El pasado 23 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció desde París que tras su encuentro con su homólogo Emanuel Macron, el Gobierno francés asumió el compromiso de entregar aportes financieros a Colombia -en calidad de donación- para apoyar parte de la reforma agraria en nuestro país, como respaldo a la política de Paz liderada por el Gobierno del Cambio.

Constituye un anuncio muy importante y no es la primera vez que Francia apoya la paz en Colombia: por ejemplo, a través del Fondo Colombia en Paz, la Agencia Francesa para el Desarrollo AFD financia proyectos productivos en Montes de Maria y Catatumbo.

Abrir la posibilidad a que Francia, bien sea a través de la AFD o de otro instrumento de financiamiento, aporte en este momento a la Reforma Agraria en Colombia tiene un efecto catalizador importante para la consolidación de la paz.

Primero, por el momento en que llega el anuncio: el Gobierno de Gustavo Petro logró sacar adelante la jurisdicción agraria -que había sido derrotada en el Congreso en junio de 2021- y la actual ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, ya anunció su reglamentación a partir del próximo 20 de julio.

De este modo, se avanza significativamente en la implementación del Acuerdo Final brindando un marco jurisdiccional a las problemáticas derivadas de la violación a derechos sobre la propiedad de la tierra en el marco del conflicto armado.

La segunda razón es que ayuda a resolver un problema fundamental para el desarrollo país. De acuerdo con el último censo agrario disponible en Colombia, la concentración de la propiedad de la tierra es considerable: el 1 % de la población posee el 81 % de la tierra disponible. Y cuando se observa con detenimiento la estructura de la propiedad, los predios grandes (de más de 500 hectáreas) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 ¡pasaron a ocupar 47 millones!

Esto parece venir aparejado con el conflicto: de acuerdo con el Informe General de Memoria Histórica (¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad) se estima que entre 8 y 10 millones de Ha fueron abandonadas y despojadas en ejercicio de la violencia.

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 incluyó en su primer punto el compromiso de ejecutar una Reforma Rural Integral; y adoptar tres medidas importantes para organizar la restitución y redistribución de la propiedad de la tierra: poner en función del Acuerdo el Fondo de Tierras, hacer el catastro multipropósito y poner en marcha la jurisdicción agraria.

Para el primero, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’ dispuso una meta de 2.9 millones de Ha para distribuir a través de dicho instrumento; el segundo, también por mandato del Plan de Desarrollo, recibirá recursos de $2 billones de pesos -a través del Fondo Colombia en Paz- para levantar las diferentes capas de registros de información que le dan el enfoque multipropósito al catastro en Colombia; y, el tercero, repetimos, ya se tramitó en el legislativo y se reglamentará este año.

Así, tres componentes fundamentales de la reforma rural integral, que sufrieron un considerable estancamiento en el último cuatrienio, quedan en marcha durante este Gobierno.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, estima que los costos de la redistribución de los 2.9 millones de Ha pueden alcanzar unos $1.200 millones de dólares. Pero que el aprovechamiento potencial en producción de alimentos y de aporte al crecimiento económico parta el país de lejos supera ese costo.

Aún así, el acceso a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo agropecuario y productivo del país: otros elementos como la infraestructura rural terciaria y el desarrollo de distritos de riego, también contemplados en el Acuerdo Final, son fundamentales para que la actividad productiva sea una alternativa viable para el campesinado colombiano.

Allí, el Gobierno Nacional ya puso el ojo y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) a través del Fondo Colombia en Paz tiene como meta este año comprometer recursos para el desarrollo de más de 160 proyectos de infraestructura rural y terciaria enfocada en los territorios priorizados por el acuerdo.

Todas las actividades descritas, lideradas por Gustavo Petro, sientan las bases para que la Comunidad Internacional encuentre un entorno donde sus aportes tengan impacto, no sólo en la consolidación de la Paz, sino en el despegue que necesita el desarrollo económico y la vocación productiva del país.

Hace algunos meses, algún analista de un medio de prensa internacional calificó de ‘caótica’ la política de Paz del actual Gobierno de Colombia. La agenda internacional del presidente Gustavo Petro, sumada a la iniciativa que ha tenido para dar cumplimiento al Acuerdo Final, sugieren otra cosa

FUENTE: EL ESPECTADOR