De esos procesos, 91 están en indagación preliminar y 38 en juicio. Fiscal asegura que todos los casos en Bogotá han sido resueltos, pero la realidad es otra.

Nidia Romero vive desde hace tres años la anormal cotidianidad de no escuchar la voz de su hija, de no verla ni de aconsejarla. Desde marzo de 2020, el feminicidio de Ana María Castro Romero le consume en lágrimas, impotencia y una cruzada ante la Fiscalía para buscar justicia y esclarecer su muerte.

Sus esfuerzos se vieron retribuidos en marzo de 2022, cuando la juez 42 penal de Bogotá condenó a Paul Naranjo y Julián Ortegón a 41 años de prisión por el asesinato.

La sentencia del caso de Ana María entró en la cifra de 147 procesos por feminicidio que se presentaron ese año 2020 en el país y que terminó en una condena, en contraste con los 184 que siguen en indagación preliminar y los 180 que están en etapa de juicio.

Los años, sin embargo, transcurren y la violencia feminicida no cesa. Cada día se presenta un caso más aterrador que el anterior y con el alto número de casos, seguirle la pista a cada uno es una tarea compleja, sobre todo para los fiscales, encargados de llevarlos ante la justicia y buscar verdad y reparación.

Este 2023 no es la excepción. Según la fundación Feminicidios Colombia, a corte del 14 de mayo se presentaron 115 feminicidios consumados, según su criterio jurídico; y, según la Red Jurídica Antimilitarista, la cifra es de 133 casos, de los cuales ocho se registraron en Medellín. Entre tanto, los datos de la Fiscalía señalan que hasta mayo se han abierto 182 procesos por ese delito.

Hoy, Nidia afirma que el trabajo de la Fiscalía en el caso de su hija fue “una total inoperancia, porque si no hubiera actuado como lo hice, no se hubiera logrado una condena”, pues afirma que muchos documentos cruciales para el desarrollo del caso los aportó ella. “Esa inhabilidad me parece terrible y uno se siente bendecido por la condena, pero no actuaron como debieron”.

Una afirmación arriesgada

Los casos de Valentina Trespalacios y de Erika Aponte hacen parte de ese conteo infame de asesinatos de mujeres y, hasta ahora, fueron los más mediáticos. El caso de Erika puso a las autoridades de Bogotá a dar explicaciones y a revisar sus protocolos, pues cuando fue asesinada por su expareja sentimental y padre de su hijo, contaba con una medida de protección otorgada por una comisaría de familia, que de nada sirvió para protegerla.

Y precisamente por la ola de críticas a la atención de mujeres en condición de vulnerabilidad ante las instituciones, el fiscal general, Francisco Barbosa, inició un recorrido por las unidades de reacción inmediata (URI) de las principales ciudades, comenzando por la capital Bogotá.

Allí afirmó, como se lee en un boletín de prensa enviado por la Fiscalía, que en esa ciudad “gracias a la articulación de capacidades con otras entidades se ha resuelto el 100% de los feminicidios sucedidos en 2023” y que “se ha logrado la captura y judicialización de los responsables de los 12 casos conocidos”.

No obstante, un análisis a los datos de la Fiscalía General muestran que esa afirmación es –al menos– inexacta. EL COLOMBIANO revisó sus cifras y encontró que en Bogotá no se han presentado 12, sino 37 casos de feminicidios en este año, de los cuales ninguno ha tenido una sentencia (lo que supondría que es una resolución de los casos), el 56% está en indagación, el 21% en investigación y el 18% en juicio.

Mientras tanto, en Antioquia, hay 16 procesos por este delito. Uno terminó en condena y la mayoría (32%) está en indagación y en investigación (50%). A nivel nacional, el ente acusador investiga 182 casos, de los cuales la mitad (91) está en indagación, 50 en investigación y 38 en juicio.

Para Yudy Martín, experta en género y quien trabajó con familias víctimas de feminicidios, “existe un subregistro de casos que, cuando llegan a la Fiscalía no se tipifica de esa manera” y advierte que “es muy arriesgado decir que los feminicidios se han resuelto porque no es que solo haya una imputación, sino que en últimas haya condenas”.

Por su parte, la abogada y socióloga Yohana Yepes criticó que “no tenemos suficientes jueces ni fiscales y los que hay, muchos no tienen formación en enfoque de género, entonces vemos a los fiscales débiles en cosas como la presentación de la teoría del caso”.

Sin ir más lejos, la resolución de los casos de feminicidios, según las expertas consultadas, va más allá de las sentencias y debe pasar por una reparación psicosocial y por tener una justicia restaurativa que atienda a la familia de la víctima. Y, claro, más allá de afirmaciones que buscan aplausos y que contradice los hechos y los datos.

FUENTE: EL COLOMBIANO