte emitido por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).
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Otro municipio en estado de alerta es Teorama. El 11 de mayo Javinson Iván Mora, de ocho años, encontró un artefacto que le llamó la atención y se lo llevó a su casa, ubicada en zona rural de ese municipio. Al poco tiempo de estar en la vivienda el niño accionó lo que resultó ser una granada. Javinson murió en el acto y Juan Carlos Jácome, trabajador de la finca, quedó herido.
Aunque Javinson fue víctima de una munición sin explotar, en el municipio las alarmas están prendidas por la posible presencia de minas antipersona. “Tenemos preocupación porque es muy posible que en la zona rural haya mucha contaminación de estos artefactos”, enfatiza Ever Pallares, personero de Teorama. Los puntos que más preocupan al funcionario son los corregimientos San Pablo, El Aserrío, La Cecilia y San Francisco. El control territorial de las zonas rurales de ese municipio lo ejerce el Eln.
Otros municipios del Catatumbo que han reportado víctimas de minas en el 2018 son Hacarí (2), Tibú (1) y El Carmen (1). Además, según Ochaunos 4.000 indígenas barí que habitan en cinco municipios del Catatumbo estarían confinados por los combates y el temor a que sus territorios estén contaminados con la presencia de artefactos explosivos.
La respuesta del Estado
Franco le pide al Gobierno que se adelanten jornadas de desminado. Aclara que en caso de tomarse esa decisión no se podría hacer por medio del Ejército porque advierte que “si entra la fuerza pública se alteraría el orden público”. Sin embargo, Descontamina Colombia asegura que no se podrían adelantar desminados humanitarios debido a que uno de los requisitos para hacerlos es que se den garantías de no repetición. “Nadie puede garantizar que al otro día de quitar una mina no van a poner otra”, responden.
Ocha había advertido de la necesidad de activar “planes de Educación en el Riesgo de Minas”. Descontamina Colombia asegura que las capacitaciones se han hecho y que se van a seguir adelantando. “Estamos muy pendientes de que no vuelvan a repetirse y que haya mucha educación para que la gente no tenga accidentes”, enfatizan. Sin embargo, reconocen que no hay un plan de contingencia para el Catatumbo desde la activación de la guerra entre el Eln y el Epl.
Por su parte, los personeros afirman que las capacitaciones han sido muy pocas. “Se deben hacer talleres en la escuelas, en los colegios y a los campesinos sobre este tema”, afirma Franco.
Mientras eso pasa, la guerra sigue activa en el Catatumbo. Casi diariamente se conocen noticias de personas asesinadas, los combates no se detienen y los desplazados siguen lejos de su hogar. Los habitantes de esa región del país tienen la idea de que cuando el Epl levantó el paro armado, el pasado 30 de abril, se dejó de hablar en la opinión pública de la confrontación armada que día a día suma más víctimas y dolores.
FUENTE: EL ESPECTADOR
